Según el último reporte de la CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina, las IED en Perú se redujeron en un 17% el año pasado en comparación al 2012

Según el último reporte de la CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina, las IED en Perú se redujeron en un 17% el año pasado en comparación al 2012. En este contexto de crisis internacional, las IED están cayendo en general en toda la región, aunque en países como Chile, ésta reducción se dio de manera sustancial: un 29% menos. Lo que debemos resaltar con esto, no obstante, son las siguientes preguntas: si seguimos en el mismo camino, ¿podría pasarnos lo que a Chile? Y si es así, ¿qué podemos hacer para evitarlo?

En las últimas décadas, la inversión extranjera se enfocó en sectores de extracción de materias primas. Según el estudio de la CEPAL, aparentemente las IED en minería serían las que causaron esta disminución por la poca rentabilidad que estas reportan actualmente en nuestro país. Esta menor rentabilidad se dio producto de una caída de los precios internacionales y de los problemas del Estado en sacar adelante estas inversiones. Por otro lado, las IED de otros sectores se habrían mantenido estables. La infraestructura nacional también mejoró gracias a ellas; sin embargo, éstas no fueron las suficientes como para cerrar la brecha de infraestructura que ronda los US$88,000 millones y crece cada vez más conforme la demanda interna del país lo requiere. Sin ella, el crecimiento no podría mantenerse alto.

Otro problema en el que no se han hecho muchos avances es la desburocratización y la reducción del tiempo de los trámites requeridos para la inversión en casi todos los sectores y regiones del país. Esto no sólo reduce la competitividad de nuestro país frente al mundo sino que además limita las inversiones a aquellos proyectos de grandes magnitudes porque son los que más rápido podrían dar rentabilidad y justificar sus altos costos. Las empresas con mayores capitales serían las únicas capaces de llevarlas a cabo pues sólo ellas puedan costear el tiempo de espera por los permisos (a veces más de dos años).

Esto termina restringiendo las inversiones de aquellas empresas privadas extranjeras o incluso nacionales al no poder hacerse cargo de proyectos más pequeños pero necesarios para muchas comunidades. Podríamos decir entonces que en esta década no se aprovecharon las condiciones para poder, en base a la fuerza del boom exportador, cambiar las condiciones de desarrollo económico y social en muchos países, incluido el Perú.

Los casos de Chile y Colombia son similares. Ellos se adelantaron a nosotros en abrir sus economías permitiendo el ingreso de mayores IED; sin embargo, estas se concentraron en sectores extractivos expuestos a los choques económicos externos, por lo que ahora se han estancado o caído. A diferencia de ellos, Brasil tuvo una apertura a todos los sectores por lo que el inmenso acervo de capital que registran no se debe sólo a su gran economía; también se debe a que los sectores industriales se vieron beneficiados permitiendo una reinversión que catalice constantemente su crecimiento.

Un proyecto de inclusión y desarrollo debe tener como prioridades inversiones en el sector transporte y en el sector energético, porque esto debería ayudar a reducir tanto los costos operativos como los de transporte e integración mercantil de las PYMES haciéndolas más competitivas. Es verdad que el Estado no dispone de los recursos suficientes para satisfacer toda la demanda por infraestructura de bienes públicos por lo que las Asociaciones Público Privadas (APP), sin ser la solución definitiva, son alternativas importantes en determinados sectores. Por ello, se debe seguir impulsando el rol del Estado en la promoción de la inversión privada y además tener participación en sectores estratégicos mientras invierte también en mejorar el servicio público en salud y educación.