En el Perú existe una grave crisis de representación política. Esto se traduce en que los peruanos, en la mayoría de los casos, no nos sentimos representados por aquellos a quienes elegimos para que sean presidentes, congresistas, alcaldes, etc.
Los vemos como personajes que buscan sus propios intereses particulares y no los intereses del país. Esta crisis de representación tiene como causa fundamental el desinterés de los gobernantes por atender los problemas de las mayorías y su recurrencia en preocuparse casi exclusivamente por los poderosos. Y la frustración crece porque hemos pasado de la dictadura de Fujimori y Montesinos a la democracia de Toledo y García sin que la situación mejore ni sintamos al gobierno como nuestro.
Esta crisis de representación se expresa en el desprestigio de instituciones fundamentales para la democracia como el Congreso y los partidos políticos (en el Perú la confianza en el Congreso es de un 12% y la confianza en los partidos políticos de 11%, según el Latinobarómetro 2008). Este desprestigio tiene su origen, como apuntamos, en la incuria y el personalismo de los políticos, pero ha sido aprovechado por aquellos que quieren una democracia domesticada para minimizar estas instituciones y alejarlas lo más posible de la participación popular. Este es el caso de los partidos “etiqueta” (Cambio 90, Nueva Mayoría, Perú 2000, Sí Cumple) a los que nos tiene acostumbrado el fujimorismo y del parlamento eternamente burlado como le gusta al Presidente García con los TLC que no van al Congreso y su interminable cadena de decretos legislativos.
Pero quizás lo más grave de esta situación es que desde la dictadura de Fujimori y Montesinos se ha desplegado una ofensiva mediática para ahondar en la población este sentimiento contrario a la política y a los políticos, sacando las decisiones importantes de los espacios democráticos. Uno de los temas centrales de esta ofensiva mediática ha sido la imposición de la “razón aritmética” en la conformación del Congreso de la República. Este argumento establecido por el propio Fujimori luego del golpe del cinco de abril de 1992, señaló que el Parlamento era una institución inservible y que si había que tener uno por las exigencias internacionales cuanto más chiquito fuera mejor.
Ello llevó a reducir el Congreso a una cámara y a que el tristemente célebre CCD tuviera nada más 80 representantes elegidos por distrito nacional único. Ya en la Constitución de 1993 se vieron en la imposibilidad de mantener ese número y lo elevaron a 120. Sin embargo, cuando volvió la democracia y para empezar a atender la demanda descentralista se pasa al distrito electoral múltiple, los legisladores se dan con la sorpresa de que era imposible repartir matemáticamente, de acuerdo a la densidad electoral de cada departamento, el número indicado, si es que querían que las circunscripciones más pequeñas como Madre de Dios tuvieran algún congresista. Así, se opta por darle a los departamentos más poblados: Puno, Cusco, Arequipa, La libertad, Áncash, Cajamarca, Piura, Junín y sobre todo Lima, menos congresistas de los que les correspondían para que otros tuvieran alguna representación. Es decir, se prefirió continuar aceptando la falacia de la razón aritmética de que menos es mejor, en lugar de aumentar el número total de congresistas para que todos los peruanos estuviéramos adecuadamente representados.
Vivimos así la paradoja de contar con el Congreso más pequeño de la región andina, siendo el segundo país con mayor población de esta región. Asimismo, como apunta Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, el tamaño del Parlamento peruano es comparable únicamente con el de Israel, Macedonia, Gabón y Senegal, cuyas poblaciones sumadas resultan menores que la población peruana. ¿Cómo es posible que el número de habitantes por parlamentario sea un promedio de 76 mil en la región andina (excluyendo a Perú) y para el caso peruano sea de 206 mil 675 habitantes? (Ver cuadro) Número dehabitantes/electores por parlamentario

Cf. TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. Fujimori, la oposición y las reglas. Lima: Fundación Friedrich Eber, 1999. Elaboración: Otra Mirada
En este contexto, en el Congreso de la República se discutieron una serie de reformas constitucionales durante la semana pasada, entre ellas el tema del número de representantes en el Congreso. El asunto ha despertado opiniones encontradas, muchas de ellas originadas a partir de los brulotes que el gobierno de Alberto Fujimori dejó respecto a la representación en nuestro país. Es indispensable poner este tema en la agenda ya que se trata de una reforma institucional básica que apoya la lucha contra la crisis de representación actual.
Para aumentar el número de congresistas, es preciso trabajar con la información que arrojen los últimos censos y no continuar con cifras predeterminadas y antojadizas. Se ha sugerido ya el aumento del número de congresistas, lo cual es positivo, pues, como mínimo, son necesarios 20 representantes más no solo para el distrito electoral de Lima-provincias, sino también para los 3 millones de peruanos en el extranjero y para los departamentos afectados por la reducción fujimorista.
Evidentemente, no se trata únicamente de un aumento de representantes en el Congreso. La reforma debe ir acompañada de una verdadera democracia interna en los partidos, por la vía de las elecciones primarias abiertas y una mayor transparencia en el trabajo de los congresistas y las bancadas, entre otras reformas necesarias que esperamos lleguen a buen puerto. Abrir el debate al respecto, es fundamental.