En días pasados (29/08/19), la cancillería peruana emitió un comunicado rechazando y condenando el reinicio de la lucha armada en Colombia por un sector de las FARC, por ser “una clara violación de los acuerdos de paz de 2016.” Asimismo, condenó a toda forma de terrorismo, a los grupos criminales y el narcoterrorismo. El comunicado termina dando “su firme respaldo a los esfuerzos que realiza el gobierno colombiano para la implementación del Acuerdo de Paz”.

De otro lado, también el 29 un grupo de parlamentarios de la región, reunidos en la Argentina (Cumbre de las Américas de Legislaturas Transparentes) opinó sobre el mismo tema, pero en un sentido un tanto distinto. En un comunicado de este grupo, se solidarizan con el pueblo colombiano, pero no con el presidente Iván Duque. No hablan de amenaza de grupos terroristas sino de amenaza de “grupos irregulares”. Finalmente hacen un llamado a los “gobiernos democráticos a mantenerse vigilantes para evitar que los enemigos de la paz utilicen los territorios latinoamericanos para albergar irregulares”. El comunicado firmado, entre otros, por el congresista peruano Jorge del Castillo, afirma además que Nicolás Maduro es un “dictador” y expresa su respaldo a Juan Guaidó.

El New York Times (30/08/19) por su parte también tiene una interpretación diferente del tema. Sostiene que la causa del retorno de la violencia en Colombia es “principalmente por el poco apoyo político que ha tenido el acuerdo (de paz) tanto en Colombia como EEUU, desde que Iván Duque y Donald Trump llegaron al poder en 2018 y 2017 respectivamente. Ambos presidentes, con actos y omisiones, han socavado las posibilidades del éxito del pacto”. El NYT también acusa al presidente Duque de haber “hecho poco para frenar la ola de asesinatos de líderes sociales y guerrilleros desmovilizados y ha permitido que muchas de las reformas establecidas en el acuerdo de paz carezcan de fondos o tengan recursos insuficientes”. Ya en junio de este año una comisión del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas que visitó Colombia expresó su “preocupación” porque la paz en ese país estaba “en riesgo”.

Colombia es pues un laberinto político que exige un análisis más complejo. Este país vive una guerra civil desde hace más de 70 años que comenzó con el llamado “bogotazo” en 1948 y que hasta ahora no se detiene. Lo que cambia son los actores en medio de esta guerra. En este contexto la decisión, discutible, por cierto, de Iván Márquez (el segundo de las FARC y negociador del Acuerdo Paz) de reiniciar la lucha armada está vinculada no solo al bloqueo (o fracaso) del Acuerdo de Paz sino también a que empezaba a repetirse la experiencia traumática que se en vivió con la Unión Patriótica (UP). El propio Iván Márquez ha dicho que “no repetiremos la experiencia de la Unión Patriótica”. Márquez ha anunciado el nacimiento de un nuevo grupo político clandestino: “Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia”  

En la década de los ochenta cómo parte de la negociación entre la FARC y el gobierno de entonces, nació la Unión Patriótica (UP), expresión política de las FARC y de otros grupos de izquierda, para participar pacíficamente de los procesos electorales. Sin embargo, desde su nacimiento y en la década de los noventa la UP fue diezmada políticamente. Fueron asesinados dos candidatos presidenciales, cinco congresistas en ejercicio, once diputados, 109 concejales, ocho alcaldes y entre tres mil y cinco mil militantes de esa organización, por los grupos paramilitares de ultraderecha, las mismas FFAA y Policiales y por grupos de narcotraficantes entre el 80 y 90; otros miles de militantes de la izquierda se fueron del país en esos años por el temor a ser asesinados. En el año 2014 la Fiscalía declaró estos crímenes como delitos de lesa humanidad. Un año antes el Consejo de Estado colombiano reconoció que lo sucedido con la UP fue un exterminio político. 

