Han pasado dos meses y medio desde el discurso presidencial de Martín Vizcarra el 28 de julio. Un mensaje donde el tema de los derechos humanos no fue tocado en su real dimensión, con lo cual había que esperar el camino que este tema seguiría en las esferas correspondientes, es decir, ver que ocurría en el Poder Judicial con los casos que estaban en proceso. En este informe hacemos un pequeño repaso de los hechos ocurridos en estos meses que han significado un punto de quiebre en materia de derechos humanos. 

1. Fujimori vuelve a prisión 
El 03 de octubre, el Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial decidió declarar fundado el pedido de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos para que no proceda el indulto humanitario otorgado por el expresidente Kuzcynski en diciembre del 2017. 

La decisión judicial respondía al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó revisar la decisión presidencial, a partir de las presuntas irregularidades que se dieron alrededor de la polémica gracia. La sentencia del juez Hugo Núñez formaba parte del proceso de control de sentencia que dictaminó la prisión de Fujimori Fujimori por 25 años, de los cuales 10 ya han sido cumplidos. 

Esta orden, significa un punto de quiebre en uno de los casos más simbólicos en materia de derechos humanos, toda vez que es la primera vez que un presidente de la República fue sentenciado por su participación mediata en crímenes contra los derechos humanos. 

2. Urresti absuelto 
El 04 de octubre, el exministro del Interior Daniel Urresti fue absuelto por el colegiado B de la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio en agravio del periodista Hugo Bustios quien fue asesinado por un contingente militar de la base contrasubversiva de Castropampa (Ayacucho) en el año 1988, cuando el periodista fue a la zona junto a un colega para cubrir la denuncia del asesinato de unos pobladores, a manos -presuntamente- de agentes del ejército. 

En el año 2009, ante una decisión de la Corte IDH, el Estado peruano a través del Poder Judicial ordenó la reapertura del caso que había sido archivado. En el 2013 se conoció que Urresti, entonces ministro del Interior, era uno de los coautores del asesinato. 

Tras cinco años de procesos, el Poder Judicial no encontró razones sustentadas en la acusación de la fiscalía para encontrar culpabilidad en el exgeneral  Urresti Elera. Al ser absuelto, tres días antes de las elecciones municipales, el candidato de Podemos Perú pudo continuar en el proceso electoral. 

Sharmelí Bustios, hija del fallecido periodista, lamentó la decisión del colegiado y consideró que la sentencia no se ajustaba a las pruebas presentadas por la fiscalía. Este paso, significaba un serio retroceso en materia de derechos humanos. 

3. Se reafirma sentencia de Accomarca
En septiembre de este año la Corte Suprema ratificó en segunda instancia, la sentencia que en septiembre del 2016 condenó a los militares Telmo Hurtado, Juan Rivera y Wilfredo Mori a 23, 24 y 25 años de prisión, respectivamente. 

Precisamente, la decisión de este año de los magistrados de la Corte Suprema calificó la matanza de Accomarca como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al derecho penal internacional. 

Esta ratificación de sentencia marca un precedente en materia de crímenes contra los derechos humanos, pues por primera vez se impone y ratifica una sentencia a un Comandante General de División de Infantería, como autor mediato del crimen.

Como se recuerda, en 1985 una patrulla militar sometió a 69 pobladores de Accomarca a quienes llevaron al interior de una casa, los encerraron y abrieron fuego sobre la vivienda, para luego lanzar granadas que hicieron estallar el lugar con las personas adentro. Todas ellas, incluidas 30 niños, fueron ejecutados por ser “terroristas” y “futuras amenazas” según relató en algún momento Telmo Hurtado.

4. Banco de datos genéticos
Después del mensaje presidencial, los familiares de las víctimas del conflicto armado interno esperaron que el Ejecutivo apruebe una norma que hace años venía siendo esperada, aquella que promulga la creación del Banco de Datos Genéticos. 
Este banco constituye un instrumento que permitiría la búsqueda de desaparecidos y su posterior reconocimiento, para llevar justicia a los familiares de los más de 15 mil desaparecidos.

En diciembre del 2017, se presentó el Proyecto de Ley N° 2252, Ley de Banco de Datos Genéticos ante el Congreso de la República. Sin embargo, la crisis política generada por los “mamani audios”,  dejaron pendiente la aprobación de esta norma. 

Sin embargo, en septiembre de este año se aprobó el decreto para la creación del Banco de Datos Genéticos que será gestionado por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del sector Justicia.

Estos hechos recientes muestran un vaivén bastante contradictorio en materia de derechos humanos, donde el Poder Judicial actúa de diversas formas y donde el Ejecutivo reacciona con hechos aislados pero que no siguen una política establecida en este campo. Habrá que esperar a ver que más ocurre en este escenario de convulsión política.