En los últimos días hemos asistido a un conflicto entre el gobierno de turno y los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional (PNP) pues se ha puesto de relieve la necesidad de un aumento salarial para las instituciones mencionadas.

La reforma salarial en el Estado es un tema pendiente hace años y, sin embargo, sigue la intención gubernamental por no tocar este asunto de fondo. La demanda militar es la segunda demanda, recordemos a los docentes universitarios, y podrían sumársele reclamos de otros sectores, en breve.
Cuando el Congreso de la República propuso la norma para dar un bono a los militares y PNP, el Ejecutivo se apresuró en observarla pues, por un lado, se cuestionó la constitucionalidad del bono y, por el otro, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Sin embargo, la respuesta más contundente contra esta propuesta vino de parte del MEF cuando la Ministra de Economía, Mercedes Aráoz, afirmó que no había dinero para realizar este aumento. Del mismo modo, la Ministra sugirió que el aumento a las FFAA y la PNP se den en función de los méritos de los efectivos. ¿Cuáles serían los criterios? Varios, pero entre ellos la cantidad de detenciones de cada oficial era un indicador. ¿Es este un indicador serio?
Sin embargo, el asunto de fondo no es si hay o no dinero suficiente para destinarlo a un aumento salarial de las FFAA y la PNP¹, sino a la falta de voluntad política para tocar el tema de las remuneraciones en general y la remuneración mínima vital que desde 1974 a la fecha ha perdido 2/3 de su valor real y que está entre las más bajas de la región. ¿Cómo es posible que un tema que afecta a gran parte del sector público, y en época de bonanza económica, no se haya iniciado una consistente Reforma del Estado que contemple el tema salarial? 
Como afirma Humberto Campodónico en su artículo en La República del 15/02/2010, la contraparte para el capital nacional y el extranjero ha sido la represión salarial. ¿Por qué? Porque esta represión ha permitido que las tasas de ganancia sean mucho mayores a las de los últimos años tanto en países industrializados como en América Latina. En el año 2009, un año de crisis económica mundial, las tasas de rentabilidad de las primeras 1000 empresas fue de 17%, superior a la de los países vecinos. Asimismo, en el Perú entre el año 2002 al 2008 la masa salarial bajó del 25 al 20.9% del PBI y lo mismo ocurre con el salario mínimo.
Para notar el mínimo interés del gobierno de turno para abordar estos temas de fondo podemos hacer un paralelo entre la demanda de los miembros de las FFAA y la PNP con el caso de los docentes universitarios quienes desde hace varios años siguen reclamando la homologación de sus sueldos con los sueldos de los funcionarios del Poder Judicial como indica la ley. El argumento para incumplir la ley con los sueldos docentes es el mismo: no hay dinero. ¿Y los superávit de los años 2006 al 2008? 
Lo que ocurre es que la ideología neoliberal del actual Ministerio de Economía y Finanzas y la del Presidente de la República se centra en priorizar a los inversionistas y grandes empresarios a quienes no solo se les dan todas las facilidades del caso para invertir en el país, sino que se les implementan decretos ad hoc y leyes con nombre propio para que puedan desarrollar sus intenciones con la facilidad del caso. Mientras tanto, el gobierno olvida cumplir con los compromisos pactados para con varios sectores de la población y nos desvían la atención con disputas entre miembros del gobierno y el Vicepresidente Luis Giampietri. Mientras ello ocurre, la reforma integral que el Estado, especialmente la justicia tributaria,  requiere sigue pendiente.
 

¹ Ver artículo de Humberto Campodónico en La República 29/01/2010