Después de 37 años de la matanza de Accomarca, rememorando con detalle lo ocurrido, volvemos a asombrarnos y nos preguntamos ¿Cómo pudo ocurrir una barbarie como esta? Todo un pueblo atacado sin clemencia, trasladando consciente y planificadamente a las personas a casas de algunos comuneros donde supuestamente se produciría una asamblea, separando hombres de mujeres y niños a pocos metros de los lugares de reunión, mujeres principalmente jóvenes fueron violadas en presencia de sus padres, hermanos o hijos menores. Finalmente, todos fueron acribillados, acusados de terroristas y luego encerrados y calcinados arrojándoles granadas de guerra.  Solo se conoció oficialmente de esta matanza tres semanas después. Este hecho de sangre ocurrió el 14 de agosto de 1985 y fue perpetrado por patrullas del ejército peruano en la quebrada de Lloqllapampa, distrito de Accomarca, Vilcashuamán, Ayacucho. 

Siempre fue difícil entender por qué ocurrió algo tan grave y que en su momento la indignación no fue muy grande y si fue tan grave por qué no ha podido resolverse en casi 40 años. Las razones van quedando claras, se trata del profundo desprecio racista y clasista que no hemos podido superar en 200 años de vida republicana. Lamentablemente, al parecer las condiciones, los factores para que se garantice la no repetición de los hechos de violencia no han sido construidos y estamos en riesgo de reeditar eventos de crisis y matanzas como las de Accomarca. 

Es decir, las recomendaciones hechas por la CVR en su informe final no han sido implementadas y en el mejor de los casos, no con resultados sustantivos. Tan es así, que el estado de abandono y aislamiento de las comunidades en ámbitos rurales se mantiene. Cuanto pueden haberse trasformado nuestras Fuerzas del Orden, pero el negacionismo se mantuvo y por supuesto el arrepentimiento y el perdón nunca llegaron, por el contrario, a propósito de la elección del presidente Castillo, más allá de sus límites, inconductas y hasta presuntos delitos, ha terminado estimulando, exacerbando  la discriminación racial y étnico cultural, así como la estigmatización política ideológica, el famoso “terruqueo” no solo se da en los sectores conservadores de nuestra sociedad, también en los sectores de centro progresistas y en menor grado hasta en las propias izquierdas.  

La forma como se administró y concedió el acceso a la justicia en este caso de Accomarca fue muy expresivo de este desprecio e indolencia, a lo que se sumó la voluntad impune de los perpetradores a título personal e institucional, la relativización y/o justificación de los hechos y el proteccionismo y reducción o elución de las sanciones. El Subteniente Telmo Hurtado que comandó una de las patrullas, se auto inculpó como autor de la matanza, la justicia militar investiga el caso y con el aval de la Corte Suprema de Justicia el juicio terminó absolviendo a Telmo Hurtado de los cargos de homicidio y solo se le condenó por “abuso de autoridad” a 6 años de prisión. Fue el único militar sancionado por este caso y fue tan leve su sanción que continuó su carrera militar, incluso fue condecorado y ascendido. 

Luego del Informe Final de la CVR que estudió el caso Accomarca entre otros 43 casos recomendando la judicialización del mismo y la sanción de los responsables, la Fiscalía de la Nación acusó a 29 militares como responsables de la masacre. Hurtado se fugó a Miami en el 2002 luego de que las leyes de amnistía aprobadas por el gobierno de Alberto Fujimori fueron anuladas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recién en el 2011 fue detenido y extraditado al Perú e incluido al juicio, un poco antes en el 2008 fue deportado Rivera Rondón, quien también estaba prófugo en Estados Unidos.

Lo relevante de estas declaraciones del Subteniente Hurtado, fue que no solo aceptó haber asesinado a más de 30 pobladores, sino que la matanza de Accomarca fue una orden de los altos mandos del Ejército peruano. Hurtado explicó con claridad que él recibió la orden de matar a todos los habitantes de Accomarca por ser una zona de influencia de la organización subversiva Sendero Luminoso. Es decir, la matanza de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva, fue una política de Estado, fue parte de la estrategia de lucha contra la subversión. 

En agosto del 2016, 31 años después de la matanza, solo 10 miembros del Ejército Peruano fueron sentenciados entre 10 y 25 años de cárcel, de estos 10 militares sentenciados solo 4 están cumpliendo condena: Hurtado, Rivera, Gonzales y un soldado y el resto está con paradero desconocido, según advierte Gloria Cano, abogada de APRODEH. Lamentablemente la mala noticia es que este fallo no tiene carácter definitivo, la sentencia podría ser revocada o anulada luego de ser revisada en última instancia por la Corte Suprema. Podría concluirse que lo que va del proceso de judicialización iniciado en el 2001 (en más de 20 años) solo unos 15 casos han concluido con sentencia firme. Por el contrario, decenas de casos penales pendientes enfrentan la misma demora y dilación que enfrenta el caso de Accomarca o peor aún 1335 investigaciones archivadas, sólo en Ayacucho, por el Ministerio Publico por delitos de secuestro, desaparición forzada, homicidio calificado y violación sexual atribuidos a las Fuerzas del Orden por insuficiencia de pruebas, según (IDEHPUC).  

Lo lamentable es que este no es un caso aislado, quizás es el más emblemático por la gravedad, pero los casos de hechos y crímenes atribuidos mayoritariamente al Estado y las Fuerzas del Orden han trascendido largamente los cálculos del Informe de la CVR, las victimas de desaparición forzada son por lo menos 16 mil y son más de 6 mil lugares de entierro pendientes de investigación y judicialización; y la violencia sexual, fue una práctica muy extendida de la que recién se está hablando, son muy pocos los casos denunciados y no existe la voluntad política para investigar y sancionar ejemplarmente estos hechos. Los familiares exigen sanción ejemplar porque el crimen fue brutal, porque los perpetradores fueron agentes del Estado peruano, y porque “demandar justicia y dignidad por 30 años, es un nuevo crimen del Estado” (Jo-Marie Burt).