Entrevista a Julio Arbizu, Procurador anticorrupción
 
“La pena privativa de la libertad no satisface el cumplimiento de una sentencia condenatoria. La reparación civil supone la indemnización por el daño causado (…). El agresor debe indemnizar a quien fue su víctima para entrar a un escenario de justicia y evitar la impunidad.”
 
 
 
En estos primeros once meses a la cabeza de la Procuraduría Anticorrupción, ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los cuales se ha enfrentado para realizar su labor?
El principal obstáculo de todos ha sido la condición en que encontramos la Procuraduría: un estado caótico y lamentable al borde del colapso total. No encontramos, por ejemplo, ninguna base de datos que nos diera cuenta de cuántos procesos teníamos, cuántos procesados, en qué situación jurídica se encontraban, cuál era la suma total que se había pagado por reparaciones civiles, etc.
 
La constatación del caos nos llevó a instaurar dos oficinas de apoyo dentro de la procuraduría. Una es el observatorio que constituye una unidad de inteligencia que ha permitido sistematizar toda la data que estaba perdida en los expedientes para luego analizarla. De allí hemos podido dar cuenta de cuántas personas tenemos en prisión, cuántas se encuentran prófugas de la justicia, cuántas tienen la condición de reos contumaces, cuántas están no habidas en el extranjero, etc. Como vemos, se trata de datos fundamentales.
 
Lamentablemente, lo cierto es que en los años previos ha habido una dejadez absoluta y una falta de interés por afrontar los procesos con inteligencia y sin esta uno va dando palos de ciego sin posibilidad de priorizar. Además, el principal interés de la procuraduría es la indemnización. Es el fiscal el que se ocupa de las penas. Evidentemente, para acceder a la reparación civil primero se debe condenar al procesado, para lo cual debe estar arraigado en el país y acudiendo a las audiencias.
 
Habló de dos equipos.
Digamos que la ausencia de la data y el convencimiento de que esto debíamos hacer permitió constituirlos a ambos. Uno fue el observatorio y otro es la unidad de análisis financieros que con la data entregada por el observatorio, pudo dar cuenta de los déficits más importantes en el cobro de reparaciones civiles. Asimismo brindó información de ubicación de fondos en el extranjero. 
 
Doscientos cincuenta millones de dólares han sido repatriados al Perú entre el año 2000 y 2005. Luego no ha habido más. Sin embargo hay informes de autoridades de otros países, panameñas por ejemplo, que nos indican que hay más de mil quinientos millones de dólares en movimientos relacionados a personajes de la mafia Fujimori-Montesinos. Sin embargo, nadie había hecho el esfuerzo por detectar los fondos ni traerlos al Perú. Es más, ya se encontraban congelados. Hay un aproximado de 20  millones congelados. Dos de esas cuentas están en Luxemburgo.
 
Te cuento una anécdota.  A dos meses de asumido el cargo fui a París a un evento y conversé con un colega que nos comenta el caso de Luxemburgo y me afirma que en su país hay ocho millones de dólares en cuentas del banco y lo que le parecía extraño es que no hiciéramos ningún esfuerzo por recuperar ese dinero congelado. Además, me comentó que el titular de la cuenta había solicitado una liquidación de intereses hacía menos de un año y estaba tratando, a través de terceras personas, que estos fondos congelados regresaran a su titular, toda vez que no había un reclamo del estado peruano desde hace más de diez años. El titular es Vladimiro Montesinos.
 
Como te digo, cuando llegamos lo que vimos fue una desidia completa y sospechosa. Todo esto mejoró con la conformación de estos dos equipos. Con la data con la que contamos ahora estamos empezando a ejecutar y establecer estrategias y mecanismos para los cobros. Además, proponemos otros como el tema de la muerte civil o el embargo de enceres.
 
Ha habido casos más mediáticos que otros y se piensa que son los únicos. ¿Cuántos casos de embargo efectivo han ocurrido bajo tu gestión?
Ha habido un par de casos con mucha cobertura de la prensa, lo cual está bien. Estos son, sin embargo, los relacionados al secuestro conservativo de los bienes. Es decir, ya no embargar las casas y proceder al remate, sino en la medida en que estas personas dicen no tener más patrimonio que el lugar donde viven pues vamos allí.
 
Esta es gente que ha manifestado renuencia a pagar durante años o que ha pagado cantidades irrisorias y ridículas. Entonces nosotros dijimos, si las casas comerciales o los bancos nos exigen a nosotros el pago de las deudas que tenemos con ellos y si no nos amenazan con embargarnos y si seguimos sin cumplir se meten a nuestras casas y sacan nuestros enceres, por qué el Estado no puede hacer lo mismo. Yo creo que no sólo puede, sino que debe. No solamente lo dijimos sino que lo ejecutamos. Lo solicitamos directamente, en este caso al vocal instructor, que es el juez de ejecución en los casos de las personas que tuvieron derecho ante juicio, y el vocal ordenó los embargos. No ha habido más desde que nosotros pedimos. Están pendientes todavía otros tres.
 
En realidad, esto no es espectacular, simplemente es nuevo. Antes no se hizo. Quizás a la gente le cae un poco radical pero no es nada de eso. Es una herramienta que el Estado está en capacidad y obligación de utilizar.
 

