Doce años después, no hay quien defienda como suyo este proceso que nació apresuradamente en 2002. ¿Cómo llegamos a esta situación y qué se puede hacer para superarla?

La descentralización del Estado fue la reforma más significativa iniciada en el período de transición democrática, hace ya más de un decenio. Difícilmente podría uno encontrar entonces, o ahora, voces que cuestionen la necesidad de descentralizar profundamente las estructuras gubernamentales y productivas del país. Pero, doce años después, no hay quien defienda como suyo este proceso que nació apresuradamente en 2002. ¿Cómo llegamos a esta situación y qué se puede hacer para superarla?

Hoy, la descentralización está nuevamente en la agenda prioritaria de problemas públicos, especialmente debido a los escándalos de corrupción y violencia represiva en Áncash, junto a problemas similares en otras regiones. La actitud prevalente en la opinión pública hacia el nivel de gobierno regional es casi invariablemente negativa, frente a estos abusos y a una percepción (no siempre justificada) de persistente ineficiencia en el uso de los recursos. La crisis actual ya devino en propuestas al marco legal de la descentralización, sin un debate sustantivo al respecto. A fines de abril la comisión de Constitución y Reglamento aprobó la propuesta de ley de no reelección inmediata de los alcaldes y presidentes de región, que se haría efectiva en 2018 si es aprobada por el pleno.

Hoy, varios expertos critican con más fuerza que nunca los defectos de nuestro supuesto “modelo” de descentralización. Roberto Abusada, uno de los cerebros de las reformas neoliberales de los años noventa, la ha llamado “regionalización destructiva”en una nota de opinión en El Comercio (20/5/2013), y ha cuestionado fuertemente que “en alguna mente desvariada se asentó la absurda idea de que para descentralizar había que crear más centralismo en pequeño –lo que ahora tenemos en cada región…”

Los críticos como Abusada parecen haber olvidado que lo que tenemos hoy no es la concreción de una visión coherente de la descentralización que haya sido propuesta una década atrás, sino el resultado de un proceso trunco, abandonado sin un norte por varios años. En realidad, nunca se terminó de armar el modelo o la “idea”. La verdadera “regionalización” prevista nunca se dio, ni se reglamentó. Los gobiernos regionales instalados en los antiguos departamentos a inicios de 2003 debieron constituir una etapa de transición hacia regiones más grandes conformadas por varios departamentos. Sin embargo, la falta de un liderazgo político consistente desde el nivel presidencial y ministerial, de incentivos reales desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y de difusión de propuestas desde el nivel regional, se conjugaron para que el referéndum de conformación de macro-regiones fracase estrepitosamente en octubre de 2005.

Sí, se avanzó luego con las formalidades de las transferencias de competencias, funciones y recursos, pero nunca más se volvió a discutir seriamente los temas de fondo: el relanzamiento de la regionalización, o las modificaciones fundamentales necesarias para hacer viable en el largo plazo un proceso de descentralización sin regionalización. También crecieron mucho los presupuestos regionales en un contexto de crecimiento económico acelerado, pero esto no fue de la mano de una descentralización fiscal hacia las regiones ni de campañas apropiadas para crear nuevas capacidades de gestión, sino de un esquema de transferencias de canon muy desigual y fuertemente condicionado desde el centro. Más bien, el control sobre estos grandes recursos se ha convertido en un incentivo perverso para buscar consolidar el poder sobre los niveles regionales de gobierno, por parte de elites y mafias.

Son precisamente estos temas de fondo que hoy deberían ser retomados por los principales actores políticos, ya con miras a las elecciones de 2016, en un debate amplio para buscar soluciones integrales en función de políticas de Estado, y no sólo “parches” temporales para apaciguar a las críticas. Necesitamos un modelo de descentralización coherente, que muchos puedan sentir como propio y no como una descentralización de nadie, huérfana, que casi nadie está dispuesto a defender ni atender.