Estamos frente a un mundo de inflación, inseguridad alimentaria, ruptura de la cadena de suministros, crisis energética y franca competición. La economía internacional en el siglo XXI es altamente dependiente de ciertos productos minerales y combustibles, como ocurre con el Medio Oriente y Venezuela para el caso del petróleo, el denominado “triángulo del litio” entre Argentina, Bolivia y Chile, o el caso del cobre en África (Zambia) y Sudamérica (Chile y Perú). La ausencia o no del suministro oportuno de estos minerales puede paralizar la economía de un determinado país, de una manera superior a la acontecida durante la pandemia del COVID-19. Según información oficial, Asia tenía la mayor producción de minerales, pero con lenta transición hacia América Latina y Oceanía; dejando a África como una región con enorme potencial en el futuro.

Por otro lado, nos enfrentamos a un panorama internacional tendencialmente con precios a la baja, lo que lleva a que las empresas mineras locales solo puedan enfrentar esta situación reduciendo costos de operación (sociales o ambientales). La extrema volatilidad del precio de los minerales tiene como principal razón la caída del tipo de cambio de Bretton Woods en la década de los 70.

En tal sentido, somos países minero-dependientes (exportaciones e ingresos fiscales), con escasa oportunidad de imponer condiciones en beneficio nuestro en el mercado internacional; asimismo, somos incapaces de generar mayor valor agregado a nuestras exportaciones de minerales. La excepción a la regla son cinco países mineros desarrollados: Suecia, Finlandia, Canadá, EEUU y Australia, que además están entre los diez primeros lugares del Índice de Desarrollo Humano (PNUD).

Desde hace varios años, el Perú -como otros países de la región sudamericana- tiene varias vulnerabilidades y fragilidades en materia energética (suministro y producción), que lo hacen dependiente a la importación de combustibles fósiles, particularmente el petróleo. Eso nos convierte en un país muy vulnerable frente a las vicisitudes del mercado internacional, desde los precios, el transporte y las garantías del suministro, además de los problemas de naturaleza ambiental que puede representar la dependencia al petróleo y en menor medida al gas. Asimismo, puede representar un coste adicional respecto de los compromisos asumidos para reducir la emisión de gases de carbono, o por la existencia de una serie de pasivos ambientales como los que ocurren en la Amazonía (caso del Lote 8 en el Marañón).

El gobierno de la señora Boluarte, ha iniciado un proceso de invitación para licitación de nuevas exploraciones y concesiones en la costa norte del país. Sucesivas flexibilizaciones de regulaciones ambientales ocurridas en los últimos gobiernos (recordemos el Baguazo), así como de procedimientos de certificación ambiental, además de las condiciones de tenencia de la tierra por parte de pueblos indígenas impiden un adecuado resguardo ambiental, “para no perjudicar la inversión”. Esa es la situación propia del Perú y de la subregión, pero al mismo tiempo, observamos que hay algunas tendencias internacionales preocupantes, además de las consecuencias del conflicto en Europa del Este, el sistema de sanciones impuesto, y sus implicancias en el funcionamiento del mercado de minerales.

Por otro lado, y de acuerdo a las vicisitudes de la geopolítica mundial, estamos percibiendo una preocupante politización de la minería internacional en distintas escalas y rubros, desde el comportamiento del mercado del cobre, el propio gas y petróleo, que incluyen acciones destinadas a distorsiona el mercado, hasta el tema de los metales raros como el litio y el cobalto, entre los más importantes. Sobre estos últimos es claro que Europa y América del Norte tienen una gran vulnerabilidad por su dependencia hacia los minerales estratégicos para la tecnología de las comunicaciones y otros. De hecho, la garantía de la seguridad de acceso a determinados minerales, se convierte en un asunto de seguridad nacional, como lo es ya para EE. UU y varios países de la Unión Europea para el caso de los minerales raros. A países productores como los sudamericanos, solo nos queda garantizar la privatización de su explotación.

Así encontramos que, en determinadas circunstancias, las potencias hegemónicas occidentales se comportan como un verdadero cartel para la determinación de los precios de un determinado metal; en otras hacen uso de herramientas ilegales para presionar e incidir en el comportamiento de los mercados, cuando no hacen uso de medidas contrarias, para evitar el suministro de un determinado producto. En tal sentido, observamos con preocupación el comportamiento de algunos países desarrollados que resultan trascendentales en la definición de las grandes políticas sobre energía y minería en el mundo, cuyas prácticas concretas -especulación, medidas unilaterales, prácticas concertadas- devienen en una nueva suerte de colonización contra la mayoría de países productores. En unos casos, es conveniente el discurso ambiental, en otros, el discurso de la promoción de la inversión, cuando ambos deben ir en paralelo. Eso es francamente inaceptable.

* Abogado, fundador del CIDDH, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA

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