Al cierre de la inscripción de listas para las elecciones locales y regionales tenemos una vez más miles de candidatos, principalmente de movimientos del ámbito inmediato local y regional.

Al cierre de la inscripción de listas para las elecciones locales y regionales tenemos una vez más miles de candidatos, principalmente de movimientos del ámbito inmediato local y regional, que en otra época hubiéramos considerado “independientes”. Los partidos nacionales son nuevamente minoritarios y en muchos casos se esfuerzan por llevar a figuras destacadas del lugar, muchas veces en otros asuntos que no son la política, más que a sus propios militantes. Este no es un fenómeno de estas elecciones sino una herencia del período autoritario fujimorista de los noventas que debilitó – por culpa propia y acción estatal- a los antiguos partidos y promovió, presentándola como más democrática, la multiplicación de movimientos e independientes.

Veinte años después el resultado de esa fragmentación está a la vista. Continúa la carencia de un sistema de partidos a nivel nacional, pero también la organización de escenas políticas locales y regionales, constituidas sobre la base de referentes relativamente estables. Los personajes muchas veces continúan pero las siglas políticas por las que postulan varían a gran velocidad. El resultado hace muy difícil en estas condiciones establecer una relación entre representante y representado, apareciendo la política como el imperio de los que gobiernan por su cuenta, sin mayor contacto con los electores.

Ciertamente, este no es solo un fenómeno político sino que tiene una relación muy directa con el modelo económico en funciones. El retroceso de los partidos ha estado muy relacionado con la masiva expropiación de bienes públicos y sociales ocurrida en los últimos 25 años y con la “base social” que estos suponían. En la actualidad con la informalidad  que alcanza el 74% de la PEA según el INEI y el trabajo con derechos, “decente” como lo llama la OIT, que apenas llega al 12% también de la PEA, es muy difícil estructurar una representación de intereses, a la postre política, que sea sólida. La razón es que el trabajo con derechos, al dar estabilidad y previsibilidad a las personas, es el que organiza intereses y produce integración social. Los intereses organizados en algún tipo de colectivo son representables, la fragmentación en cambio, característica de la informalidad, es muy difícil de representar.

El extremo de la fragmentación de intereses permite –por ausencia de control-  una gran autonomía de la política, lo que crea las condiciones para que esta se convierta en un negocio, es decir, es un espacio privilegiado de corrupción.

Nos toca entonces afrontar el problema por varios frentes. Por una parte el político institucional. ¿Será bueno continuar incentivando los movimientos locales y regionales en detrimento de los partidos nacionales como ocurre hasta ahora? ¿Podrían los partidos nacionales tener una mayor capacidad de ordenar las escenas locales y regionales? ¿Cuáles serían las herramientas para ello? ¿Es la mejor la actual estructura política de presidente y consejos regionales? ¿No sería mejor una asamblea más grande -elegida directamente-  pero con mayores controles sobre el ejecutivo regional?

En el terreno económico igualmente hay necesidad de reformas. Allí los gobiernos regionales se han movido entre la ineficacia en la gestión y la recentralización de los recursos por parte de Lima, lo que paradójicamente ha dejado espacios para la corrupción. Hay necesidad de un esfuerzo por calificar al personal y llegar a un acuerdo de descentralización fiscal efectivo. De lo contrario la descentralización no podrá ser efectiva.

En términos estructurales, sin embargo, las reformas institucionales y fiscales son insuficientes. Hay necesidad de cambios en el modelo económico que recuperen el trabajo, los derechos sociales y los bienes públicos, para que la representación sea posible. El momento de crisis del modelo, sin embargo, al que parece que irremediablemente estamos entrando, así como la aparente debilidad de las fuerzas proclives al cambio, seguramente hará más difícil producir estas transformaciones en un futuro cercano.

Todo ello hace más urgente levantar las banderas de la mejora de la representación afrontando los aspectos institucionales, sociales y estructurales. Es el único camino para revalorar efectivamente la política y convertirla en un principio de esperanza.