En este artículo analizamos la política de masificación del gas natural del actual gobierno, que implica un giro radical con respecto a las políticas de los últimos 30 años. Es una política con impacto en el mediano plazo. Antes, analizamos las implicancias del reciente Decreto Supremo que “devuelve” al balón del GLP envasado al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que debería reducir su precio de venta al público. Esta politica es de impacto en el corto plazo, a la que se agrega el subsidio del FISE.

El corto plazo

En las últimas semanas el precio del balón de GLP se ha encarecido y golpea la economía de los sectores de menores ingresos -llega hasta 60 soles en la sierra sur-. Por ello, el 6 de setiembre el gobierno promulgó el DS-023-2021-EM para que el GLP regrese al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), de donde fue retirado por el anterior gobierno en abril del año pasado. 

Esto va a producir una rebaja de su precio, más aún debido a que el Consorcio Camisea, principal productor de GLP en el Perú, anunció su adhesión al FEPC. De esta manera, estima que habrá una baja de 36% en su precio de venta de 38 soles por balón de 10 kilos. Esto equivale a una rebaja de 13 soles. 

La cuestión es que la cadena de valor no termina allí, pues ese GLP todavía tiene que ser envasado (a balones) y después viene la comercialización mayorista y minorista. Son esos márgenes los que deben también reducirse para que la rebaja del precio del Consorcio Camisea se traslade íntegramente a los consumidores. 

Debe quedar claro que esta es una medida de corto plazo, que alivia hoy a los consumidores, pero que no ataca el problema de fondo: que los hogares dejen de consumir GLP. Y eso se logra con la llegada del gas natural de Camisea a los hogares. Pero ya no con los balones de GLP sino con tuberías que llevan el gas directamente a los hogares. 

Es lo que se llama la masificación. Y es la solución porque ese gas es 50% más barato que el GLP y, además, es contamina menos. Además, ese gas tiene precio regulado (no está ligado al precio internacional del petróleo ni del GLP) ya que proviene del Lote 88 de Camisea, que la Shell devolvió gratis al Perú a fines de la década del 90, al no poder concluir un acuerdo con el gobierno peruano para su explotación. 

Dicho esto, también el gobierno tiene previsto que el “vale” de 20 soles que se otorga a los usuarios de bajos ingresos para canjearlo cuando se compra un balón de GLP duplique, por lo menos, el número de usuarios que lo reciben. A fines del 2019, había 1´739,191 usuarios del FISE en todo el país. Esperemos que la ampliación de usuarios del FISE se realice lo antes posible para que más “vales” lleguen a los que más lo necesitan.

Se puede apreciar (ver Gráfico) que Puno tuvo la mayor participación, con el 12.28% del total, seguido de Cajamarca, Cusco y Junín. La menor participación la tuvieron Callao, Ica, Tumbes y Madre de Dios. Nótese que Lima, a pesar de su población, tuvo una menor participación en el vale FISE. Esto se debe a que en Lima hay más de un millón de conexiones domiciliarias de gas natural. Y por ello se consume menos GLP, en términos relativos, que en el resto del país. Lo que debe suceder, entonces, es que “todo el Perú” sea como Lima y tenga acceso al gas en sus domicilios.

Los planes de mediano plazo del gobierno 

Por eso, es una buena noticia que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) haya anunciado, en reciente informe al Congreso, que va a impulsar fuertemente la masificación del gas natural en todo el país. Según el MEM, en el proyecto Siete Regiones (Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica, Cusco y Puno) las conexiones domiciliarias pasarán de 113,535 (en 8 años) a 400,00 conexiones (en 5 años), es decir un aumento del 254% (ver Gráfico # 2). 

Se plantea que primero, Etapa 1, comiencen Ayacucho y Ucayali, donde hay conexiones directas a los yacimientos de gas. En Ucayali están los yacimientos de Aguaytía que producen gas natural (Lote 31-C) de propiedad de Orazul (Aguaytía Energy). En Ayacucho tenemos que el gasoducto que lleva a Lima el gas del Lote 88 pasa “por delante” de Ayacucho; o sea, hay conexión directa. Luego viene Cusco (Etapa 2) y luego las demás regiones. 

