Uno de los problemas que enfrenta el país desde que se reactivó el modelo extractivista en 1990 es haber dado grandes incentivos a la inversión, protecciones como los Contratos de Estabilidad Jurídica, salvaguardas en tratados de libre comercio y exoneraciones de impuestos
sin haber diseñado al mismo tiempo un sistema de consulta y negociación con los pueblos y regiones afectadas por los mega proyectos, sin dar un reconocimiento de sus derechos ni crear un sistema amplio de diálogo y resolución de conflictos.

Ante esta falta, propia de un país con mentalidad de convoy, cuyos gobernantes se dejan llevar por los poderes fácticos, cada empresa ha negociado en privado sus proyectos de inversión y  obtenido así las licencias y permisos del  Estado para luego desarrollar proyectos por su cuenta (a veces coordinando o consultando con los gobiernos regionales), incluyendo sus programas de “responsabilidad social empresarial” y operando en muchos casos a ciegas en un medio social que desconocían.

Al desatarse la ola de inversiones con la bonanza exportadora que se inició en el 2003, los problemas lejos de solucionarse, se han agravado. Este se debe a la falta de respeto del Estado y el interés inmediatista de los grandes inversionistas en un lucro alto de corto plazo, que pone la inversión por delante de las preocupaciones de los pueblos y comunidades. Esto ha  desatado una dinámica de conflictos.

Si hacemos una reflexión del pasado inmediato, notamos que apenas cayó el régimen represivo fujimorista que dio origen a este sistema, la protesta local y regional se convirtió “en la única manera de hacerse oir” por la terca insistencia en mantenerlo. Las propias fallas del Estado y las corporaciones incentivaron entonces la protesta, lo que abrió espacios a posturas radicales, con lo cual la conflictividad escaló posiciones, generando incluso episodios de crisis de gobernabilidad. Para agravar las cosas entró en acción un “chorreo” de rentas que privilegió  ciertas localidades y regiones y dejó abandonadas al resto. De pronto ocurrieron otras protestas para proteger las rentas, agrandarlas o exigirlas, surgiendo incluso disputas entre regiones.

El “Arequipazo” del 2001 fue la primera señal de que el pueblo exigía participar en las grandes decisiones de la inversión privada. Con la llegada del gobierno de García se quiso justificar este sistema con la teoría del “perro del hortelano”. Se argumentaba que las protestas eran planteamientos absurdos de primitivos que “no comían ni dejaban comer” porque se oponían a los proyectos de inversión. Luego vino la suspensión de Majaz y Tambogrande, Tía María y otros, además del Baguazo, lo que colocó en agenda la importancia de la consulta previa y el reconocimiento de los pueblos indígenas.

A partir del 2012, a pesar de haberse aprobado la ley de Consulta Previa, el gobierno de Humala ha perdido una oportunidad histórica de superar este sistema de inversiones como se evidencia  en el caso de Conga, al no ser capaz de exigir nuevos estándares ambientales y de consulta con la población y terminar cediendo a las presiones de la derecha de ver a los dirigentes de la protesta de Cajamarca como “enemigos del Estado” que debían ser reprimidos policial y fiscalmente, para luego girar a una posición de diálogo.

Concluimos que “Conga va”, frase enunciada por el presidente y las idas y venidas del proyecto ahora paralizado, son parte de un viejo problema que requiere ser solucionado. Visto este panorama de manera amplia y tomando en cuenta las principales aristas del problema, observamos que quienes tomaron las decisiones pusieron la carreta delante del caballo. El sistema de arreglo de inversiones a puerta cerrada ya no funciona y es hora de reemplazarlo por otro en un diálogo nacional amplio para evaluarlo, cambiar de postura e ir revirtiendo esta situación, reconociendo los derechos de los pueblos, dando las medidas legales necesarias (entre las cuales falta una Ley de Pueblos Indígenas), negociando con transparencia las inversiones y llamando a un diálogo y negociación con entidades representativas empresariales en lugar de arreglos ocultos con empresas privadas.