Surgida de las luchas continentales contra el neoliberalismo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) empezó a tomar forma en la llamada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe (Playa del Carmen, México, febrero de 2010). Ocasión que algunos recordarán por el "incidente" entre Hugo Chávez, y el matón colombiano que entonces ocupaba el Palacio de Nariño:

Ministro niega participación en crimen de periodista, pero fiscal dice que fue autor directo y juez le abre instrucción penal como autor mediato.

Hay quienes sostienen que algunos turistas despistados, cuando llegan a Colombia, piden ir a visitar la ciudad de Macondo. Creen que existe y que es posible, entonces, conocer los lugares que habitaron los Buendía. Es tan potente la ficción de García Márquez, que se confunde la mera invención con la pura realidad. Por eso es que se dice que en Latinoamérica basta leer a los novelistas para conocer su historia. Algo semejante está ocurriendo en el Perú con la Fiscalía, o también llamado Ministerio Público: parece una ficción, pero es la dura realidad.

Constituida el 2010 como un espacio de diálogo político y consensos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, realiza en estos días su tercera cumbre en Costa Rica, en un agitado contexto regional e internacional que le impone nuevos desafíos. Concebida como un espacio que la diferenciaba de otros organismos regionales bajo la tutela de los EEUU y España, como la OEA y las cumbres Iberoamericanas, la Celac ha buscado avanzar en esta dirección soberana sorteando las marcadas diferencias políticas al interior de este foro de 33 naciones.

Alan García ha pasado de la defensa al ataque en un intento por posicionarse para las elecciones del 2016. Su candidatura está fuera de toda discusión tanto al interior de su partido como fuera de él. En lo que resta del año lo veremos intentando levantar el 11% de intención de voto que le otorgan las encuestas. La pregunta es cuáles serán sus siguientes pasos, si estos obedecerán a una estrategia nueva o si serán un calco de lo que pasó hace diez años. Todo apunta a que se inclinará por lo segundo.

La derogatoria de la ley Pulpín es un gran triunfo del movimiento juvenil  contra una norma que intentaba profundizar el despojo de derechos sociales a la población, en este caso a los más jóvenes. Es, además, una de las pocas veces que un movimiento social ha logrado en los últimos 25 años, desde que se produjo el ajuste neoliberal de agosto de 1990, una victoria a favor de los trabajadores.

Parece ser que la táctica optada por el gobierno de Ollanta Humala en las últimas semanas es la huida hacia delante. Pero se trata de una huida pobre, insistiendo en los mismos temas y aliados que lo han llevado a una situación de repliegue en este año pre electoral. Insiste en los errores, arma patrañas, insulta y defiende lo indefendible. Por ello la novedad son las formas, aunque estas sean feas, no algún cambio que nos podría revelar una reflexión sobre el fondo de las cosas.

Los problemas que enfrenta la justicia para extraditar a los que huyen de la justicia. Desde Víctor Malca hasta los hermanos de Fujimori.
El pedido de refugio político planteado por Martín Belaunde Lossio al gobierno de Bolivia hace recordar que hay una larga lista de personajes que han fugado del país para evadir la justicia, pero de los que casi nadie se acuerda.

No es reciente la voz discrepante de Marisol Espinoza con el gobierno. El reglaje del que ha sido víctima es el corolario de una serie de desencuentros que ha tenido con los personajes más representativos del régimen como el exministro de Economía Luis Castilla, la primera dama Nadine Heredia, el ministro del Interior Daniel Urresti y la actual premier Ana Jara.

La cuarta manifestación contra la “Ley pulpín”, que dejó como saldo una decena de heridos y unos 50 detenidos, puso al descubierto un uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno. Nos referimos al uso desmedido de bombas lacrimógenas, pero también al traslado de 15 jóvenes a las instalaciones de Seguridad del Estado, un lugar al que solo deberían ser llevados personas que ponen en peligro la paz social. El gobierno vuelve a cometer el error de criminalizar la protesta social mientras insiste en defender una ley políticamente muerta.