El 22 de marzo, aproximadamente 100 mil personas participaron en una movilización en Chile. Esta fue convocada por unas 40 organizaciones que se juntaron para exigir una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. El ex candidato presidencial chileno y actual líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, estuvo por Lima hace una semana y conversó con Otra Mirada al respecto.

Chile al igual que el Perú ha heredado una constitución autoritaria producto de una dictadura. Allá fue la de Pinochet y acá la de Fujimori y Montesinos. A pesar del tiempo transcurrido, más de treinta años en el caso chileno, estas constituciones de raíz perversa causan daño y erosionan la democracia antes que asentarse. De ahí la importancia de la lucha ciudadana para darse una carta fundamental que valga la pena.

El ex candidato señala que el problema constitucional chileno tiene doble vía. Por un lado, existe un tema de forma. “Impugnamos la constitución porque fue hecha durante una dictadura y por lo mismo cuesta aceptar su legitimidad”. Pero también hay un asunto de fondo: la sustancia de este texto que pone como punto prioritario el dicho de la libertad. Esta supuesta “libertad” ha impedido al Estado chileno garantizar los derechos sociales mínimos a sus ciudadanos. A la postre cualquier política pública termina por estar sujeta a las reglas del libre mercado.

En buena cuenta, la noción del Estado subsidiario (el Estado sólo participa donde el sector privado no puede hacerlo) es la que explica que el modelo de desarrollo chileno siga basándose en la exportación de materias primas, en su caso el cobre. Por ello, afirma Enríquez-Ominami, “somos campeones en desigualdad” al tener las manos atadas para emprender reformas económicas que promuevan una mayor equidad. Además, la constitución heredada de la dictadura no garantiza que los ciudadanos chilenos tengan algún derecho social (educación, salud, pensiones). Recordemos que una de las movilizaciones sociales que mayor fuerza tuvo en Chile en los últimos años fue liderada por los estudiantes universitarios que piden educación gratuita y de calidad. En este sentido, una constitución que priorice la libertad por sobre la garantía de derechos a los ciudadanos, además de generar mayor desigualdad, termina también por impedir el desarrollo de un país. 

Si bien la contundencia de la movilización social por nueva constitución ha ido creciendo en los últimos años, aún no se sabe si la nueva presidenta, Michelle Bachelet, cumplirá con esta reforma. A inicios de la campaña electoral, una Bachelet particularmente discreta evitó pronunciarse al respecto de manera contundente. Ahora, a poco más de un mes en el gobierno, ha quedado claro que ella confía en hacer los cambios a la constitución, pero no en una Asamblea Constituyente, que es el pedido de los manifestantes y del Partido Progresista.  Con un panorama de este tipo, el país vecino verá en los próximos meses movilizaciones que, se espera, sean consideradas por el nuevo gobierno.

Notamos que hay similitudes entre el contexto chileno y el peruano. Nuestra constitución vigente fue elaborada en 1993 por una dictadura que buscaba mantenerse en el poder. Al seguir rigiéndonos por la misma le quitamos futuro a nuestra democracia. La ideología de la constitución que nos rige, además, es también de carácter neoliberal y prioriza las reglas del mercado sobre los derechos ciudadanos. Hace falta aquí también un movimiento contundente. Estamos a tiempo.