“Zurdas y derechas democráticas, relancemos vía Referéndum para decidir Adelanto de elecciones como primer paso de un nuevo proceso largo de Transición Democrática”                

Las derechas conservadoras aterradas de que se adelanten elecciones generales, cocinan con la receta de la fiscal de la Nación, legitimar vacancia golpista en el Colegio de Abogados de Lima. 

Relevo de pruebas

El Colegio de Abogados de Lima, CAL, organizó el pasado 18 de octubre, un diálogo de corte derechista y conservador sobre el momento político entre crisis y salidas democráticas. 

Estos sectores nos siguen disputando desde Lima ante la depresión de la clase política democrática que sobrevalora los resultados electorales municipales, olvidando que en la misma plaza el 75% de limeños y limeñas ha demandado el “Qué se vayan todos”, aunque hayan votado 26% por López Aliaga y en menor porcentaje por Urresti. Sin despreciar este resultado, se nota que le tienen terror a esta silenciosa demanda reiterada en las encuestas de meses anteriores que no fue parte de la votación. 

No cabe duda, entonces que, en el mencionado evento, concluirán en lo mismo: suspender al presidente usando el artículo 115 de la constitución, declarando incluso a la vice presidenta también en vacancia, para ungir al nuevo “Merino”, el actual presidente congresal Williams Zapata. Lo que a todas luces es una de las salidas autoritarias a la crisis. 

Suponen que, con los argumentos de la Fiscal de la Nación, neutralizarían la potencial movilización ciudadana frente al 6% que aprueba sus Pasos Perdidos. Los tiburones confían en pactar con parte de las pirañas en Perú Libre, el propio gobierno, y otros con sus prebendas. Inclusive con el propio presidente Castillo o la propia vicepresidenta Dina Boluarte en modo de Quedémonos –aunque sea suspendidos- todos: la derrama magisterial, pequeños poderes, obras, etc. son prendas en este mercado oscuro. Incluso ya renunciaron dos ex fiscales competentes ante la politización de la nueva titular de su entidad, servidores públicos expertos que vienen derrotando desde los tiempos de Fujimori a la corrupción y autoritarismo.

Pero somos más que eso, tenemos la moral alta y persistiremos en la única salida democrática para que decidamos por vía Referéndum ante su ilegitimidad. Pues el congreso es legal pero ilegítimo para querer –algunos- deshacerse de quien es su aliado presidencial en varias contrarreformas aprobadas y/o para tentar a la vicepresidenta para lo propio. Ambos Poderes deben someterse al Referéndum para que el Poder Soberano defina. 

Las derechas conservadoras -incluidas las derrotadas mafias- sí tienen memoria de nuestra Transición democrática del 2000 a la fecha, son conscientes de lo que el pueblo conquistamos y a lo que algunos de ellos sumaron en dicha gesta. Y con esa claridad se preparan para definir una correlación de fuerzas definitorias al empate electoral de la 2° vuelta del 2021, en que les ganamos con las justas, mínimamente.

Es por ello que podemos y debemos juntarnos los demócratas, hagamos un punto mínimo crítico para articular a quienes ya coincidimos en lo que iniciamos meses atrás como colectivos, Consenso Ciudadano, La Propuesta, Coalición Ciudadana y la propia Conferencia Episcopal, integrándonos con los diversos colectivos locales y regionales respectivos. Se trata de cosechar esa primera línea de acumulación lograda en estos meses del 2022. 

Hemos protagonizado algunas iniciativas, pues logramos que se agende en el congreso tan solo en el mes pasado el Referéndum para Adelanto de Elecciones. 

La pregunta es, ¿Qué se hace en las izquierdas y derechas democráticas, pero también conservadoras? Están fuera del juego. Discuten "la coyuntura", el detalle de votos y asuntos jurídicos y congresales, algunas llorando sus líos municipales/regionales, y otras "su" momento constituyente, desligados de la principal demanda en este año: Qué se vayan todos, cuando se coincide en la vía para que el pueblo decida por Referéndum. 

¿Qué memoria tendrían quiénes dejaron el proceso democratizador de las dos décadas al garete, reduciéndolo y reducidos en sí mismos al breve gobierno transitorio del 2000 y a qué curules y cercanías de gobiernos lograban como "cambio" en las siguientes gestiones electas? 

Ahora, en la reciente crisis desde 2017, al estar irresueltas diversas expectativas ciudadanas y productivas del Perú desde el año 2000, y la crisis neoliberal global, las derechas conservadoras hacen suya la historia de los últimos 22 años -como intentamos de nuestra parte proponiendo preparar condiciones para un nuevo proceso largo de transición democrática- como debieran hacerlo las izquierdas democráticas: recuperar la memoria para aprender, corregir y trascender como oferta democrática. De las autoritarias no esperamos nada, pues son inimputables para ello.                                                                                                           

Así la iniciativa del CAL deviene en correcta. Porque otra cosa es si no estamos en otro panel las izquierdas y derechas democráticas de los 4 Suyos y las nuevas en 20 años es porque nosotros no lo hacemos y no porque es la iniciativa de los del frente. Es por ABDICACIÓN, desubicación histórica, de este lado, por la ineptitud de juntar lo que hemos sumado en estos meses, parte de los colectivos de Consenso Ciudadano, La Propuesta, Coalición Ciudadana, el propio CEAS, y diversas organizaciones en lo local y regional.

Tendrán aliento en el horizonte, quienes cambiando la correlación de fuerzas al 2050, nos preparemos para conquistar un nuevo proceso -largo- de transición democrática, económica, política, intercultural y de justicia transicional, empezando por el corto, breve plazo, de lograr que el propio presidente Castillo se alinee a la demanda ciudadana de “Qué se vayan todos”, y convoque a Referéndum en diciembre de 2022 para decidir nuevas reglas electorales extraordinarias, adelanto de elecciones presidenciales en abril de 2023 y congresales en mayo subsiguiente, culmine su gobierno en julio y asuma lo que la Justicia le debe imponer o absolver, reformas constitucionales -incluyendo la del artículo 117 de la constitución- a cargo de un nuevo congreso legítimo (no solo legal) y nuevo gobierno ampliamente legítimo (no solo parcialmente y legal como hoy) entre agosto de 2023 y julio de 2026. 

El congreso actual es ilegítimo para reformar lo que consulta y requiere la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, más allá de la politización a la que ésta dio como paso, estando cuestionada por probable propia corrupción usando el fuero público a favor de su hermana y de dos mafias investigadas: la de los Sánchez Paredes desde el norte y Los cuellos blancos del puerto, desde el Callao-Lima.

Perú, otra vez nos vemos como en 2000, abriendo nuevo proceso participativo democratizador, económico, intercultural, de justicia transicional, no solo de “institucionalidad política”, corrigiendo las deudas de estos 22 años, con nuevos sujetos por el cambio.