Las protestas contra el proyecto minero Tía María hicieron que el pedido de facultades legislativas pase a un segundo plano, a pesar que tanto el presidente Ollanta Humala como el premier Pedro Cateriano aseguraron que la semana pasada concretarían el pedido para que el Ejecutivo pueda legislar en materia de seguridad, terrorismo, narcotráfico, economía y política social.
 
Cateriano dijo que remitiría al Congreso los proyectos de ley en los que se consignan las materias sobre las cuales el Ejecutivo solicita legislar de manera extraordinaria. El viernes estuvo en el Parlamento, pero solo para informar sobre las protestas en Arequipa y no se refirió a las facultades extraordinarias.

La convulsión social en el sur del país ocupó la agenda ministerial en la semana, por lo que ningún miembro del gabinete tuvo contacto con los voceros de las bancadas en el Parlamento para tratar de convencerlos de apoyar el pedido de facultades.
 
Para los parlamentarios de los diferentes grupos políticos es difícil creer que se atrevan a presentar el pedido para legislar sin haber realizado las coordinaciones del caso y consideran que esta labor debe hacerla el mismo Cateriano, pues tienen claro que la titular del Congreso Ana María Solórzano no tiene peso político.
 
El pedido de facultades no despierta confianza entre los congresistas por lo que, en su mayoría, solicitará que se detalle las materias en que se pretende legislar. Más aún cuando el premier Pedro Cateriano ha manifestado su interés en llevar a cabo un relanzamiento económico y en este punto existe el fundado temor que se dicte una serie de dispositivos que pueda favorecer a las mineras.
 
En materia económica el gobierno ha señalado que requiere facultades para agilizar la inversión pública y privada, y para ello quiere dictar normas que permitan reformar los sistemas administrativos, fortalecer la organización y optimizar los procedimientos de los ministerios, organismos públicos y reguladores. En cuanto a política social el Ejecutivo considera necesarias las facultades para consolidar la reforma en educación, salud, vivienda, saneamiento e inclusión social. ¿Reforma o contrareforma?, decimos nosotros. Muy peligroso que tengan mano libre en este terreno.
 
En seguridad ciudadana, Cateriano consideró indispensable agravar las penas para los delitos de espionaje, traición a la patria e interceptación ilegal de las comunicaciones, así como por la posesión de equipos de interceptación.
 
También se buscará modificar el marco legal de la incautación de bienes muebles e inmuebles y la custodia de los mismos. Asimismo, crear mecanismos judiciales para garantizar el resarcimiento a las víctimas de accidentes de tránsito. Otras reformas tienen que ver con la Ley de extranjería y la Ley de nacionalidad; y la regulación de control de armas de fuego. Todo un menú legislativo que parece de entrada y no de salida.
 
PIDEN PRECISIONES
 
El sociólogo Nelson Manrique teme que con la experiencia de las movilizaciones se busque dar ventajas a las multinacionales, con la finalidad de hacer caja y atraer inversiones, pero yendo a favor de los intereses de la minería.
 
“Las facultades extraordinarias puede generar más polarizaciones debido a que se pretende legislar en temas sensibles como es el económico y social, cuando de por medio está el proyecto minero Tía María”, señaló Manrique.
Los voceros de las bancadas de Acción Popular - Frente Amplio, Rosa Mavila, y de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, han dejado en claro que evaluarán a fondo la solicitud. “Se necesitan precisiones para evaluar cada caso antes de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo”, sostuvo Mavila.
 
En seguridad dijo que se podrían otorgar las facultades, “pero eso no significa que los proyectos no deban verse en el Legislativo" y respecto a las medidas económicas, Mavila consideró que el freno en la economía no solo se debe a factores externos, “sino a que se han dado demasiadas facilidades tributarias a las empresas del sector minero, por ejemplo”.
 
Díaz Dios dijo que el premier deberá explicar al detalle los cambios que pretende realizar y rechaza cualquier posibilidad de condicionar la entrega de facultades a una cuestión de confianza. Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, la solicitud de facultades delegadas debe estar referida a temas específicos y evitar caer en generalidades.
 
Esta semana veremos hasta donde llega la pretensión del gobierno para intentar realizar en un año las reformas que no pudo realizar en cuatro años.