En el debate sobre reforma política que ha convocado el gobierno de Martín Vizcarra, hay una cuestión central a dilucidar: ¿para qué sirve la reforma?.

Al respecto hay tres respuestas.  Para la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que formó el gobierno y recientemente ha entregado su informe, se trata de hacer funcionar lo que no funciona, es decir el modelo político neoliberal. 

Para el fujiaprismo y otros allegados al poder, que medraron con la democracia de élites de las últimas décadas, no hay necesidad de ninguna reforma porque cualquier cambio pone en riesgo su “modus vivendi” que les ha producido ingentes ganancias en los últimos años.

Para la izquierda y el progresismo se trata de una oportunidad. Mejorar el funcionamiento del régimen democrático es bueno siempre y cuando nos de los recursos para transformarlo. Esto significa pugnar porque se produzcan reformas que abran el sistema político, para que nos permitan pasar a un siguiente momento de la democratización del Perú. Es decir, de un momento de subordinación que la izquierda ocupa en el régimen político neoliberal, a la apertura de un proceso constituyente que nos permita plantear al país y formar una mayoría nacional a favor de una Nueva Constitución y una Nueva República.

La apertura del sistema político supone dos cosas: la posibilidad de registrar nuevos partidos políticos y la derogación de la abultada legislación de criminalización de la protesta. Una va con la otra, el desarrollo de nuevos partidos supone movimientos sociales con capacidad de movilización, de lo contrario solo tendremos partidos como franquicias electorales, sin capacidad de organizar alternativas políticas en la ciudadanía.

Muchas de las propuestas de detalle también son importantes y pueden contribuir al camino de la democratización política, en especial las relativas a las elecciones primarias, el financiamiento público y el control político de los representantes; pero siempre que confluyan con la apertura del sistema.

Aquí el eje es terminar con el recojo de firmas como requisito para registrar un partido, para reemplazarlo por un número de comités que pueda expresar más adecuadamente la participación ciudadana y el funcionamiento de la organización política. Esto debe ser complementado con las elecciones primarias abiertas que señalen un mínimo de participación ciudadana en las mismas para que estas puedan ser validadas y el partido, con apoyo popular expresado en las urnas, pueda ir a una elección general.

La reforma, sin embargo, parece haber perdido fuelle en las últimas semanas. El nuevo premier Salvador del Solar, pareciera querer conciliarla con el fujiaprismo para conseguir un relanzamiento del régimen en torno a las “reformas de segunda generación”. En esta línea están el plan de competitividad que se basa en la sobre explotación de los trabajadores y el extractivismo sin licencia social como vemos en estos días en Las Bambas. Unas reformas, entonces, ad hoc para que algo cambie en función de que nada cambie.

Debemos evitar esta situación y entrar a disputar la reforma política en función de avanzar a un proceso constituyente. Pero la situación no es tan favorable hoy como era hace un año, cuando la crisis de régimen se mostraba abiertamente a toda la ciudadanía. El oficialismo ha renovado su personal y busca una alianza con la derecha empresarial para relanzar el modelo neoliberal a pesar del agotamiento del mismo. Nos toca entonces ligar reclamo social con reforma política y hacer ver que si la democracia no se come corre el riesgo de desaparecer.

En este contexto urge levantar nuestras propias banderas, sin hacer seguidismo al liberalismo de otras tiendas políticas. Señalando a nuestro pueblo la urgencia del proceso constituyente y la Nueva República para solucionar sus problemas de fondo.