Mientras la Ley General del Trabajo se mantiene encarpetada desde hace trece años (se espera su debate y aprobación desde el 2002) pese a que según el ministro Fredy Otárola tiene el 85% de su contenido consensuado entre empresarios, trabajadores y el Estado; la Ley de empleo juvenil o Ley Pulpín fue tramitada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobada por el Congreso en apenas un mes.

Veamos la cronología de los hechos. El 4 de noviembre de 2014 el economista José La Rosa Basurco, Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICP) del MEF envió el proyecto de ley de empleo juvenil al Viceministro de Economía, Giancarlo Gasha Tamashiro, a través del informe Nº 380-2014-EF/62.01

El mismo día, el viceministro Gasha envía el proyecto de ley a la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF y horas después recibe el visto bueno mediante el informe Nº 1358-2014-EF/42.01. La eficiencia de los funcionarios en este caso es admirable pues realizan los tres trámites en un mismo día.

El 5 de noviembre a primera hora el proyecto ya estaba en el Consejo de Ministros listo para ser debatido y aprobado por los ministros, lo que finalmente sucedió y en la noche, ya con el visto bueno de la PCM, fue derivado al Congreso. Todo esto entre el 4 y 5 de noviembre. Ya quisieran otros proyectos de Ley avanzar a esa velocidad.

El 10 de noviembre ingresa a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y el 28 de noviembre logra un dictamen favorable, con la única oposición del congresista Yhonny Lescano, quien presenta un dictamen en minoría pidiendo que se archive el proyecto.

El ritmo vertiginoso de la denominada Ley Pulpín hace que el 3 de diciembre pase al pleno y se apruebe en primera votación con 57 votos a favor, 17 en contra y 8 abstenciones.
El 11 de diciembre (último día de la legislatura del 2014) se realiza la segunda votación, previa exoneración de la junta de portavoces del plazo requerido, y es aprobada con 69 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones.

El Congreso envía al Ejecutivo la autógrafa de Ley de empleo juvenil el 15 de diciembre y de inmediato el presidente Ollanta Humala procede a su promulgación. El 16 de diciembre la "Ley que promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral y a la protección social" Nº 30288-2014, nombre oficial de la Ley Pulpín, es publicada en el diario oficial El Peruano y desde entonces se enciende el debate y surgen las protestas.

Los jóvenes se organizan y el 18 de diciembre realizan la primera movilización multitudinaria contra esta Ley considerada por los especialistas como discriminatoria. Tras cuatro marchas juveniles, finalmente el lunes 26 de enero el Congreso deroga esa ley con 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones.

LOS PROPULSORES

¿Quién o quienes tuvieron el poder para hacer que esta norma vaya a un ritmo vertiginoso en medio de la siempre lenta burocracia estatal?. La pista la podemos encontrar meses antes en los comunicados y pronunciamientos de los gremios empresariales, que no solo cuestionaban la informalidad sino que pedían la reducción de los sobrecostos laborales, entiéndase como el recorte de algunos beneficios de los trabajadores que disminuían sus utilidades.

La actual legislación laboral tiene como base el decreto legislativo 728 que reemplaza la legislación laboral de décadas anteriores. A partir de este marco se desarrollan los regímenes especiales dirigidos a diversos sectores, como las trabajadoras del hogar, los trabajadores textiles, el sector agroindustrial, la micro y pequeña empresa y otros; pero el sector empresarial presionaba por más.

La Asociación de Empresas Exportadoras (Adex) presenta el 6 de octubre una propuesta de reforma laboral en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso en la que plantea la reducción de vacaciones a 7 días al año, reducir gratificaciones a la mitad, y recortar CTS, utilidades e indemnización por despido.

La Sociedad Nacional de Industrias no se queda atrás y, con participación del Ministro de Producción Piero Ghezzi, el 13 de octubre formula una propuesta de reforma laboral para facilitar la contratación temporal y despidos, y también reducir derechos como vacaciones, gratificaciones y CTS.

En respuesta a estas iniciativas, el 15 de octubre un grupo de investigadores, economistas y funcionarios del propio Ministerio de Trabajo suscribieron un comunicado advirtiendo que los gremios empresariales como la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias querían reducir los beneficios laborales.

En noviembre el ministro de Economía Alonso Segura, durante su presentación en el CADE 2014 celebrado en Paracas, se ganó los aplausos de los empresarios al anunciar el proyecto del nuevo régimen de empleo juvenil, asegurando que el principal objetivo era sacar de la informalidad “al futuro del país”.

Queda claro que la Ley Pulpín fue impulsada por los sectores empresariales que, en su afán de eliminar lo que consideran sobrecostos laborales, no tuvieron reparos en utilizar al MEF, a los ministros de otras carteras, a la primera dama Nadine Heredia y al propio presidente Ollanta Humala, como sus principales gestores.