Si esto es así, la pregunta del millón es por qué esto no comenzó antes. La respuesta es: porque los sucesivos gobiernos han aplicado, de un lado, el criterio de la rentabilidad económica, dejando de lado la rentabilidad social y, de otro, el criterio de la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. 

Sucede que las ciudades de la sierra no tienen grandes industrias (como sí hay en Lima) para que financien las conexiones domiciliarias. Durante más de 15 años han llevado a cabo hasta 4 licitaciones para que el sector privado invierta, como se aprecia en el primer “anuncio” de esas licitaciones por parte de Proinversión, que data del 2005. Sí, del 2005. Y no encontraron postores, desde esa fecha hasta hoy. Lógico, hay rentabilidad social, no económica.(1) 

Hace poco, el saliente ministro de Energía, Jaime Gálvez, declaró: “Los intentos de colocar este proyecto a través de Proinversión no han resultado. Nosotros preferimos llegar hasta el final del proceso para documentar que no hay un interés económico suficiente del sector privado por el proyecto y, por lo tanto, habilitar al Estado peruano a que en forma subsidiaria lo pueda hacer. Queremos con la inversión pública avanzar ya en la construcción de las redes en estas 7 regiones” (“Las mineras ya habituadas al Perú, no se asustan (de un impuesto)” La República, 18/07/2021). 

Ahí lo tienen. El Estado solo interviene “subsidiariamente”, cuando los privados no se interesan. Eso les ha tomado 15 años, durante los cuales la población de las 7 Regiones pudo haber accedido al gas natural (y sustituir al caro GLP). Y también pudieron haber accedido al gas natural vehicular (GNV), que es 50% más barato que la gasolina. Eso fue lo que hicieron Argentina, Bolivia y Colombia.

Esto viene de la mano con la rentabilidad económica, para lo cual Proinversión siempre buscó que las inversiones en las 7 Regiones sean realizadas por Asociaciones Público Privadas (APPs). No funcionó.(2) ¿Por qué buscaron tanto a las APPs? Porque no querían que una empresa del Estado haga estas inversiones, ya que eso va contra “su lógica” y, sobre todo, contra el Artículo 60 de la Constitución de 1993, que consagra la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Esa restricción no existe en Argentina, Bolivia y Colombia, donde las empresas públicas fueron las impulsoras de la masificación con rentabilidad social. 

Volviendo al MEM, tenemos que su Plan ahora nos dice que se publicará un Decreto Supremo que faculta a Petroperú el desarrollo de las redes de Gas Natural en las 7 Regiones. También contempla un Proyecto de Ley para el impulso a la masificación del gas natural. Es la dirección correcta.

Prevé además el MEM que se invertirán US$ 742 y US$ 242 millones en infraestructura e instalaciones, respectivamente, en un plazo de 5 años. El dinero provendrá del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), que se nutre de recargos en la factura mensual para los usuarios libres de electricidad, así como del transporte por ductos de los hidrocarburos y de los usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos. 

O sea, son fondos propios del FISE. No provienen del presupuesto público (en un siguiente artículo analizaremos el financiamiento con más detalle). Esto deberá realizarse bajo la forma de un “encargo” a Petroperú: el financiamiento provendrá del FISE y no del propio presupuesto de la empresa estatal. 

Conclusión 

Es posible cambiar la matriz energética del país para avanzar hacia las metas que el Perú se ha comprometido en los Acuerdos de París del 2015 sobre el cambio climático. El gas natural es el combustible puente hacia esa transición pues contamina 40% menos que el petróleo. Lo que se necesita es una política que lo lleve a los hogares en todo el Perú, como ha ocurrido en países vecinos. Las políticas de mediano plazo reseñadas aquí van en ese camino pues dejan de lado la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado y toman en cuenta la rentabilidad social. Ambas políticas son la clave de la masificación y esperamos su ejecución en los próximos años. Mientras tanto, ahí están las políticas para “aliviar” los altos precios del GLP en el corto plazo.

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(1) Ver “Recuperar la soberanía sobre el destino de los recursos naturales”, en https://larepublica.pe/economia/2021/04/24/recuperar-la-soberania-sobre-... También en; http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2924

(2) Para un análisis detallado, ver “Hacia una verdadera masificación del gas en el Perú. El fracaso de las Asociaciones Público Privadas”, en:
https://www.desco.org.pe/una-cuestion-de-confianza-serie-peru-hoy-n%C2%B...