Hace unos días, salió publicado el decreto de urgencia N° 037-2010 mediante el cual se establecen un conjunto de medidas en aras del cumplimiento de las metas fiscales para el 2010 (entre ellas un déficit fiscal de -1.6% del PBI).

 
Cual década de los noventa la herramienta de ajuste es el recorte en el gasto público. Dentro de éste, los proyectos de inversión pública han sido de los más golpeados.
 
Este conjunto de medidas se circunscribe al objetivo de estabilidad macro-fiscal del país. ¿A qué nos referimos con estabilidad macro-fiscal?  A que el Estado no debería gastar permanentemente más de los ingresos que obtiene (no caer en “farra fiscal”) y de esta forma no entrar en una espiral de deuda pública.
 
Ahora bien, en caso un país caiga en una severa crisis de impagos ¿cómo puede retomar la estabilidad macro-fiscal? Hay tres caminos posibles: a) generar mayores ingresos, b) reducir los gastos o c) aplicar simultáneamente los dos caminos previos en un contexto de déficit moderado.
 
Sin embargo, desde los noventa, el recorte o reducción del gasto público ha sido asumido como la medida fiscal por excelencia en aras de la estabilidad macro-fiscal del país. Cual axioma económico se deja de lado la opción de generar mayores ingresos a través de reformas tributarias (por ejemplo, el incremento de la presión fiscal a través de la aplicación de impuesto a las sobre ganancias mineras). Se persiste por el recorte del gasto en un país que adolece de un forado de infraestructura pública¹ y grave desatención de servicios como educación y salud con lo cual se termina perjudicando al bienestar de la población.
 
El caso de la universidad pública
Veamos por ejemplo, cómo bajo esta lógica, quienes resultarán considerablemente afectadas por este decreto de urgencia defendido recientemente por la Ministra de Economía, Mercedes Aráoz, son las universidades públicas del país.
 
En el artículo 3 del mencionado decreto de urgencia se afirma que en los casos de proyectos de inversión pública que no hayan iniciado ejecución, el presupuesto asignado en conjunto a tales proyectos en el presente año fiscal, solo podrá ser ejecutado hasta un veinticinco por ciento de dicho monto global. De esta manera, se recorta el presupuesto para proyectos de inversión de las universidades públicas en un 75% siempre y cuando los proyectos no se hayan iniciado lo cual, traducido en cifras, constituye aproximadamente 424 millones de soles este año.
 
Este recorte tendrá una serie de consecuencias perjudiciales para los alumnos pues las universidades públicas no podrán invertir en equipamiento, infraestructura, comida, atención médica gratuita y actividades de investigación. Pero, a la larga, la perjudicada es también la sociedad pues las universidades son espacios de desarrollo integral y la educación debiera ser un derecho y no un privilegio.
 

¹ De acuerdo a un estudio del IPE, la brecha de infraestructura de servicios públicos en el Perú asciende a US$ 37,760 millones monto que equivale a 30% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2008.