El 28 de Agosto, tras un mes de anunciado, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley que incorpora un nuevo tipo delictivo en el Código Penal: el “Negacionismo”.

Sus autores no han tomado en cuenta las innumerables críticas que alertan que se vulneran los derechos democráticos fundamentales establecidos en la Constitución, (arts. 2, 4, 5, 51). De aprobarse este “negacionismo”, lo que se hará es debilitar más la democracia, poniéndola en la pendiente de un Estado policíaco autoritario, que pisotee y acabe con los derechos de los ciudadanos.
 
La endeblez jurídica e inconstitucionalidad de la propuesta ya es opinión mayoritaria en el país, tanto que la propia Vicepresidenta, Marisol Espinoza, ha señalado el peligro de la misma. Existe tipificado el delito de apología, que en el balance de derechos restringe la libertad de expresión a favor de otros derechos fundamentales. Pero ahora, con el negacionismo, se amplía la tipicidad del delito: se refiere a las expresiones y en función de afectaciones subjetivas, en las modalidades de negar, aprobar, justificar y minimizar. Lo establece para toda expresión, que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas, y para esconder su inconstitucionalidad, agrega que deben ser expresiones (no actos) idóneas y suficientes para fines (ofender a las víctimas, enaltecer a los responsables, propiciar y adoctrinar para  la violencia terrorista).  
 
Lo novedoso es que se refiere a las expresiones relativas  a organizaciones y violencia terrorista. Y hace una objetable distinción: excluye al terrorismo de Estado, como si fuese solamente “practicas violentas” atribuidas (grupo colina, ejecuciones extrajudiciales, matanzas, desapariciones, etc). Señala que se refiere al carácter distintivo y gravitante del terrorismo diferenciado por “el sustrato ideológico extremista y fundamentalista”, por su “cosmovisión deformada del mundo”.  Sobre esta distinción el PL 1464/2012-PE establece  una herramienta de arbitrariedad general con métodos policiales y vulneración jurídica de derechos.
 
El asunto clave es político, lo que hace más evidente el perjuicio jurídico. Se pretende fundamentar este proyecto del Negacionismo con la necesidad política de hacer frente al terrorismo neosenderista y del derrotado MRTA. El neosenderismo es socio del narcotráfico y busca reactivarse. Repiten el delirante discurso de Abimael Guzmán, mezcla de fundamentalismo genocida, control fascista de poblaciones, y autocracia mesiánica. Aprovechan la despolitización y banalidad de la política, impuesta por el neoliberalismo mediático en la escena pública desde los años 90 y pretenden disfrazarse de conductores de una “guerra revolucionaria”, cuando  eran y son una banda terrorista. El Informe de la Comisión de la Verdad, es el mejor estudio y denuncia del senderismo, que es fundamental en la memoria histórica de la nación, pese a lo cual fue escondido, ninguneado y atacado por la extrema derecha, como parte de la despolitización y la impunidad ante el terrorismo de Estado de algunos grupos.
 
Si ahora pretende activar en la política el neosenderismo, es para aprovechar la despolitización. La impunidad y la corrupción, impuestas como regla de Estado por el Fujimorismo desde el 2000 a la fecha, se ha ido acentuando en su cerrazón del sistema político. Ha limitado el ejercicio de la ciudadanía y la empuja al encierro en la vida privada.  Desde el año 2000, las mayorías han  reconquistado el sufragio como arma de cambios. Cada cierto tiempo, en las elecciones generales votan por el cambio, pero termina gobernando el programa del continuismo. En la representación es casi inexistente un sistema de partidos nacionales que active en la sociedad, cualquiera sea su signo ideo-programático.
 
La democracia peruana esta precaria y endeble, pues la cúspide de poder del actual Régimen Presidencialista, a la cabeza  del Estado centralista y neopatrimonialista, responde cada 5 años a las oleadas de cambio para luego imponer la continuidad, la impunidad con la corrupción y el clientelismo. Se atraviesa un inmenso vacío político, pues la ciudadanía no es sujeto activo en el ejercicio del  poder. Los partidos existentes son membretes que arman clientelas en cada elección, pero no articulan la vida real, y más bien han cerrado el sistema político con la elevación del número de firmas para registrarse, control mediático y de la escena pública, fragmentación de los movimientos sociales. Este vacío de ciudadanía activa, organizada políticamente, es lo que quiere aprovechar el neosenderismo para darle al genocida “pensamiento Gonzalo” máscara de reivindicaciones sociales y reclamos populares.
 
¡Qué mejor favor al neosenderismo que cerrar más aun el sistema político democrático! La extrema derecha en sus afanes autoritarios, trata de  impedir que los ciudadanos sean contingentes activos de la vida política nacional, de reducir los sujetos a clientelas de prebendas.   La imposición de un Estado policíaco con la ley del negacionismo va a establecer la arbitrariedad generalizada, en la cual los corruptos y autores de terrorismo de estado, puestos a la defensiva  estos años, van a aprovechar su impunidad para saldar cuentas con la ciudadanía, y copar más poder. 
 
Es momento de la reforma política democrática, para abrir y mejorar el sistema político de representación, acabar con la impunidad y corrupción en el Estado,  y dar vida efectiva en todos los rincones de la patria a los distintos agrupamientos de la ciudadanía. No se requiere de la  inconstitucional ley del negacionismo para hacer frente a los grupúsculos terroristas.  Ya existe la legislación al respecto del terrorismo y el narcotráfico. Lo que se requiere es la activa participación de la ciudadanía para hacer los cambios indispensables para afirmar el Perú como Nación democrática.