La pandemia está poniendo el país de cabeza. Me refiero no tanto a la vida cotidiana, sino al hecho que la crisis pone al Estado como el actor principal y la salud de todos como problema inmediato a resolver. El valor fundamental es la solidaridad, no el individualismo o la motivación al logro material. Vaya cambio. 

En este artículo sostenemos que este giro hacia el Estado y lo social refuerza una tendencia crítica que erosiona un tanto más la legitimidad de los grandes empresarios y su afán de lucro.

Menos control político

El desgaste del prestigio y la influencia empresarial se observan evento tras evento en las crisis que empiezan desde la última elección. Apenas elegido Pedro Pablo Kuczynski el 2016, han ocurrido varias crisis de gabinete (salida de Martín Vizcarra, ministros de educación, gabinete Zavala). Esta inestabilidad era llamada “ruido político” por los empresarios al afectar el “buen clima de negocios”. No pudieron pararla. 

Luego ocurrió una crisis de gobierno con dos fases. La primera fase terminó en la renuncia del presidente-empresario Kuczynski el 2018, que pierde en la pugna con la mayoría aprofujimorista del Congreso. La segunda fase, debido a que prosigue el choque del Congreso con el presidente provisional, termina cuando Vizcarra frena el golpe del Congreso del 30 de setiembre del 2019 que quería “suspenderlo” y lo cierra al caer el segundo gabinete. No olvidemos que la suspensión de Vizcarra y la nueva presidencia de Mercedes Araoz fue apoyada por la Confiep. La crisis se superó al imponerse Vizcarra y organizar elecciones parlamentarias extraordinarias. Estas elecciones liquidaron al APRA y debilitaron al fujimorismo, los principales interlocutores empresariales. El nuevo Congreso se caracteriza por representaciones atomizadas, donde surgen varias agrupaciones y personajes “antisistema”.  

De modo que las conexiones con la presidencia y el parlamento les son menos favorables. Asimismo, el Equipo Especial Lava Jato viene investigando a varios grandes empresarios y se ha atrevido a allanar el local de la Confiep. También entonces las elites tienen menor manejo del Poder Judicial. Están teniendo lo que se llama una “autonomía relativa”.

Ahora bien, otro espacio de poder donde se observan cambios son los medios.  La oligarquía nacional y los ejecutivos de las multinacionales, más la plutocracia profesional que le sirve, mantienen influencia sobre los medios de comunicación privados, pero les es difícil manejar bien la agenda. En la medida que aparecen escándalos de corrupción que no pueden omitir (Lava Jato a partir del 2016 y con una Fiscalía que no han podido desactivarla, y grandes revelaciones de donaciones millonarias bajo la mesa a partidos pro corporativos (los $6.5 millones de Dionisio Romero Paoletti a Keiko Fujimori), se hace difícil que los medios veten estos temas. Los problemas y casos empresariales son demasiado evidentes, y si los ocultan o minimizan, el rival los difunde o aparecen en las redes sociales. En suma, la coyuntura es de menor control informativo de las elites del poder, menos silenciamiento, más casos que se salen “fuera de control”. 

Más metidas de pata 

Habiendo contextualizado las dificultades que enfrentan las elites corporativas nacionales y extranjeras, y sus soportes profesionales para mantener su prestigio e influencia en el pasado reciente, veamos ahora qué pasa la pandemia iniciada en marzo del 2020. 

Un desatino claro ha sido el intento de la Asociación de Fondos de Pensiones Prima de repartirse utilidades por S/. 145 millones. Lo hicieron justo en el momento que se plantea en el Congreso un retiro de fondos para paliar la crisis de consumo a los que se oponen. El yerro ha tenido que ser corregido el 4 de abril al declarar en un comunicado publico que suspenden el reparto.  

Pero el daño reputacional ya está hecho, y refuerza la conocida impopularidad de los fondos privados de pensiones (AFP) y de los grandes empresarios, los Romero en particular, una de las dos mas grandes fortunas del país, además de principal financista fujimorista. Prima es parte del holding Credicorp con sede en el Caribe, propiedad de miles de accionistas, donde destacan algunos grupos peruanos (Romero, Verme) y donde predominan grandes inversionistas extranjeros. Todos ellos, obviamente, esperan ansiosos el reparto de dividendos. No se dieron cuenta que esta normalidad de reparto de riquezas aparece como evidente avaricia. El retroceso de las AFP en este terreno es productos de los comentarios en las redes sociales, hecho indicativo de los nuevos tiempos.

Luego tenemos el lobby de las AFP para evitar que se apruebe la ley del Congreso que permite el retiro parcial de fondos de las AFP. Han tenido que salir “los profesionales” a firmar una carta pública defendiendo este infausto sistema de pensiones. Afirman que lo hacen por “obligación cívica”. Igual el Congreso siguió adelante, indicando un fracaso de los lobbies.

