Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú el 23 de marzo en reemplazo de Pedro Pablo Kuckzynski, quien a pesar de haber sido elegido en las urnas para gobernar entre 2016 y 2021 tuvo que dimitir bajo la presión de una mayoría parlamentaria que se disponía a desplazarlo de su cargo. La salida de Kuckzynski por la puerta de atrás del palacio de gobierno, sin haber podido explicar claramente sus vínculos con la empresa Odebrecht mientras desempeño altas responsabilidades en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), representa la segunda ocasión, en menos de dos décadas, en que se produce una sucesión presidencial, ya sea por una vacancia del Congreso por incapacidad moral al ocupante del poder ejecutivo, como fuera la de Alberto Fujimori luego de permanecer por diez años en la presidencia (1990-2000), o por una renuncia, como en el caso actual, que registró una breve permanencia de apenas 20 meses al frente del gobierno nacional.

A diferencia de la convulsionada sucesión de finales del año 2000, tras la fuga de Fujimori de Perú, Vizcarra recibe la presidencia en un proceso sucesorio menos traumático, con una situación social que en la superficie parece ser menos aguda y con una estabilidad macroeconómica de mayor fortaleza relativa. El contexto más amable que afronta el poder ejecutivo en esta segunda sucesión contiene en sus profundidades elementos y condicionantes estructurales de una larga continuidad neoliberal que viene girando en torno al mercado y la desregulación como epicentro de gravedad de la dinámica nacional, a expensas del Estado, la política y la sociedad. ¿Cómo sigue ahora ese largometraje con libreto cerrado y con un director que recién se estrena?

A juzgar por las diversas declaraciones realizadas y por las decisiones impulsadas en estos primeros dos meses de gobierno, se podría conjeturar, en líneas generales, sobre el talante con el que Vizcarra y su principal espada política, el premier César Villanueva, encaran el gobierno con mandato de vencimiento al 2021. En estos dos andariveles, tanto en lo que se declama como en lo que se busca impulsar, no aparecen evidencias que alienten algo distinto a la inercia neoliberal que atenaza la dinámica económica, política y social. Es una agenda en la que hasta ahora la continuidad prevalece. Repasemos algunas de las evidencias y ensayemos una posible explicación sobre el significado y los dilemas de un gobierno que en sus comienzos muestra que no presentará novedades, o que la novedad es justamente la continuidad del modelo que hereda sin buscar alternativas de cambio.

Notables ausencias
En las primeras palabras al asumir la presidencia, al igual que en los pronunciamientos posteriores que han venido ofreciendo el presidente y el premier que coordina el gabinete, anuncios de buena voluntad como luchar contra la corrupción, apostar por la educación y la salud como bases para el desarrollo, o dejar atrás la confrontación y el desencuentro, fueron las principales cuestiones de la agenda política del gobierno ¿Quién podría estar en desacuerdo con estos loables objetivos? Los rimbombantes anuncios, cargados de buenas intenciones, carecen sin embargo de detalle y especificidad sobre la manera de articular esas prioridades. Tampoco aparecen los temas cruciales que podrían contribuir a generar un rumbo que renueve expectativas, regenere los vínculos de representación política y aliente caminos alternativos de cara al bicentenario del 2021. ¡¿De nuevo sopa?!

El tipo de comunicación ensayado hasta el momento es justamente lo que contribuye al presagio sobre el rumbo del gobierno. Las declaraciones voluntaristas y las omisiones dejan preguntas e interrogantes que flotan en un aire que se va espesando ante la ausencia de propuestas concretas y con un mayor calado. Las expectativas rápidamente se desinflan en esta corta andadura donde poco o nada se dice sobre un modelo productivo con alto costo para el ambiente y las poblaciones en donde se produce la actividad extractiva, nada acaso sobre una diversificación productiva que permita expandir los límites de la ideología excluyente del libre mercado, menos sobre una inserción que revise la apuesta por la libertad para comerciar y la subordinación a la demanda internacional en momentos de creciente proteccionismo, nada sobre la relación entre un Estado que sigue bastante alejado de la sociedad a la que deber servir, cuidar y proteger con mayores y mejores resultados de los que se han logrado hasta ahora, un silencio sepulcral en materia de igualdad de género y derechos de minorías sexuales, casi nada en materia de recaudación tributaria, alguna leve mención al pasar sobre la vinculación a la OCDE y la intención de impulsar un reforma institucional.

