Más allá de la no vacancia y del indulto

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Por: 

Francisco Vizconde

LA SITUACIÓN
Es reiterativo afirmar que la crisis política que vive el Perú tiene una historia de tres décadas. Sus principales características visibles son:

  • Debilitamiento de los partidos políticos, alejamiento de la población, escasa y nula formación de dirigentes políticos.
  • Fragmentación política con el surgimiento de centenares de movimientos políticos locales y regionales. Por efecto, fragmentación social desde los espacios locales.
  • Reemplazo del discurso político por las acciones de prebenda, clientelismo, regalos, asistencialismo, “toma y daca”.
  • Privatización del Estado. Uso del Estado para fines particulares. Un caso especial es la norma aprobada por el Congreso para evitar la candidatura de Yehude Simon a la gobernación regional de Lambayeque; es decir, se trata de una ley con nombre propio, pues Yehude tiene la primera opción de ganar en la región Lambayeque y fue indultado por el Gobierno de Valentín Paniagua tras el Informe Lanssier frente a su injusto encarcelamiento.
  • Corrupción en los contratos del Estado (central, regional, municipal) con las empresas privadas, que comprometen a todos los Presidentes de la República dese Fujimori hasta PPK (como el escandaloso caso Odebrecht). Coimas. Sobrevaloraciones. Costos adicionales.
  • Debilitamiento de las instituciones del Estado como los gobiernos (central y subnacionales), el Poder Judicial, Ministerio Público, la Contraloría, el Congreso, entre otros.

A esas características, se añade la incapacidad estatal para resolver problemas cotidianos como el recojo, la acumulación y el destino de la basura; la inseguridad ciudadana; el narcotráfico. Además, de recurrente incapacidad para asuntos como la reconstrucción, deficiente calidad de los servicios Educación y Salud; el poco empleo para la juventud; la baja competitividad productiva entre otros; la pobreza y desigualdad. Los éxitos –como las carreteras y su mantenimiento— son pocos.

¿De qué crisis política se trata? No es la crisis que se reduce a la no vacancia a PPK, el indulto negociado a Fujimori, el pleito entre los dos fujimorismos. No. Es la gran crisis del pacto político nacional que hizo posible la Constitución de la República de 1993 y que inauguró una forma particular de la democracia peruana: el régimen “fujimorista” que combinó autoritarismo – violación de los derechos humanos en lo político y neoliberalismo en lo económico (apertura de mercados con gran inversión externa, énfasis en la liberalización de la economía, bajo desarrollo del mercado nacional, baja diversificación productiva, limitada industrialización, poca inversión en ciencia y tecnología, flexibilización ambiental y laboral).

El actual Gobierno de PPK, que ha retornado a su pasado y opción fujimorista, es el Gobierno de la reconciliación con el fujimorismo, donde cabe un espacio para el sector fujialanista en el Congreso.

La crisis del régimen fujimorista es la crisis del autoritarismo, del neoliberalismo, de las dos alas del fujimorismo, del alanismo, de los empresarios mafiosos, del modelo de liberalización y flexibilización económica.

LA RESPUESTA
Hemos llegado a una situación tal que, por muchos años de crisis, en la población se ha generalizado la desazón y mucha desconfianza hacia la política y los políticos, el aprovechamiento de las ofertas regalonas en las campañas electorales, surgimiento de caudillos locales y regionales que hacen más complicada la fragmentación política y social, así como el debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil y del trabajo comunitario y el auge del espíritu individualista.

Frente a situaciones particulares de la gran crisis política, la respuesta de la sociedad civil en sus diversas expresiones con participación de los grupos políticos se ha reducido a la acción estrictamente reactiva y en la dimensión social, con movilizaciones en las calles, constitución de colectivos cívicos, uso de las redes sociales para la denuncia y la protesta. Con muy poca convicción en organizar respuestas políticas, desestimando que las expresiones y los efectos de la gran crisis son asuntos estrictamente políticos que demandan respuestas organizadas y propositivas de ese nivel.

El torrente democrático frente a la gran crisis del régimen político fujimorista permitió que las movilizaciones sociales lograran el arribo al Gobierno de Alejandro Toledo (Marcha de los Cuatro Suyos traicionada), de Ollanta (la Gran Transformación traicionada) y de PPK (para evitar el ascenso de Keiko Fujimori, permitiendo hoy el arribo de Alberto y Kenji). El brillo democrático de estos gobernantes se opacó en poco tiempo al abrazar los tentáculos de la dimensión económica del régimen fujimorista (neoliberalismo).

El torrente democrático de los sectores sociales y políticos que hoy --como ayer para otros casos-- se movilizan en contra del indulto mafioso a Alberto Fujimori aún no se encuentra con la definición de un proceso convocante hacia un nuevo pacto político nacional que inaugure otra forma específica del régimen democrático. Existe insistencia en un furibundo antifujimorismo que ayer elevó a Toledo y Humala y, hoy, a PPK. El antifujimorismo es insuficiente para abrir el cauce hacia una nueva época con un programa político genuinamente democrático. Persistir en marchas antifujimoristas es llamar a la desmovilización.

LOS EJES PARA EL DESENLACE
Los movimientos sociales y los grupos políticos tienen el gran reto de dar el salto hacia la acción política impulsando el Gran Acuerdo Nacional por un Nuevo Pacto Político, es decir por el proceso hacia la nueva Constitución Política. Frente al agotamiento del régimen fujimorista, se requiere una nueva Constitución para un genuino régimen democrático.

Los movimientos sociales tienen el gran reto de dar el salto hacia la acción social coordinada en torno a ejes democráticos desde las regiones impulsando el Gran Acuerdo Cívico Popular que articule demandas democráticas con demandas de desarrollo local, regional y nacional.

Los partidos políticos tienen el gran reto de dar el salto hacia la conquista de espacios importantes en el aparato estatal local, regional y nacional. Es un reto que compromete a las organizaciones de la izquierda, del centro político y la derecha liberal. Eso requiere de coaliciones electorales democráticas el 2018. Este es el año preparatorio de las elecciones de 2021, donde se pondrá en mayor tensión o la continuidad del régimen fujimorista o el cambio por otro realmente democrático.

 

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