El costo de mentir que estábamos “blindados”

Los debates sobre si la crisis internacional frenaría a la economía peruana ya han sido resueltos por el tiempo. El crecimiento económico ya se detuvo y la producción nacional está reduciéndose. Las cifras oficiales indican que el PBI de febrero de este año fue 0.19% mayor que febrero del año pasado, es decir, prácticamente nada. Pero si se calcula el PBI como se hacía anteriormente y no con los oscuros métodos del INEI, la cifra incluso sería negativa.

Lo mismo sucede con las cifras de empleo, que en los últimos 4 meses han caído en 3%, siguiendo las encuestas de empresas con 10 y más trabajadores que a nivel urbano nacional realiza el Ministerio de Trabajo.

Estas cifras nos indican que ya pasamos de una crisis que afectaba únicamente a algunos sectores exportadores, a una recesión que se ha generalizado en la mayor parte de la economía nacional. A los miles de empleos perdidos en el sector textil, agroexportador y turístico, y a la drástica reducción de ingresos de alpaqueros, cafetaleros y otros agricultores, se suman ahora muchas otras familias en diversas ramas de la economía.

Así, el costo que asume el país, por la torpe insistencia del presidente Alan García en que estábamos blindados, consiste en la desaceleración del crecimiento económico y, según la CGTP, cerca de 200 mil despidos, en el periodo que va de octubre del 2008 a junio del 2009.

En efecto, esta demagógica y absurda postura del nuestro Presidente llevó a que durante preciosos meses, mientras se desarrollaba la crisis internacional, el gobierno en vez de buscar detener sus efectos sobre el Perú, por el contrario adoptara políticas fiscales contractivas que la agravan. Tal como ha escrito el ex Presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Óscar Dancourt recientemente, “el inoportuno ajuste del gasto público ejecutado durante el último trimestre del 2008 por el anterior ministro de economía; destaca la reducción de la inversión pública a cargo del gobierno central en un 18% respecto al mismo trimestre del año anterior. Este ajuste fiscal estaba destinado a enfriar la economía” (La República, 21/04/2009). Así, en todo este tiempo, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reinaba una política neoliberal extrema que buscaba obstaculizar la inversión pública, tema que denunciamos en nuestro informe diario 31/03/2009.

Tampoco el BCRP reaccionó como debía. Se dedicó a vender dólares para evitar un alza del tipo de cambio, pero fue muy tímido en reducir las tasas de interés de tal manera que facilitara la inversión y el crédito. Ante la presión de los empresarios, el Presidente anunció el lanzamiento de un Plan Anticrisis recién en diciembre del año pasado, el mismo que recién empezó a aplicarse en marzo y que, según el gobierno, recién tendrá sus efectos en la segunda mitad del presente año.

La crisis internacional en el Perú

Mientras el Presidente se reafirmaba en el supuesto blindaje, la economía peruana era fuertemente golpeada por la crisis internacional. Estos golpes empezaron por el lado externo. En setiembre pasado la balanza comercial (exportaciones menos importaciones de bienes) llegó a niveles cercanos a cero, mientras que en octubre se registró un déficit por US$ 259 millones. Hecho atípico en nuestro país, pues desde mayo del 2003 las cuentas externas registraron superávits mes a mes.

Esto se da por la caída de nuestras exportaciones, que desde agosto pasado se reducen a una tasa promedio mensual superior al 10%. Los principales sectores afectados son el minero, el textil y la agroindustria. Las causas de esta caída son la menor demanda externa y, de otro lado, el deterioro de nuestros términos de intercambio, sobretodo, por el menor precio del cobre.

Es importante destacar, en este aspecto, que la caída en las exportaciones tradicionales ha sido superior a la de las exportaciones no tradicionales.

Al déficit en la balanza comercial se suman otros déficits, que empeoran nuestra cuenta corriente. Estos otros déficits corresponden a la balanza de servicios y la renta de los factores1. En tiempos normales podíamos contar con déficits en la cuenta corriente, pero que eran financiados por la cuenta financiera, la que está constituida por flujos netos de inversión extranjera directa (IED) y los préstamos de largo y de corto plazo.

