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El gobierno acaba de aprobar la asignación de un subsidio monetario excepcional de 760 soles para un millón de familias rurales en situación de pobreza y pobreza extrema (DU 042-2020 del 19 de abril).  La medida era esperada ya que, inexplicablemente, las familias rurales fueron excluidas del bono social (DU 027-2020), asignado exclusivamente a zonas urbanas dizque por su mayor “vulnerabilidad sanitaria”.  No obstante, de acuerdo al propio diagnóstico del gobierno, estos bonos son dirigidos a familias en situación de pobreza y pobreza extrema porque son las más afectadas económicamente por la cuarentena, y nada tiene esto que ver con la vulnerabilidad sanitaria sino con la paralización de la economía.  Al parecer, luego de 33 días, el gobierno se dio cuenta de la flagrante exclusión al sector rural y empezó a enmendar el error.

El bono rural es una buena noticia y debe ser implementado a la brevedad ya que se han perdido más de cuatro valiosas semanas excluyendo a lo rural. Los desafíos logísticos son enormes pero el MIDIS (a cargo de la gestión del bono) tiene varias ventajas: realiza transferencias monetarias a familias rurales en grandes programas sociales como Juntos y Pensión 65; y, aunque con diversos problemas y limitaciones, ha logrado armar una plataforma de apoyo social en base a criterios de focalización del SISFOH en articulación con otros sistemas.  Esta red es de crucial importancia en este difícil momento para millones de familias rurales pobres.

Así, luego de saludar y apoyar completamente esta medida, cabe también evaluar sus limitaciones, y sobre todo, poner el tema rural y agrario en una perspectiva más amplia en el conjunto de la crisis sanitaria que enfrentamos.  Para empezar, el bono rural es una extensión del bono social urbano y tiene poco o casi nada que ver con los pedidos de apoyo planteados por los gremios agrarios a través de un bono productivo.  Podemos hacer algunos números al respecto.  Según el propio DU 042, se atenderá exclusivamente a familias rurales en situación de pobreza, es decir, a un 42% de la población rural.  Quedan fuera un 58% de población rural que también vienen sufriendo duros embates de la paralización económica.  Y dentro de los pobres rurales, el DU señala que un 73% se dedican a la agricultura.  Es decir, el bono rural atenderá a unas 700 mil familias agropecuarias pobres.  No obstante, el número de familias agropecuarias en el Perú es de más de 2 millones, con los cual cerca de 1.3 millones de familias seguirán sin recibir apoyo alguno. 

Al respecto, el MINAGRI ha sido ambiguo con respecto a si este bono rural tiene algo que ver con el bono productivo agrario.  El propio ministro de Agricultura ha dicho que se han coordinado padrones a ser incluidos en el proceso de definición de beneficiarios del bono rural hacia agricultores con menos de 5 hectáreas. Además, ha señalado que se han utilizado padrones de regantes, del seguro agrario y Agrobanco para cruzar con los padrones del MIDIS.  No obstante, ninguna de estas coordinaciones aparece mencionada en el DU, que no tiene una sola vez la palabra MINAGRI ni referencia alguna a los listados agrarios mencionados.  El DU dice que en los próximos cinco días se aprobará el padrón definitivo en base a criterios SISFOH, pero queda abierta la pregunta de cuántas familias agropecuarias serán realmente parte del bono rural y de acuerdo a qué criterio de selección. El ministro de Agricultura tiene aún mucho que explicar sobre esto. 

Y aquí también cabe señalar que este bono rural puede estar levantando expectativas que luego pueden ser fuente de graves frustraciones.  Por ejemplo, las comunidades campesinas y nativas están esperando, con justa razón, ser consideradas para el bono rural, pero el criterio para estar en dicho bono es el de los padrones del SISFOH, que no está relacionado necesariamente a la pertenencia comunal.  Sería muy importante que el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo hagan un rápido cruce de información para ver cuántos comuneros y comuneras están consideradas en los padrones SISFOH del MIDIS.

Finalmente, el bono agrario planteado por los gremios sigue siendo una medida urgente y cada vez más impostergable para atender a más de 1.3 millones de agricultores familiares que hoy enfrentan una caída de ingresos del orden del 60%.  Soy de la opinión de la necesidad de un cambio importante en la estrategia “focalizada” del gobierno para atender los graves problemas económicos generados por la cuarentena.  Es urgente pasar a una estrategia mucho más “general”, asignando un bono universal a todas las familias que viven de su trabajo ya sea informal, asalariado o como agricultor o trabajador agrícola.  Un bono universal es la única forma de dar alivio a millones de familias hoy muy desprotegidas (recordar que la pobreza estimada es de 20% del total de hogares).  Para el sector agrario, este tipo de bono tendría dos efectos positivos inmediatos: revertir parte del grave shock negativo de ingresos de los agricultores, y, reactivar la demanda de alimentos en ciudades grandes e intermedias de tal forma que se inicie una recuperación de los deprimidos precios agrarios. 

La recuperación de precios agrarios requiere también de fuertes medidas de regulación de los canales de comercialización que el gobierno aún se resiste a considerar como parte de las medidas cruciales.  Aquí sólo decir que estos “mercados itinerantes” del MINAGRI son una idea interesante pero marginal.  En los 900 mercados que se implementarían, a un promedio de 30 productores por mercado, se está cubriendo solamente al 1.2% de los productores del país.  El problema es qué hacer con el 98.8% restante de productores y de comercio de alimentos, donde se generan vectores de contagio y persisten los abusos de mercado contra los pequeños productores y los propios consumidores.