En el Perú existe una ley ya reglamentada que autoriza la consulta previa como derecho de los pueblos indígenas, frente a las empresas -que vienen de fuera y muy lejos- que invierten para explotar en sus territorios petróleo, gas, minas y hacer grandes carreteras.

A varios empresarios, internacionales y nacionales, les gustaría que la consulta previa no existiese para hacer lo que quieran, como en el pasado lejano y reciente. A los pueblos indígenas les gustaría que ese derecho ganado desde el Acuerdo 169 de la OIT sea plenamente ejercido y que sus acuerdos sean vinculantes, que sean tomados en cuenta y respetados. Lamentablemente, en la incipiente democracia peruana, la colonialidad del poder se impone para desvirtuar los mandatos legales y seguir, como antes, tratando a los indígenas como menores de edad, sin derechos ni opinión propia. 

Resulta ahora que para el gobierno llamado nacionalista los únicos pueblos indígenas  a quienes habría que consultar, sin compromiso alguno, serían los de la Amazonía y no los quechuas y aimaras de los Andes; que el reconocimiento de esa condición sería otorgado a pedido de parte y que la Base de Datos sobre los pueblos indígenas no será publicable sino para cada caso concreto. En buen romance, el dilema parece muy simple: inversión minera o consulta previa. Las empresas no quieren consulta previa en los Andes y todo indica que el gobierno se inclinará por favorecerlas con el pretexto de salvar las inversiones que el país necesita para volver a asegurar las altas tasas de crecimiento que estarían cayendo.

Una de las primeras lecciones en un curso de antropología peruana es la siguiente: la lengua, el territorio, la cultura y la identidad son 4 pilares de  existencia de los pueblos indígenas. Habría que ser ciego, conservador y reaccionario para suponer que estos cuatro elementos no están presentes entre los Cañaris del norte y entre los Quechuas y Aimaras. Decir que las comunidades campesinas de los Andes están ya integradas al Estado, y que  por eso habrían dejado de ser indígenas, es la expresión de un pensamiento antropológico pobrísimo que limitaría lo indígena a un espacio ajeno al mercado y al Estado. Siguiendo ese razonamiento, indígenas habrían sido solamente los pueblos pre-incas e incas.

Se puede ser indígena y estar inmerso en la llamada globalización, tener facebook y tarjetas de crédito. Los indígenas con derechos son lo nuevo y último de la modernidad. ¿Para qué se autoriza por ley una consulta previa? Sencillamente para conocer y oír la opinión de los pueblos que tienen todo el derecho de defender sus cuencas de agua, sus tierras de cultivo y pastos para sus animales. Son esos pueblos los que producen los alimentos que los peruanos consumimos. Las grandes empresas multinacionales no producen ni un kilo de papa, ni una cebolla. Se llevan, sí, el oro, la plata, el cobre y dejan una pequeña cantidad de dinero para el Estado. Si se consulta a los pueblos para no tomar en cuenta sus opiniones se trata simplemente de una burla. La hipocresía del “sí pero no”, agrega leña al fuego de los conflictos que ya conocemos.

Como una bibliografía, una base de datos es por definición y principio abierta para agregar, actualizar, mejorar las informaciones ya recogidas y eliminar los datos irrelevantes.  Si el gobierno anuncia que no puede publicar la base de datos que había prometido entregar está confesando que tiene entre manos un gato encerrado. Este hecho es demasiado grave y revela una gran incompetencia.

Hay algo más dentro de este juego de hipocresías: a las empresas les gustaría que la consulta previa se haga en la fase de explotación y no en las de concesión y exploración. Sin embargo, todo comienza con la concesión porque cuando una empresa compra el favor de una concesión  ya tiene un derecho muy próximo a la propiedad.  Al tener la concesión y al explorar, la empresa ocupa un territorio. En la fase de explotación ya no hay nada que hacer y la propiedad queda registrada. En esas condiciones ¿Qué sentido tendría la consulta? Ninguno.

¿Será posible  que los funcionarios del estado con seriedad profesional y ética no se den cuenta de este juego de hipocresías? ¿Confianza a los inversionistas o consulta previa? Esa es la dicotomía según los empresarios. Después del “Conga va”, el gobierno de Humala reafirma su voluntad de agravar el conflicto con los pueblos indígenas. No tomar en cuenta a los pueblos quechua y aimara y, particularmente a Cañaris, será un nuevo error con múltiples consecuencias. No se apaga un incendio con gasolina.