Pero, en el último trimestre del 2008, por primera vez, también la cuenta financiera presentó un enorme déficit por US$ 2 436 millones. Esto se debió a que los bancos y empresas de EE.UU. y de otros países desarrollados absorbieron recursos de sus filiales en el país, así como a la restricción del crédito externo. Este déficit se debe principalmente a las salidas de la cuenta de corto plazo, lo que evidencia una fuga de capitales, pero también ha afectado los capitales de largo plazo: la inversión extranjera directa cae en –US$ 1 113 millones, en el último trimestre del 2008.

Esta salida de divisas viene presionando a la subida del tipo de cambio. Por el lado de la producción, esto aumenta los costos de insumos y máquinas importadas. Pero la devaluación de nuestra moneda ha sido bastante menor que la de nuestros vecinos, por lo tanto, los productores domésticos pierden competitividad respecto a los productores de los otros países de la región, donde se tomaron medidas más aceleradas. A su vez, la devaluación afectó a las personas y empresas que tenían deudas en dólares, ya que nuestro sistema financiero está dolarizado.

Como el BCRP evaluó que la subida del tipo de cambio, a pesar del entorno recesivo, representaba un riesgo inflacionario, hizo uso de sus reservas. Desde julio hasta fines del 2008 el BCRP tuvo que inyectar cerca de US$ 8 000 millones para evitar que siga subiendo el tipo de cambio. Esta acción ha llevado a que nuestras reservas disminuyan abruptamente.

En agosto pasado las reservas se encontraban en un nivel cercano a los US$ 35 000 millones, desde entonces han venido cayendo constantemente, tal es así que en febrero del presente año tenemos menos de US$ 30 000 millones. Además, la caída de precios de los metales, mencionada previamente, está afectando negativamente la recaudación tributaria, sobre todo por el lado del impuesto a la renta. Asimismo, se está generando menos canon regional y municipal.

Todos estos efectos se daban de manera importante mientras el presidente García hablaba de blindaje. Tanto los datos de la crisis a nivel mundial como sus efectos en el Perú hablaban muy clara y fuertemente, gritaban en realidad, que el golpe recesivo que se venía sobre la economía peruana, sería severo y que se necesitaba una sustancial modificación de política económica para enfrentarla. Pero la enfermedad del neoliberalismo había producido una sordera total en nuestros gobernantes.

El Plan Anticrisis: avances y limitaciones

Finalmente, con mucha tardanza, a principios de febrero, el gobierno presentó un Plan Anticrisis efectivamente respaldado por el nuevo Ministro de Economía Luis Carranza. Antes, Alan García había presentado un Plan Anticrisis, pero el ex Ministro Valdivieso no lo quería implementar. Una nueva política orientada a enfrentar la crisis solo se hace posible cuando el ministro del ramo cree efectivamente en ella.

¿Cuánto de este Plan tiene ya un sustento legal, para poder empezar a aplicarse? El gobierno ha aprobado nueve paquetes de estímulo económico por un monto de S/. 7 697 millones. De esta manera, ya se tienen financiadas las tres cuartas partes de todo el Plan Anticrisis del gobierno equivalente a S/. 10 000 millones. Pero a cerca de 3 meses de aprobado el Plan, una cuarta parte del mismo todavía no existe ni siquiera a nivel jurídico.

En esta primera etapa encontramos que el 68% consiste en obras de infraestructura, el 12% para apoyar a sectores afectados, el 11% otros gastos y el 9% restante es destinado a la protección social, donde la mayor parte también consiste en gastos destinados a mantener infraestructura de instituciones educativas, establecimientos de salud, etc.

Se percibe una improvisación e incertidumbre en el Plan. El rubro más alto corresponde a S/. 2 148 millones para proyectos de inversión, pero ni siquiera se han aprobado los montos específicos para cada uno de estos proyectos. Mientras no haya un proyecto de crédito suplementario y una explicación clara, seguiremos sin saber cuánto de lo anunciado son recursos nuevos, y cuánto es pura propaganda.

Asimismo, se cuenta con un fondo para dar continuidad a los proyectos de inversión y con un fondo de infraestructura por S/. 1 285 millones y S/. 326 millones, respectivamente.

