El fallido asalto a Panamericana Televisión perpetrado por la Sunat, por indicaciones de la Presidencia de la República, pone nuevamente al debate un tema tabú: la libertad de expresión en el Perú.
Luego del experimento autoritario del velasquismo con los medios de comunicación en la década de 1970, libertad de expresión ha sido sinónimo de libertad de empresa y cualquiera que cuestionara esta identidad era llenado de improperios y marginado de la mayor parte de la prensa y la TV. Esta falsa identidad ha llevado en la actualidad, salvo muy honrosas excepciones, al escenario monocorde que tenemos en los medios donde todos al unísono lanzan loas al modelo neoliberal, sus TLC y AFP, como el único camino de desarrollo del país.
La tensión entre libertad de expresión y libertad de empresa alcanza su punto máximo en el caso de la televisión de señal abierta. Es preciso recordar que este medio, a diferencia de la prensa escrita, funciona por una concesión que da el Estado de un bien público, el espectro radioeléctrico, que se supone deber ser usado, por los privados que la reciban, en beneficio no solo propio sino también de la comunidad.
La historia inmediata, sin embargo, desmiente este aserto. Fujimori y Montesinos sometieron a buena parte de los medios y compraron sus líneas editoriales. Ello, sin embargo, permitió que empezara a darse un giro a la situación. La ciudadanía empezó a darse cuenta, al exhibirse reiteradamente las miserias de la TV privada, de las relaciones perversas que se establecen entre los medios masivos y el poder político en el Perú. Desafortunadamente han pasado tres gobiernos sin que se haya tomado ninguna acción en el tema.
Paniagua quizás no tuvo tiempo de atender el tema. Toledo pudo hacerlo pero, literalmente, se chupó frente al poder de los medios y al igual que García han preferido comprar el favor de los dueños de la TV a cambio de hacerse de la vista gorda sobre las deudas laborales y tributarias que estos tuvieran. Además, todos han hecho causa común para defender el modelo neoliberal y la democracia limitada en funciones, sino recordemos el secuestro mediático de la TV en las elecciones del 2006, que les permitió inventar y desaparecer candidatos, amigos y enemigos, para defender sus intereses.
La crisis, pareciera que terminal, de Panamericana Televisión no es sino un capítulo más de estas relaciones perversas. Una estación que se vendió bajo la administración Schutz a la dictadura mafiosa y buscó, con Delgado Parker, el favor de los siguientes gobiernos, desarrollando todo tipo de atropellos sin que hubiera autoridad capaz de frenarlo. Para querer terminar ahora, en un acuerdo bajo la mesa, que los releve de sus obligaciones y le entregue el canal a algún amigo del gobierno actual.
Esta situación nos impele a señalar que hay que empezar a debatir nuevamente qué hacer con la televisión en el Perú. La libertad de expresión en manos de estas empresas privadas ha fracasado rotundamente. De igual manera, la mantención de una televisión estatal, canal 7, de lánguida existencia como caja de resonancia del poder de turno, tampoco satisface las necesidades ni las expectativas de la sociedad. Hay necesidad de un nuevo concurso de las licencias de concesión de la televisión de señal abierta, basado en un estricto código de conducta, cuyo incumplimiento suponga perder la concesión. Hay necesidad también de un poderoso sistema de televisión pública, que no esté al servicio del poder de turno, sino de las necesidad de comunicación masiva, no rentables, de la sociedad. En ambos casos la sociedad civil y los partidos políticos deben jugar un papel sustantivo en la regulación del funcionamiento de la televisión. De lo contrario, seguiremos consumiendo la basura a la que ya nos tienen acostumbrados.