Sin embargo, lo más importante de esta crisis son sus posibles consecuencias internacionales. El mismo día en que Márquez anunciaba el regreso a la lucha armada, el presidente Duque afirmaba: "Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro". Lo mismo dijo del ELN luego de romper las negociaciones de paz que el expresidente Santos inició con este grupo. Un dato importante es que el ELN “opera” en la frontera colombo-venezolana. 

A inicios de agosto de este año el fiscal estadounidense Zachary Terwillige en visita oficial a Colombia dijo: "Venimos no solamente a reafirmar nuestra determinación, sino a ir más allá en la lucha compartida contra el ELN". Y si a ello le sumamos que el 28 de agosto EEUU anunció la creación de una Unidad de Asuntos de Venezuela en la propia Colombia, no es difícil pensar lo que puede ocurrir. No es nada casual que Venezuela se haya mostrado preocupada por el reinicio del conflicto armado en Colombia.

Según Misión Verdad, colectivo que agrupa a periodistas e investigadores independientes, “la participación de Colombia en una intencionada arremetida militar estadounidense contra Venezuela viene calando como construcción narrativa por sucesivos señalamientos que han venido especialmente desde Colombia, declarando a la nación vecina como un santuario "terrorista", argumento sumamente disonante con las acciones concretas de mediación de Venezuela en los procesos de paz con las FARC-EP y el ELN. Sin embargo, la proyección hacia Venezuela del conflicto colombiano parece venir ahora mediante vías expresas y oficiales, constituyéndose esos elementos como un nudo crítico de alto riesgo para la seguridad regional, umbral y argumentario de una guerra abierta de grandes proporciones” (30/08/19).

Hace apenas unos días Guaidó afirmó que para sacar a Maduro del poder se requiere no una sola cosa sino varias: “Es calle, presión diplomática, alinearse con los factores, apoderarse de las competencias que le arrebatamos a la dictadura, presión financiera, cooperación internacional, el TIAR” (Infobae: 05/09/19).  El nueve de este mes la discutible (por no decir ilegal) delegación de Venezuela ante la OEA (el gobierno de Maduro renuncia a la OEA hace buen tiempo) anunció “que ha pedido la convocatoria del órgano de consulta para la activación del Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para presionar el presidente venezolano Nicolas Maduro” (EFE: 09/09/19). 

El TIAR fue firmado por los países miembros de la OPEA en 1947 y es un típico instrumento de los años de la guerra fría. Parte de que un ataque a cualquier país de la región por otro país extracontinental (en esos años eran los países comunistas) se le debe considerar como un ataque a toda la región. Como sabemos EEUU y otros países de la región acusan a Maduro de permitir la injerencia de nuestra región de rusos y chinos, es decir de países extracontinentales como también de un país comunista: Cuba. 

También en estos días la revista colombiana Semana ha publicado “evidencias” que “probarían” que el ELN y la facción disidente de la FARC recibirían apoyo “logístico y entrenamiento” por parte del gobierno y las FF. AA venezolanos (La República 09/09/19). Demás está decir que todo esto se da en un contexto en el cual el fracaso de una estrategia que cifraba sus esperanzas en derrocar a Nicolás Maduro en la división de los militares, en la presión internacional, en la “presidencia” de Juan Guaidó y en un levantamiento popular, es evidente.  El resultado de este fracaso es como una suerte de invitación para repetir los años sesenta, es decir los peores años de doctrina anticomunista de la guerra fría.    

Hoy Colombia es un campo minado. El reinicio de la guerra por el segundo Iván Márquez, decisión que los dirigentes de las FARC han rechazado y calificado de toda una “vergüenza” y por la que piden perdón, y que posiblemente legitime el discurso ultraderechista de Iván Duque, puede ser en poco tiempo una parte de una guerra mayor en la región o una guerra de “baja intensidad” en la frontera colombo-venezolana. En este contexto el comunicado de Torre Tagle está lejos de contribuir a la paz y más bien atiza el conflicto. Se podría decir que guerra avisada sí mata gente.