¿Cuánto se ha avanzado realmente en las inversiones? Un aspecto crítico del Plan es la poca capacidad del gobierno para materializar los diversos proyectos de inversión. A febrero, la inversión pública en vez de aumentar, ha disminuido. El hecho de que la opción del gobierno sea recentralizar el presupuesto de inversión, recortando el presupuesto de gobiernos regionales y municipios en diversos rubros, ha agravado este problema. La opción política del gobierno aprista de concentrar las inversiones en ministerios bajo control de militantes del APRA, restando fuerza a gobiernos descentralizados, ha conspirado contra la necesidad económica de una ejecución rápida de las inversiones.

¿Significa este Plan un fortalecimiento del rol del Estado? Parte importante de las medidas en relación a los proyectos de infraestructura pública del Plan Anticrisis son garantías especiales para las grandes empresas que entren en las cuestionadas “Asociaciones Público-Privadas”, convirtiéndolas así en negocios sin riesgo, en desmedro del Estado y la población nacional.

¿Qué apoyo hay en el Plan Anticrisis al sector empresarial, más allá de la construcción? En cuanto al apoyo a sectores afectados destaca el Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) dirigido a asegurar el financiamiento a las MYPE, que exportan, dejando a un lado a las que producen para el mercado interno. El Programa de Compras a MYPE (uniformes, calzado y mobiliario escolar), en cambio, si puede ser un alivio efectivo para algunos sectores.

¿Qué hay para los trabajadores? Lo único que trae el Plan para los trabajadores ha sido un Programa de Reconversión Laboral, que propone que los trabajadores despedidos sean capacitados para pasar al sector de la construcción. Pero, si bien en algún momento habrá mayor construcción de infraestructura, este sector también está golpeado por la menor demanda de viviendas. Además, mientras los trabajadores están siendo despedidos en centros mineros y de agroexportación, o en los textiles de Lima, la construcción de infraestructura puede estarse dando a cientos o miles de kilómetros de allí.

¿El Plan Anticrisis cubre todos los sectores sociales y aspectos que debería? El nuevo Plan Anticrisis del gobierno constituye una medida anticíclica centrada en grandes obras de infraestructura pública que aseguren el crecimiento. Pero, se presta menor atención al empleo y a los sectores vulnerables, por ejemplo en aspectos como la agricultura y las MYPE, donde trabaja la mayoría de peruanos. Con este esquema tampoco se presta apoyo a servicios públicos de protección social tanto en la salud pública como en el sistema de pensiones. Por ejemplo, un hospital requiere de infraestructura pero también requiere de personal profesional bien remunerado.

Los problemas antes de la crisis internacional

Desde antes de la crisis, los niveles de pobreza y otros males sociales en el Perú ya eran inaceptables. El gobierno afirmaba que el dinamismo económico generado por el modelo neoliberal era la solución para los mismos2 .

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2007, a nivel nacional, el 39.3% de la población era pobre, mientras que la población en pobreza extrema llegaba al 13.7%. No solo eso, si nos ubicamos en los ámbitos urbano y rural, nos encontramos con fuertes desigualdades. Así, en el ámbito rural la población pobre y pobre extrema llega a porcentajes de 64.6% y 32.9%, respectivamente, siendo esta una zona donde la reducción a la pobreza se ha mostrado insensible al crecimiento económico.

Entre otras de las variables sociales a destacar tenemos la desnutrición crónica que afecta casi a la cuarta parte de los niños menores de edad. Además, las tasas de mortalidad en menores de 5 años llegan a 20 por cada mil. Entre otros males que caracterizan a la sociedad peruana enfrentamos los serios problemas ambientales, la mala calidad de la educación, la falta de acceso a la salud y los riesgos que tienen los pacientes, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción generalizada, la injusticia del sistema de justicia, el autoritarismo del gobierno, el centralismo, el abandono de la ciencia y tecnología, la desatención al agro y las pequeñas empresas, los conflictos sociales, los abusos de las empresas hacia sus trabajadores, la discriminación de las mujeres, la exclusión de los pueblos indígenas, todos problemas que siguen presentes y demandan solución.

