La empresa dueña del proyecto minero Ariana acaba de sacar un comunicado, a toda página, en el diario La República (20 de enero de 2020) en el que afirma que hay una coalición de intereses, liderada por la institución CooperAccion, que busca afectar la institucionalidad jurídica del país y de todo el sector minero. Tremenda acusación. 

A continuación, vamos a precisar por qué vemos con preocupación que este proyecto se instale en la principal zona productora de agua para nuestra ciudad. En todo caso, lo que realmente importa es que la población de Lima y Callao se informe y coteje las diferentes posiciones; por supuesto nos parece muy bien que la empresa exponga su posición, pero al mismo tiempo esperamos que muestre un poco más de tolerancia en relación a otros puntos de vista.  

El proyecto Ariana, Sedapal y la supuesta campaña de desinformación 
La ficha técnica de Ariana habla de un proyecto polimetálico de socavón, que se ubica en la provincia de Yauli, Junín, precisamente en la zona donde se ubica desde hace décadas el Sistema Marcapomacocha, que como se sabe abastece de agua a la población de Lima y Callao. Forma parte de toda esta infraestructura, el Túnel Trasandino Cuevas Milloc, que permite el trasvase de aguas de la cuenca del Mantaro a la del Rímac. Precisamente, en una zona próxima al Túnel Trasandino, se pretende construir instalaciones como la presa de relaves de la mina Ariana.  

Desde un inicio hemos insistido en que no somos los únicos que estamos preocupados por la construcción de este proyecto. En relación a la preocupación que ha mostrado SEDAPAL sobre Ariana en varios momentos, podríamos citar una larga lista de comunicaciones enviadas al Ministerio de Energía y Minas, al despacho de la congresista Marisa Glave, diversos informes de las propias instancias de Sedapal y otros informes encargados a consultoras, etc. 

En el pronunciamiento, la minera Ariana señala que desde el año 2014 han coordinado y compartido con Sedapal, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), los resultados de estudios “que demostraron que no habrá impacto o peligro alguno sobre dicho túnel” (se refieren al túnel transandino). Además, señalan que se atendieron todas las preocupaciones de Sedapal. Sin embargo, posteriores comunicaciones de Sedapal al propio Ministerio de Energía y Minas no se condicen con los dichos de la empresa. 

Por ejemplo, en una comunicación que envía el Gerente General de SEDAPAL -el 7 de agosto de 2019- a la Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, afirma que han definido unos términos de referencia que contienen los estudios, “que a criterio de Sedapal, deben ser realizados por una consultora de prestigio internacional, para garantizar la no afectación de las operaciones del Proyecto Minero Ariana sobre la infraestructura física del Sistema Marca, incluyendo el Túnel Trasandino Cuevas-Milloc; es decir, sobre la confiabilidad en la cantidad y calidad del agua que se trasvasa a la ciudad de Lima para su abastecimiento”. 

¿Esto se condice con lo que afirma la empresa en su comunicado? ¿En Sedapal se sienten tranquilos y todas sus preocupaciones han sido atendidas, como señala Ariana? ¿No hay  preocupación por las posibles afectaciones o por riesgos potenciales de las instalaciones de Ariana sobre la infraestructura del Sistema Marca? 

Finalmente, también debemos señalar que aumenta nuestra preocupación cuando nos  enteramos de los antecedentes de la empresa en otras zonas del país. La dueña de Ariana, la empresa Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca y como señala un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (6 de enero de 2020), “Quiruvilca no sólo ha sido invadida por centenares de mineros informales de La Libertad y Cajamarca, sino que se ha convertido en una fuente visible de contaminación para el río Moche, debido al abandono de las labores de remediación ambiental que debieron ejecutar los dos últimos operadores de la mina: Southerns Peaks y el boliviano Luis Sáenz”. Basta revisar las respectivas resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para confirmar lo que se dice en la nota de El Comercio.