Hace unos días, salió publicado el Decreto Supremo Nº 039-2010-EM el cual establece que en los contratos de exportación del gas, el precio de éste no podrá ser inferior al vigente en el mercado interno.

De forma paralela, Lima adolecía de un desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP). Ambos hechos configuran solo la punta del iceberg de un conjunto de problemas de fondo que tiene  que ver con el manejo del tema energético en el país.
 
Lo concreto aquí es que el país ha carecido de una política energética de largo plazo. Al respecto, recordemos que el descubrimiento del lote 88 por parte de Shell-Oil se dio en 1984   -hace más de un cuarto de siglo-. Si bien Shell recién se retiró en 1998, hablamos de 26 años, tiempo en el cual pudo aplicarse una política de incentivos¹ con la cual se hubieran visto superados los costos de conversión y adaptación y por ende se habría desarrollado un mercado local de gas natural que en ese momento no existía. Oportunidad sumamente valiosa si tomamos en cuenta que la inversión de aproximadamente US$ 456 millones realizada por Shell-Oil revirtió a manos del Estado con lo cual el país disponía de una fuente de energía limpia y barata.
 
Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? A la fecha  el componente más importante de la matriz energética del país sigue siendo el petróleo -producto del que somos país importador neto-  que es una fuente de energía altamente contaminante y cuyo precio gira principalmente en torno a las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Como resultado el país presenta una alta vulnerabilidad energética y económica –tengamos en cuenta el impacto del alza del precio de los combustibles en la inflación-  que el Estado busca paliar con el ahora recortado Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
 
Además, hace poco el Gobierno reconoció que el precio de exportación del gas natural (GN) estaba por debajo del mercado interno. Mientras que para el caso del GLP, si bien somos un país “productor” de este bien, el precio local que pagamos por él es uno de los más altos de la región. Incluso se ubica por encima del de otros países como Colombia o Chile que tienen que importarlo. Para colmo, de un día para otro Lima -la ciudad más importante del país-  queda desabastecida de dicho recurso.
 
Con respecto a estos puntos, los “especialistas” del tema quieren llevar la discusión al plano de la economía convencional y dejar de lado la perspectiva integral de la economía política² que en rigor es la perspectiva más apropiada para abordar este tema. Las reservas  de recursos energéticos de un país tienen una creciente relevancia geopolítica en el mundo actual y por lo tanto constituyen recursos estratégicos para el desarrollo sostenido. En ese sentido, resulta legítima la presencia activa del Estado con el propósito de preservar la soberanía energética nacional. Tratar de negar este punto es simplemente no querer ver el problema en su real dimensión.
 
Finalmente, hace poco el ex ministro de Energía Pedro Gamio denunció la existencia de una demanda de gas insatisfecha en el país. Tema que ya se había hecho público desde un buen tiempo. Al respecto Gamio ha planteado como alternativa la recuperación del lote 88 para uso del mercado interno, pero esta solución pasa por un proceso de negociación entre ambas partes. Negociación cuya primera mesa fue convocada por el Primer Ministro –Javier Velásquez Quesqúen-, pero él nunca se apareció en la cita. Ausencia que hace evidente el desdén político del actual Gobierno por asumir frontalmente el problema a sabiendas que el abastecimiento energético y -por ende- las posibilidades de un desarrollo sostenido del país están en juego. ¿Volveremos a perder esta oportunidad?, ¿Dejaremos que esto pase?

¹En función de señales de precios.
²Para mayor detalle revisar: Bowles, Samuel; Richard Edwards and Frank Roosevelt. “Understanding Capitalism. Competition, command and change”.
Third Edition, New York-Oxford, Oxford University Press, 2005.