En todos estos temas el gobierno ha sido absolutamente conservador. No ha promovido reformas y ha mantenido todos esos graves problemas sin atender. El crecimiento económico, por la marcada concentración de los beneficios en unos pocos y la ineficacia de la acción social del Estado, ha ayudado poco a mejorar la situación social de las mayorías. La crisis económica dificulta la atención a estos problemas. Pero eso no quiere decir que debiéramos resignarnos a todos estos lastres de la vida nacional. Por el contrario, si bien la crisis genera dificultades, también genera oportunidades. Una alternativa a la crisis no debe significar la profundización de un modelo de desarrollo y un estilo de crecimiento económico que agravan la desigualdad, generan poco empleo y hacen poco por resolver los graves problemas sociales del país.

Propuestas para atenuar la crisis y sus impactos sociales

Sobre la base de las críticas al Plan Anticrisis planteadas en el acápite previo, las propuestas que se plantean a continuación se focalizan en incrementar la demanda interna de manera muy rápida, en especial a favor de los sectores más vulnerables ante la crisis internacional. Asimismo, estas medidas , a la vez que se acelera la construcción de infraestructura pública, se concentran en incrementar el consumo público y privado, aumentando rápidamente la demanda, lo que a su vez repercutirá positivamente en la inversión privada. Mantener la demanda interna es fundamental para que las empresas puedan seguir vendiendo y de esa manera dar empleo, y para mantener el mercado para las MYPE y agricultores. Presentamos esta propuesta en tres partes interrelacionadas:

A. Programa macroeconómico

Para aumentar la inversión pública en infraestructura, incluyendo pequeñas obras con empleo temporal, en un 3% del PBI (US$ 3,700 millones) en el 2009, será necesario devolver los recursos presupuestados que se han quitado a los gobiernos regionales y municipios. Un 80% de los fondos adicionales de inversión pública deben destinarse también a estos gobiernos subnacionales, con atención a compensar a las regiones más afectadas por la crisis y por la pérdida del canon. A su vez, se debe facilitar que ejecuten su inversión, permitiéndoles contratar a personal altamente calificado, estableciendo un organismo de apoyo a su gestión y eliminando las trabas burocráticas que subsisten. De esta manera, se mantendría la demanda interna, se promovería el desarrollo y se protegería a los más pobres, que se encuentran sobretodo al interior del país.

Otra medida primordial para contener la caída de la demanda es desarrollar una política monetaria expansiva, reduciendo las tasas de interés de referencia del BCR de manera drástica y manteniendo las rebajas de encajes y otros mecanismos para inyectar liquidez en soles al sistema financiero. Estas medidas en el mercado de crédito pueden combinarse con programas especiales para dar crédito al agro y las MYPE, y para refinanciar a quienes lo necesiten, buscando una reducción de los intereses para estos sectores. También se debería establecer un programa especial para ampliar los créditos hipotecarios a sectores de bajos y medios ingresos, para reconvertir los créditos existentes de dólares a soles y para evitar un alza de tasas de interés en este sector.

Para ayudar a un mejor equilibrio del sector externo y controlar la pérdida de reservas internacionales es conveniente desincentivar las importaciones mediante un aumento de los aranceles, al menos reestableciendo los vigentes a julio 2006 y aplicando sobretasas anti-dumping. El aumento de aranceles servirá para proteger el mercado interno para la industria y agricultura nacionales. A su vez, permitirá menguar la fuerte reducción en los ingresos tributarios que provoca la crisis.

B. Programas de promoción del empleo y salarios

Un aumento de los sueldos y salarios promedio de la economía es importante para elevar la demanda efectiva, complementando las medidas fiscales y monetarias arriba descritas. Además, en el actual contexto recesivo y al haberse acumulado en los últimos años un fuerte incremento de la productividad, sin que hayan aumentado los salarios, existe un espacio amplio para incrementos salariales sin que ello tenga repercusiones inflacionarias.

Una forma de promover ese aumento de salarios es mediante el incremento del salario mínimo, como están haciendo Colombia, Brasil y Bolivia. Según reporta la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en Bolivia y Brasil se ha aumentado el salario mínimo en 12% y en Colombia el aumento es de 8% más 26 dólares de subsidio de transporte. Facilitar las negociaciones colectivas, por empresa y por rama, también debiera ayudar. Si en ese contexto el gobierno aumenta los sueldos de los funcionarios públicos, le daría un empuje adicional a los salarios privados.

