Lo habían amenazado constantemente con mensajes de texto y llamadas anónimas. Le habían exigido que se mude del Callao y que deje su labor como dirigente sindical. Su familia, atemorizada, le pidió que se mudaran. Temían por su vida y no les faltaba razón. Pero Carlos Enrique Malásquez no cedió a las amenazas ni faltó al compromiso que había hecho a sus compañeros desde hace seis años como dirigente del Sindicato de Obreros de Construcción Civil del Callao. Al notar que lo seguían denunció ante la policía que estaba siendo víctima de ‘reglaje’ hace unos días. Aún así, el martes pasado ingresó corriendo al terminal marítimo buscando refugio junto con Humberto Paz y Antonio Noel, ambos obreros de construcción. Fue en vano. Los criminales les dispararon a quemarropa y Malásquez no vivió para contarlo.

Este es el tercer dirigente de la Federación de Construcción Civil del Callao en ser asesinado por sicarios. Pero la situación en Callao se replica en otros lugares del país. Malásquez es el caso número once de dirigentes sindicales a nivel nacional que son asesinados a manos de sicarios. ¿Hasta qué cifra se esperará para tomar acciones efectivas? Luis Villanueva, dirigente nacional de la CGTP, señaló a La República que actualmente por lo menos otros cinco dirigentes sindicales se encuentran en peligro de muerte a nivel nacional.

Las denuncias no son nuevas. Esta alerta sobre el riesgo de los dirigentes de construcción civil a nivel nacional se viene realizando hace mucho tiempo. En julio de este año, el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Mario Huamán, alertaba sobre los 72 sindicatos paralelos que existen de obreros y que se encuentran agrupados en cinco federaciones nacionales. Estos “seudosindicatos” son los que promueven el sicariato y las mafias. Los miembros de los sindicatos reconocidos y con trayectoria son víctimas de esta informalidad.

Pero ¿qué motiva los asesinatos? La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, sindicato de construcción civil que forma parte de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), es la agrupación de trabajadores de la construcción más antigua y grande del país. Los dirigentes de la misma negocian con las empresas constructoras a fin de determinar los términos de contrato y sobre todo asegurarse de que se cumpla el régimen laboral de construcción civil para que los obreros tengan los salarios y derechos acordados. Sin embargo, con la expansión del negocio de construcción empezaron a surgir otros sindicatos. Muchos de ellos se encuentran inscritos y son formales, pero la mayoría de estos actúan como una fachada y se dedican a negociar con las empresas constructoras aceptando trabajar por salarios menores y sin derechos laborales o garantías. A cambio de ello, las empresas que entran en estos tratos otorgan comisiones económicas a los miembros de esas dirigencias, que son en realidad bandas de delincuentes. Este es el negocio en la construcción civil que origina las mafias y los posteriores asesinatos.

Fuentes de la CGTP nos comentaron que hace unas semanas conversaron con Malásquez y este les había contado de futuras obras en el Callao sobre las cuales había iniciado el proceso de negociaciones a fin de que se cumpla el régimen laboral de los sindicalizados. Todo indica que esta habría sido la causa por la cual fue asesinado. Se trataba de varias licitaciones y oportunidades de trabajo.

No obstante, lo que más alarma es la impunidad de la que gozan los perpetradores. Hasta el momento, no se han encontrado responsables de los 11 asesinatos a nivel nacional. Los sicarios y las mafias siguen impunes y las amenazas contra los dirigentes continúan a diario. Huamán afirma que ocho obreros de construcción civil resultan heridos mensualmente por disputas en todo el país. El silencio de las autoridades es de terror, pero el mediático es también elocuente. Los asesinados terminan por ser invisibles ante los ojos ciudadanos y, mientras el silencio continúa, las familias siguen perdiendo a seres queridos sólo por querer trabajar en la formalidad, ganando salarios dignos y con los derechos que señala la ley.