 
Es cierto que hay una revaloración del concepto de “reparación civil”.
Yo celebro que así sea. En este caso el agraviado es el Estado, pero en otros el agraviado puede ser una persona absolutamente desprovista de recursos para reclamar el pago de la reparación civil. Y no sólo hablo de personas relacionadas a delitos contra la administración pública, sino también de víctimas de violaciones, de delitos contra los derechos humanos, etc.
Las reparaciones civiles son importantes. La pena privativa de la libertad no satisface el cumplimiento de la sentencia condenatoria. La reparación civil supone la indemnización por el daño causado. El agraviado no ve indemnizado el bien jurídico que se ha vulnerado con la prisión que purga el infractor. Esta persona tiene que indemnizar a quien fue su víctima para entrar en un escenario de justicia y evitar la impunidad.
 
Vladimiro Montesinos se ha convertido en una especie de ícono de la corrupción en el país. Hace unos días logró la absolución en el caso por tráfico de drogas en el avión presidencial, ¿qué opinas al respecto?
Estoy sumamente preocupado por esta sentencia. Teníamos la expectativa de que esto fuera una sentencia condenatoria. El delito por el que se le acusa es por “tráfico ilícito de drogas” con el agravante de pertenencia a una organización criminal internacional, lo que hubiese dado lugar, en caso de una sentencia condenatoria, que no pudiera solicitar beneficios penitenciarios. Esto tiene relación con la sentencia de Villa Stein que rebaja la pena y retira la calificación de “lesa humanidad”. Así, permite la posibilidad de que este señor en el futuro pueda pedir beneficios penitenciarios porque el delito de “homicidio calificado” permite la concesión de estos previos informes del INPE.
 
Considero que esto tiene un efecto gravísimo pues las condenas más altas a las que se exponía Montesinos eran por los casos de Barrios Altos y tráfico de armas. Nos damos cuenta de que 20 años de sentencia, tomando en cuenta el 2x1, indican que en este momento el acusado podría solicitar beneficios. Felizmente hay una sentencia por el delito de “peculado, cohecho y asociación ilícita para delinquir” (caso de los medios de comunicación). En la medida de que estos son delitos de corrupción, nosotros promovimos la promulgación de un decreto supremo que modificaba el reglamento del código de ejecución penal que lo que hizo fue condicionar cualquier tipo de solicitud de beneficios penitenciarios al previo pago del íntegro de la reparación civil. Vale decir, nadie puede pedir un beneficio, cualquiera que sea, si no ha pagado.
 
Algunos han sugerido que al cobrar como has hecho en el caso de Alberto Kouri, por ejemplo,  se está atacando al fujimorismo.
Yo siento que en algunos sectores puede haberse generado algún estereotipo respecto a mi conducta. Yo soy un tipo pasional. En las entrevistas revelo ese interés  intenso por mi trabajo. También es cierto que en gran medida los procesos que se encuentran con sentencia firme están referidos a la época de Fujimori y Montesinos. Esto podría dar una impresión equivocada de que nuestro trabajo se concentra únicamente a esta época. Hemos buscado revertir esta idea sacando casos nuevos,  hablando de una serie de investigaciones que promovemos nosotros, pero es muy complicado.
 
Finalmente, ¿qué se viene para la Procuraduría? ¿Hay un panorama optimista?
Yo creo que este trabajo provoca todo el tiempo sobresaltos. Estamos demasiado expuestos a la coyuntura y eso nos preocupa a veces. Hay una impresión también equivocada de algunos medios y personas respecto de que nuestro trabajo tiene una dosis o un contenido político. Nosotros somos absolutamente técnicos. Hacemos una evaluación respecto de cada decisión que tomamos. Tenemos un colegiado, como un directorio, que se reúne cada vez que hay que tomar una decisión respecto, por ejemplo, de impugnar o no una decisión. Las decisiones siempre las tomamos con criterio técnico. No estamos pendientes de si mañana esto representará un conflicto para el gobierno, para la oposición o para cualquier otro.
 
Siento que hemos avanzado mucho, sobre todo porque ahora contamos con la data completa. Las herramientas que hemos impulsado nos han permitido superar en aproximadamente 200% el nivel de recaudaciones respecto a años pasados. ¿Por qué? Pues porque ahora la gente viene a pagar, a mostrar que ya pagaron o incluso preocupados y comprometidos a pagar en próximos días. Esta voluntad de pago es una cosa que no había pasado en muchos años.
 
Tenemos además el dinero de Nicolás de Bari Hermoza en el Banco Continental. Todavía hay una pugna con el banco para que este deposite el dinero en una cuenta del Banco de la Nación, pero confiamos en una respuesta positiva pronta dado que el juzgado ya ordenó que se realice este trámite.
 
En el caso de la repatriación de fondos también vamos avanzando. Vimos lo de Luxemburgo que no se había tocado en años. Logramos que la sala le ordene al juzgado que envíe una carta solicitando la repatriación de los fondos y, realmente, era lo único que hacía falta: que el Perú solicitara la plata. Esto ya está. El regreso del dinero es inexorable.
 
Tenemos información de que hay más dinero en Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, etc. Estamos investigando y buscando colaboración institucional o interinstitucional con otros países sin descuidar la parte de litigio que tiene que ver ya no con casos de Montesinos y Fujimori sino con casos que vienen luego, incluidos el gobierno anterior, e incluso este.
 
La intención es participar activamente de estos casos porque lo que nosotros esperamos es que, si hay pruebas de cargo, las personas sean condenadas y paguen la reparación civil que es, nuevamente, importante. Creo que vamos por buen camino.