El viernes 4 de julio, el presidente Ollanta Humala, acompañado del gabinete de ministros, promulgó el Plan Nacional de Derechos Humanos  2014 – 2016 (PNDDHH).

El viernes 4 de julio, el presidente Ollanta Humala, acompañado del gabinete de ministros, promulgó el Plan Nacional de Derechos Humanos  2014 – 2016 (PNDDHH). El plan, de más de 140 páginas, constituye una herramienta fundamental que determina los lineamientos a seguir en materia de derechos humanos como eje transversal en los diversos sectores de desarrollo del país. No se trata, o no debería tratarse, de un documento elaborado únicamente desde el Ministerio de Justicia, sino de un material que comprenda la participación de los actores de diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones, especialistas, etc. El objetivo, sin embargo, no ha sido del todo cumplido.

No es el primer plan de derechos humanos. El anterior, con vigencia desde el año 2005 hasta el 2011, constituyó también una herramienta importante; sin embargo, diversos analistas coinciden en señalar que si bien se trató de un primer paso necesario, el cumplimiento de lo ahí planteado fue mínimo. En noviembre del año 2012, se elaboró la segunda versión del PNDDHH, luego de un proceso largo de audiencias, consultas y reuniones temáticas con especialistas, organizaciones sociales, civiles y el ministerio de justicia. Dos años después y luego de las consultas respectivas, se promulgó y se hizo de conocimiento público como el instrumento rector en la materia. Sin embargo, como bien ha señalado mediante un pronunciamiento la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), no se ha recogido de manera fiel los aportes de la participación de los sectores antes mencionados. Del mismo modo, no se cumple con la intención de elaborar un marco legal que pudiera definir el camino de cumplimiento de múltiples derechos que aún son postergados.

No obstante, más allá de la exclusión de varias voces en la elaboración del plan, hay otros vacíos que preocupan. Es más, como ha señalado la CNDDHH, el nuevo plan significa un retroceso respecto del anterior, el cual, pese a no ser ideal, tenía una perspectiva más inclusiva y de reconocimiento de los derechos humanos. Los vacíos son elocuentes. Por un lado, se nota una política de invisibilización sistemática de ciertos grupos vulnerables. Tal es el caso de la comunidad LGTBI (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) quienes han reclamado con énfasis en las últimas semanas que si bien fueron incluidos en una primera versión del plan, ahora han sido vergonzosamente retirados del documento.

Otro grupo vulnerable sobre el cual no se dice nada es el de trabajadoras del hogar, sistemáticamente violentadas por el mismo Estado que se niega a ratificar al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, asimismo se desconoce la promoción de los derechos sindicales, lo cual ratifica la política gubernamental explicitada desde la promulgación de la Ley Servir, en contra de la cual se han manifestado reiteradas veces los trabajadores. Por otro lado, también se encuentra silencio respecto de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni se respeta lo avanzado en otros marcos legales que tienen que ver con la institucionalización de los pueblos indígenas.

Si bien en el primer plan había un conjunto de actividades importante, no se lograban articular en una política coherente e integral. Además, no se contaba con institucionalidad adecuada para su seguimiento ni, como ahora, se contaba con el presupuesto necesario para su cumplimiento. En el mismo sentido, otra de las grandes deficiencias del PNDDHH es no establecer objetivos que puedan ser cuantificados, ni indicadores de éxito para lo planteado. Por ello, lamentablemente, todo indica que se trata de un documento bien intencionado, pero sin ninguna consecuencia concreta.

No obstante, lo más importante de resaltar respecto del plan no se encuentra únicamente en los vacíos que son, finalmente, una consecuencia de la ideología y visión de desarrollo sobre la cual se elabora este documento. A lo largo del documento se evidencia una subordinación de los derechos humanos respecto de un enfoque económico. Nuevamente, como señala la CNDDHH, la persona humana no se encuentra como prioridad, sino subordinada al crecimiento y “progreso económico” y de la libertad de empresa. Este es, tal vez, el mayor riesgo en un documento como el analizado. Mientras los derechos no sean protagonistas, sino secundarios en una agenda de desarrollo, no se puede hablar ni de democracia ni de bienestar para todos y todas. La invisibilización de grupos vulnerables y la falta de objetivos cuantificables determinados, son la consecuencia de esta ideología que, en buena cuenta, se conforma con la publicación de una herramienta que, en la práctica, no traerá mayor beneficio que el de tinta sobre papel. En suma, se trata de un plan decorativo.