Estos “profesionales”, más que defender intereses específicos (no tienen necesidad de ingresos extra en la crisis del Coronavirus, por lo tanto, retirar fondos no les preocupa), están defendiendo una de las piezas claves del sistema neoliberal. Presionan en paralelo a Vizcarra para que vete el proyecto. En esta batalla de ideas no han faltado los “comentaristas especializados” que, sin informar sobre sus conexiones con las AFP, emiten opiniones contrarias al proyecto en los programas de TV domingueros, porque la propuesta del Congreso “no tiene sustento técnico”.  

Algo de lo técnico ocurre, pero debe contextualizarse. El sistema se sostiene en base al número de afiliados (esa minoría bien empleada) y la cantidad de fondos. Si bajan los dos soportes, afiliados y fondos, las AFP pueden colapsar. Este peligro lo agrava la pandemia con las propuestas de retiros y por la ola de despidos que se viene. Cierto, pero ¿para qué mantener un modelo de pensiones de altas comisiones, enormes utilidades y bajas pensiones para los trabajadores? No olvidemos que muchos de los firmantes de la carta pública contrarias a la reforma de las AFP se han opuesto siempre a toda propuesta de diversificación productiva, de apoyo crediticio estatal a los campesinos, de aumento del salario mínimo, de industrialización, que hubieran ampliado la base de ahorristas porque generan mas oportunidades y empleos. Si pues, hay un problema técnico, pero es tanto de diseño como del modelo económico. 

Vizcarra, haciendo equilibrios, reconoce que el sistema privado de pensiones es fallido, pero posterga su evaluación planteando una reforma futura. Hay, sin embargo, algo que remarcar. Que un presidente (por primera vez desde que se fundara en 1994) diga públicamente que ha ocurrido abusos (altas comisiones, falta de opciones del pensionista) ya es un avance. 

Despidos y desempleo 

En medio de la crisis de salud, la Confiep, el sindicato empresarial donde predominan banqueros y mineros, pide, entre otras cosas, al Ministerio del Trabajo que le permitan despidos automáticos: “Sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa”. Afirman que la ley los respalda, pero lo piden que las autoridades muestran “tendencia es a la sanción al empleador que las aplica”. Esta última propuesta de la Confiep, la más importante de una serie de ocho, ha puesto los pelos de punta a los trabajadores. Gerónimo López, secretario general de la CGTP, no ha tardado en reaccionar: “creo que, en estas circunstancias, los empresarios no pueden dejar a los trabajadores desamparados”, declaró en Ideéle Radio. 

Como corresponde al status de poder fáctico de los grandes empresarios, el gobierno evaluó presto las propuestas y dio un decreto. Vizcarra terminó cediendo en gran parte, desoyendo a la CGTP, escuchando a la Confiep atentamente, pero sin aprobar el despido masivo. En su lugar, aprobó la “suspensión perfecta” por varios meses, con trabajadores pagados con sus propios recursos o del Estado. 

La Confiep “ha sacado la garra” en la crisis, buscando aprovecharla para despedir a sindicalistas, o trabajadores con antigüedad, para luego, cuando la economía rebote, recontratar a otra hornada más joven, con salarios más bajos. Cabe señalar que en marzo no se renovaron 80,000 contratos a plazo fijo. La impopularidad de los dueños del Perú crece. Tienen corona y están afectados por el virus del lucro, que es incurable si no lo contienen el Estado y la sociedad civil. Es la única vacuna … y hay que renovarla porque el virus no solo mata sino muta.

Cabe comentar que la Confiep se presenta como “gremio de cúpula del sector empresarial y del Sector Empleador en su conjunto”. Ojalá así fuera. En realidad, tiene bajísima representación de pequeñas y medianas empresas formales (PYMES) que son el 80% o más del total de empresas. Y en cuanto al empleo, el sector formal no llega ni a 30% de la Población Económicamente Activa. Quienes ofrecen más empleo, formal e informal, son las PYMES. De modo que la ayuda y las políticas públicas de emergencia deberían concentrarse en este sector. En realidad, se debe invertir la política de promoción del Estado. El Estado debería apoyar la organización de PYMES a nivel nacional y regional de manera activa, ofreciendo apoyo crediticio, tecnológico y de otro tipo a cambio de filiación, pero respetando su autonomía, para que tengamos un sistema de representación menos cupular y más popular. 

En suma, todos estos líos, escándalos, golpes, desaciertos y demandas laborales extremas apuntan a reforzar la crisis reputacional por la que pasan los grandes empresarios y su confederación. Por las razones expuestas, se abre la posibilidad de reformas económicas, sino integrales (cambio de modelo, lo que requiere una crisis de régimen político), por lo menos parciales.