En este resumen muy acotado sobre una etapa inicial con grandes enunciados y notables ausencias, los primeros temas que se ponen en marcha permiten verificar, desde el lado de las acciones, ese rumbo de continuidad sin cambios. Vizcarra sorprendió al inicio de su gobierno reglamentando la ley que fortalece la contraloría y el sistema nacional contra la corrupción. Ese primer gesto alentó expectativas sobre un giro en materia de lucha contra la corrupción, pero desde entonces solamente se han realizado algunas declaraciones sobre transparentar información en Internet. La corrupción, que aparece en el tope de las encuestas como principal asunto nacional, pareciera estar bajando peldaños en las prioridades del gobierno.

Una de las mayores novedades ha sido la suba selectiva de impuestos al consumo, señalada como una iniciativa que busca desincentivar la ingesta y el consumo de ciertos productos nocivos para la salud y a su vez aumentar un poco la recaudación tributaria. La medida que ocupa la iniciativa gubernamental deja a salvo las millonarias exenciones y los privilegios logrados por algunos sectores, no busca modificar un régimen impositivo regresivo que sustenta su mayor porcentaje de captación de renta en impuestos al consumo y que carga las tintas en los sectores de menores ingresos. Una clara señal de la continuidad neoliberal.

¿Es posible salir de la inercia neoliberal?
La conclusión preliminar es que no hay nada nuevo bajo un sol que alimenta una dinámica continuista que se sigue descascarando al calor de la desconfianza generalizada hacia las principales instituciones. Los primeros estudios de opinión –la encuesta urbano-rural de GFK de mayo de 2018 registra una disminución de varios puntos en la aprobación al gobierno– arrojan que la valoración sobre la marcha del gobierno ya registra una popularidad que se valora a la baja. Es que la ciudadanía se ha acostumbrado a ver rotar nombres que simplemente administran la continuidad del modelo sin ninguna ilusión de ver materializados cambios que posibilitarían una etapa de mayor prosperidad e inclusión. ¿Es posible acaso salir de esta inercia?

El último intento serio de impulsar una alternativa que se tradujera en un ciclo democrático inclusivo de largo aliento fue el que lideró Valentín Paniagua entre 2001 y 2002. El tiempo de esa transición fue demasiado breve para sentar las bases de un cambio estructural. El contexto posterior a la transición de Paniagua jugó en contra. La euforia derivada del ciclo extraordinario de los precios internacionales, que se extendió de 2004 a 2014 con un crecimiento a tasas extraordinarias, generó varios efectos. Se extendió una creencia acerca de las bondades del mercado como centro organizador de la sociedad. Bajo esta premisa que arraigó con fuerza en todos los estratos sociales, el mercado, actuando libre de cualquier condicionamiento, regulación o intervención, simplemente llevaría a Perú al paraíso buscado.

El efecto más pernicioso de este fenómeno ha sido acaso un símil del presagio franquista del “todo está atado y bien atado”. Como resultado de la disminución de los espacios de representación y decisión política orquestados después de las reformas estructurales del autoritarismo instalado en 1993, la pluralidad ha sido sacrificada, los espacios de representación disminuidos y las principales decisiones nacionales se articulan en los espacios donde la tecnocracia ha sabido posicionarse. Son los custodios de un modelo que no admite revisión ni cambios.

Las alternativas a la inercia que tapona la posibilidad de una democracia inclusiva tampoco se generan como efecto de una presión social desde abajo. Los ciudadanos se sienten en su mayoría desvinculados de una clase política que no la representa. La dinámica política ha quedado encapsulada de la sociedad y muy debilitada ante los sectores que manejan las riendas de la administración pública. Existen diversos trabajos que evidencian y explican esta dinámica, como los de Alberto Vergara (2012 y 2016), Eduardo Dargent (2015), o Paula Muñoz y Yamilet Guibert (2016), entre otros.

Vizcarra es víctima y rehén de estas circunstancias. El ejercicio de su liderazgo político será evaluado positivamente si logra convocar a la sociedad y maniobra entre las elites para generar espacios y alternativas de cambio, algo que desde ya no será nada sencillo y mucho menos con la conjunción actual de fuerzas en las que un grupo político, el fujimorismo, cuenta con un enorme poder de veto desde la mayoría parlamentaria con la que cuenta. La alternativa a este proceder es la resignación a formar parte de ese numeroso elenco de actores de reparto en una obra que producen y dirigen otras fuerzas que logran controlar el proceso de decisión política. ¿Será acaso ingenuo soñar con Vizcarra en algo más que la alegría de participar en el mundial de fútbol después de tanto tiempo?

Publicado en:  políticaexterior.com