Llama la atención el editorial de El Comercio del domingo 4 de enero de 2015 bajo el título “El negocio seguro de Petro-Perú”, no tanto porque pretenda denostar de cualquier actividad empresarial de la estatal peruana de petróleo, lo que viene haciendo desde tiempo atrás, sino por la oportunidad de su publicación. Resulta que la poderosa Graña y Montero Petrolera (GMP), cuyos dueños están ligados familiarmente al grupo El Comercio, ganó hace pocos días la buena pro para la explotación de los lotes petroleros III y IV ubicados en Talara, región Piura.

La rebelión juvenil en curso tiene un formidable reto por delante: hacer política. El resto de los movimientos sociales en el último cuarto de siglo, sea en dictadura o democracia, se han quedado en el camino. En los últimos años ni el movimiento anti-Conga ni el movimiento contra la repartija pudieron lograrlo. El sistema de domesticación puesto en práctica por el neoliberalismo ha podido más que cualquier grita callejera, pero hoy podría haber elementos nuevos que presagien algo distinto.

Lo que la noche del jueves 18 se vivió en las calles del centro de Lima ha puesto de vuelta y media al gobierno de Ollanta Humala. Unos 20 mil jóvenes y no tan jóvenes salieron a las calles a protestar en contra de la nueva ley del régimen laboral juvenil, “ley pulpín”, mostrando su indignación por el recorte de los derechos laborales que esta norma significa. En coro, el gobierno y los medios concentrados se apuran en criminalizar esta grandiosa movilización, que ya se cataloga como una de más grandes desde la caída del fujimorismo.

“Vamos a darle seguridad a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, a los jóvenes que entran a trabajar por primera vez y que les quieren cobrar 3 meses por derecho de piso. Vamos a hacer respetar los derechos laborales, la estabilidad laboral y no vamos a permitir la explotación de las services. Vamos a trabajar para que tengan estabilidad, seguro. Lo que debe ser un trabajador del siglo XXI y no del siglo XVII. El Perú tiene que avanzar”. Estas fueron las palabras del presidente Ollanta Humala cuando estaba en campaña electoral. Cómo han cambiado las cosas.

El panorama regional post segunda vuelta presenta uno de los mayores niveles de dispersión política de la última década. No hay un hilo conductor que defina ante qué futuros gobiernos regionales estamos. Es más bien, la incógnita, la que caracteriza a la mayoría de las 14 candidaturas triunfantes. Los movimientos regionales siguen ganando elecciones, pero ello no significa necesariamente que se consoliden hacia el 2016. ¿Qué escenario tenemos por delante?

El Informe publicado el 4/12/2014 por UNESCO sobre los resultados de TERCE (Tercera Evaluación Regional de la Calidad Educativa), comienza así en su primer párrafo: “En América Latina y el Caribe, la cobertura y el acceso a la educación han alcanzado un progreso considerable y reconocido internacionalmente. Sin embargo, esto no es suficiente para cumplir con el derecho a la educación.

Con la vigésima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) celebrándose en Lima, diversas interrogantes saltan a la vista: ¿qué se está discutiendo y qué podemos esperar de la cumbre climática mundial más importante del año? Muchas voces han criticado con justeza la incoherencia del gobierno de presidir esta importante cumbre internacional, al mismo tiempo que practica una pésima política medioambiental a nivel interno.

La renuncia de Christian Salas a la Procuraduría Anticorrupción ha generado ciertas sospechas por el momento en que ha ocurrido. Salas, quien fue procurador adjunto durante el periodo en que la Procuraduría se encontraba bajo la dirección de Julio Arbizu, ha mantenido la metodología iniciada por su antecesor y el desafío de llevar procesos difíciles de manejar por los personajes involucrados, muchas veces beneficiados por los medios de comunicación y los poderes fácticos. ¿Hasta qué punto una procuraduría incómoda como la que dirigieron Arbizu y Salas puede ser desbaratada?

Mientras el gobierno insiste en reactivar la economía en base al “cholo barato”, recortando derechos laborales, en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) se van abriendo algunas fisuras debido a que los grandes grupos corporativos - de corte financiero y minero- que forman parte de este bloque empresarial, buscan hegemonizar el manejo de las relaciones políticas de los empresarios con el gobierno.

Estos días son particularmente frustrantes en el debate público nacional. Lo que viene ocurriendo con la Federación Peruana de Fútbol y sus líos internos se ha convertido en el gran tema de debate cotidiano. Me ha tocado subir a varios taxis esta semana y si uno no sabe qué está pasando con Burga y compañía está perdido en el espacio. Lo cierto es que el asunto del fútbol es un tema privado, ¿no?, hasta donde sé se trata de organizaciones privadas que lucran con un deporte bajo un esquema de intereses exclusivamente privados a nivel internacional.