Otra forma de elevar el ingreso efectivo de los trabajadores es mediante reducciones en las contribuciones y descuentos de la planilla. En el Perú, las altas comisiones de las AFP, que han prestado magros servicios en el pasado reciente, podrían eliminarse temporalmente, aumentando así todos los salarios en 1,5%. Por otro lado, el gobierno podría pagar con fondos del Tesoro Público las contribuciones para la seguridad social y aumentar así los salarios efectivos que reciben los trabajadores.

Lo que no debe hacerse, más bien, es dar libre disponibilidad de la Compensación por Tiempos de Servicios (CTS), mientras se niega todo aumento de los sueldos y salarios como propone actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Con estas medidas se promueve que los trabajadores se coman los ahorros que deben servirles para hacer frente al riesgo de desempleo, justo cuando este riesgo está más presente que nunca. Hay que aumentar los ingresos de los trabajadores, pero no a costa de ponerlos en mayor situación de vulnerabilidad.

El apoyo a pequeñas empresas y a sectores en crisis también es una medida conveniente. El sector textil, por ejemplo, ha perdido decenas de miles de empleos, y eso va a seguir. Un respaldo a empresas en crisis a condición de que mantengan el empleo, como en México, puede servir de complemento a programas de protección del mercado interno frente al dumping chino, de compras estatales de buzos, uniformes y calzado escolar, asi como de facilitación del crédito. Cubrirles la mayor parte de sus contribuciones a la seguridad social con fondos del Estado, como hace Argentina, o subsidiar los salarios bajos, como en Chile, podría servir para mantener y ampliar el empleo formal y aumentar la competitividad empresarial.

C. Programas sociales

Dos tipos de programas sociales parecen particularmente adecuados a esta situación de crisis. En aquellas zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, programas orientados a construir y mejorar caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud, pueden generar cientos o miles de empleos temporales. De esta manera, se combina la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de la infraestructura pública.

Por otro lado, para pequeños productores, campesinos y ganaderos, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos tienen que seguir cuidando su negocio, sus cultivos y sus animales. En estos casos, programas de transferencias en dinero, como Juntos, pueden ser más efectivos. En los distritos golpeados por la crisis donde no hay Juntos, este programa debería establecerse con prontitud, pero incluyendo (temporalmente) a las familias sin hijos. De esta manera, se evita que las familias pobres se vean obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto esfuerzo han juntado o que los niños sean sacados del colegio para trabajar.

Además, la salud y la seguridad social para los ancianos, que son políticas sociales que debieran estar siempre funcionando, ahora se vuelven más necesarias. Las familias que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para comprar sus medicinas, están mucho más en riesgo cuando hay desempleo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y dar pensiones a los ancianos pobres con dinero del Estado, son dos buenas alternativas. Reforzar la seguridad social en salud es, por ejemplo, un elemento clave de la política de Barack Obama para enfrentar la crisis, mientras lo que está ofreciendo el gobierno peruana para avanzar al aseguramiento universal en salud es absolutamente ínfimo.

Hay que recordar, en ese sentido, que más gasto social es una medida reactivadora: aumenta el consumo de las familias pobres, que se gastará en bienes producidos nacionalmente, compensando así los efectos de la crisis sobre la demanda.

Defender el bienestar de las familias trabajadoras debe ser una prioridad ante la crisis. El paquete anticrisis de Carranza se centra en la reducción de controles en proyectos millonarios que se encargan a las grandes empresas constructoras, con lo cual la corrupción irá de la mano con el aumento de la pobreza. Hay otras formas de hacerle frente a la crisis defendiendo el trabajo digno y los programas sociales y casi todos los países vecinos las aplican.

1 La renta de los factores es el saldo entre el ingreso y salidas de utilidades y el pago de intereses.
2 No debemos olvidarnos, que antes que se desate la crisis internacional, el gobierno estableció la meta de bajar la pobreza a 30% para el año 2011.