De manera intermitente aparecen comunicados de supuestos defensores de la Democracia, pero que son, paradójicamente, los responsables de la pérdida de su legitimidad. Es decir, son las oligarquías «partidarias» que, en el fondo, defienden solo el procedimiento del «voto popular» (muchas veces fraudulento), para acceder al Poder y luego usufructuarlo en función a sus intereses particulares y no en beneficio del interés nacional. Esta vez han reaccionado, al parecer ante supuestos rumores de golpe, cuando son los que en el Poder y en sus propias organizaciones se comportan con una lógica ajena al principio democrático, comportamiento que, por lo demás, siguen algunas organizaciones de la llamada izquierda tradicional.

CRISIS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO
Soslayar la existencia de este comportamiento ajeno al principio democrático, desvía la atención del problema que realmente existe en la democracia en nuestro país. Los que lo hacen, implícitamente aceptan que el marco constitucional de la democracia no está en crisis. Más allá, entonces, de los rumores, en nuestro país hay una crisis del Estado constitucional democrático.

Aunque crisis similar existe en muchos otros países, en el nuestro adquiere connotaciones especiales por el grado generalizado de corrupción en todos los niveles de la institucionalidad democrática. Por lo tanto, la fórmula de la legitimidad democrática «se halla sumida, como dicen Eloy García y otros, en un gigantesco proceso de degeneración en el que sin que medie un rechazo frontal de la idea que la fundamenta, las cosas no son lo que dicen ser».

La fórmula de legitimidad está alejada de la realidad política y social. Por ejemplo, esta fórmula no incluye el respeto a los derechos de las comunidades nativas y a la preservación ecológica de su ambiente y territorio, ni hace de la consulta previa y la licencia social para la ejecución de proyectos extractivos, los fundamentos de la legitimidad de la democracia. La ruptura entre la teoría y la práctica del constitucionalismo democrático es tal que el principio democrático ha sido abandonado no solo por los gobiernos y representantes elegidoscon el «voto popular», sino también por los «partidos políticos». Los gobiernos operan abiertamente burlando la separación de poderes, penetrando y corrompiendo al Poder Judicial, y vulnerando las aspiraciones de la comunidad nacional que los eligió. En otras palabras, la praxis «política» de los elegidos es un activo desconocimiento y transgresión del principio esencial de la democracia: «un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». El desconocimiento deliberado de este principio de legitimidad de la democracia, al ser convertido en principio estructural del ejercicio del Poder, conduce a la corrupción.

«La corrupción –dice Eloy García, citando la Historia de Florencia de Maquiavelo—es un estadio sociológico de ruina o degradación de la naturaleza original de los ordini en que se articula una comunidad política. (…) La corrupción significa una escisión ontológica entre el ser y sus manifestaciones, inducida por la acción humana. Surge de una mutación del patrón que identifica la conducta social, provocada por un obrar cotidiano que no responde a las prescripciones de sus ordini. La existencia política no se reconoce en una manera de operar que, a la vez, no guarda correlato con lo que dice contener dentro».

Precisamente este tipo de conducta corrupta de los «elegidos» que se aleja del principio democrático, vacía de contenido a la democracia. Con el neoliberalismo se exacerba esta degeneración de la praxis política. Los estados, como diría Todorov, se ponen al servicio de la economía de «libre mercado, con lo cual lo único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder, sino las oligarquías políticas y económicas.

Esta ruptura entre la teoría y la praxis ha propiciado la profesionalización de la política, dando lugar al surgimiento de una «clase política cuya sola existencia –dice Eloy García—ataca la esencia misma de la democracia, causa su degeneración y se convierte en el mayor enemigo de los principios que en teoría debieran inspirar el Estado Constitucional Democrático». Con el neoliberalismo se favorece aún más esta profesionalización. Se despolitiza y privatiza la vida pública, lo que acentúa la existencia de ciudadanos como sujetos pasivos de derechos. No hay reconocimiento de derechos diferenciales para comunidades diversas, ni respeto a la pluralidad cultural.

LOS EJES DE LA REFORMA POLÍTICA
Si se parte de este diagnóstico, entonces no es difícil imaginar reformas político-constitucionales que reivindiquen el principio democrático que felizmente «continúa vivo y que es la sustancia de la fórmula de legitimidad democrática». Los ejes de estas reformas, son los siguientes:

1) Como «la legitimidad democrática se expresa y compendia en la Constitución», hay que crear condiciones institucionales y legales mediante un cambio de la Constitución, para que la legitimidad del poder político provenga del pueblo. Ello implica, entre otras cosas, incorporar mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.

2) Reivindicar el principio de la participación política, desarrollando ciudadanos como sujetos activos de derechos ydeberes. No puede haber ciudadanos súbditos, ni gobernantes soberanos ni representantes elegidos que practican la impostura. El ciudadano, como propietario de su soberanía, debe tener canales para asegurar su participación activa en la discusión y toma de decisiones que atañen a la colectividad, a su vida en sociedad.

3) Transformar el modelo neoliberal. Se tiene que crear un contexto económico y social que haga posible la justicia, libertad, la preservación ecológica, y que funde la legitimidad de la democracia en la licencia social para explotar los recursos naturales.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Específicamente, las medidas de reforma política (véase nuestro artículos del 14/03/2015 y del y 21/03/2015), serían:

a.Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos.

b. Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política.

c. Fortalecer la independencia de los poderes del Estado e introducir el control constitucional de los elegidos.

d. Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes.

Publicado en el Diario Uno. 19 setiembre 2015