De vez en cuando surge la propuesta de concesionar al sector privado las cárceles del país.  Como señala un reciente artículo en “El Comercio” (Bonifaz, 8 de enero, 2013, p. B2) Chile, Honduras y Paraguay han tenido “resultados auspiciosos”.  Pero, desde mi óptica, la pregunta clave es, “resultados auspiciosos” ¿para qué? y ¿para quién?  En Estados Unidos (EEUU), por ejemplo, esta tendencia sigue siendo altamente debatida y no hay evidencia de que la privatización produzca una reducción en los costos para el sistema, mejore las condiciones de los reos, o sea opción más eficaz para el estado.

En primer lugar, no hay que olvidarse de que el objetivo de la empresa privada es de tener ganancias.  No es una crítica, ni una declaración ideológica. Esto es un hecho y en muchos casos podemos ver como el sector privado ha contribuido a la innovación, a buenos productos disfrutados por muchos y a algunos servicios de calidad.  Pero, en lo que a carcelería se refiere, valdría la pena proseguir con cautela en lo que pareciera la fácil transferencia de una labor históricamente pública a intereses privados.  En Estados Unidos, por ejemplo, se puede ver hace tiempo el crecimiento de un sistema altamente punitivo, donde la idea de una real rehabilitación del reo se ha ido perdiendo. Esto es resultado de dos políticas que se ejercen simultáneamente. Primero, la Guerra contra las Drogas, que asegura mano dura en la posesión y/o tráfico de drogas. Por otro lado, están las leyes que limitan la discreción que pueda tener un juez para reducir sentencias largas, considerando edad, condición de arresto, o antecedentes del acusado, obligándolo a implementar leyes altamente estrictas e inflexibles. Un resultado de esto es que EEUU tiene la tasa documentada de encarcelamiento mas alta del mundo. Otro es el creciente protagonismo de las compañías dedicadas a la carcelería privada. Pues en un país donde hay tantos encarcelados, esto es negocio. Y aquí los lobbies de estas compañías, cada vez más poderosas, han jugado un rol realmente insidioso frente a la privatización de las cárceles – uno que apoya la idea de sentencias duras y poco flexibles porque significan mas prisioneros  y, por ende, mas negocio. 

En este contexto, hemos visto los intentos de parte de compañas privadas de conseguir contratos del estado para manejar a una creciente cantidad de cárceles. Pero esto no es siquiera la opción más costo-efectiva, pues finalmente el estado paga dos veces: en primer lugar por el contrato con la compañía, y luego por completar lo que esta no cumplió. Pues lo que “venden” estas compañías son servicios menos costosos, pero esto es solo porque cortan o eliminan a los servicios normalmente ofrecidos por el estado. Al final, el estado termina en muchos casos pagando por los servicios que estas compañías no cubren, y, por tanto, el resultado neto es que estos contratos ni mejoran el trato al reo, ni baja los costos. 

Y esto lleva al tema de la eficacia, pues es evidente que este modelo ni es eficiente económicamente para el estado, ni lo es socialmente. Pues, los servicios no son mejores ni más costo-eficiente y la meta de rehabilitar a los que se pueden rehabilitar se pierde y sigue el ciclo vicioso de personas que entran y salen de la cárcel como de su casa. Tenemos evidencia, por ejemplo, que existe una relación entre la falta de seguro medico de personas recién salidas de la cárcel y su probabilidad de volver a la cárcel.  Es decir, si no hay la rehabilitación adentro, y si al salir del sistema, no hay sistema de apoyo, la evidencia muestra que estas personas vuelven.

El reto principal aquí para mejor manejar al sistema carcelario es de determinar cómo y dónde hacer las inversiones para bajar las tasas de los encarcelados y asegurar los tratamientos apropiados para que las personas que salgan se puedan reintegrar exitosamente a la sociedad. El estado, como representante del ciudadano, tiene esta responsabilidad y deber. La empresa tiene su deber con sus accionistas.