Al asumir la presidencia, Martín Vizcarra anunció una serie de aspectos que iban a ser prioridad en la continuación del gobierno iniciado por Kuzcynski. Entre ellos, habló de las mejoras en educación y salud, aspectos que tienen como protagonistas principales a los niños y niñas de nuestro país. 

Las cifras y políticas relacionadas a la atención de la infancia en el país no han sido de las más positivas en los últimos 30 años. Por ello existen iniciativas desde la sociedad civil que buscan promover condiciones mejores de vida para este sector vulnerable de nuestro país. 

Se espera que en la próxima presentación del gabinete presidido por César Villanueva se den propuestas concretas para recuperar un Pacto Social por la Infancia que involucre, no solo al Poder Ejecutivo, sino -como señala la iniciativa Inversión en la Infancia- incluya activamente al Congreso, Gobiernos Regionales y Municipales, así como la sociedad civil y las organizaciones sociales de base. 

Un Pacto Social por la Infancia, plantea una serie de objetivos, entre ellos: 

1.- Acción decidida para enfrentar la Anemia y la Desnutrición Infantil de la población menor de 5 años, mejorando los indicadores de vacunación y seguridad alimentaria desde la primera infancia.En este aspecto, las cifras son duras. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2016, revela que más de 948 mil niños menores de cinco años tienen anemia, enfermedad que se incrementó a 2.6 puntos porcentuales en los últimos 5 años. 

El estudio del INEI, revela que el 33.3% de niños menores de 5 años tiene anemia, y el 43.6% de los menores de 3 años también la padece, siendo el área rural la más afectada pues alcanza al 53.4%.

Estas son las cifras que deben ser cubiertas por una iniciativa multidisciplinaria la cual va relacionada con políticas transversales que involucren a los ministerios encargados de las políticas sociales en el país (lo cual veremos más adelante). 

2. Hacer una apuesta por la educación pública que enfrente las brechas de desigualdad en atención y calidad existentes y que tome en cuenta la diversidad de realidades locales y regionales.

Este año el presupuesto para el sector educación asciende a 28 millones 308 mil soles. 2 millones más que el año anterior. Con esto se atiende a 7 millones 731 939 estudiantes de educación básica... con lo cual se destina 3661 soles a cada alumno, un poco más de mil dólares por estudiante. 

Una cifra bastante lejana de lo que invierten los países que pertenecen a la Ocde, ese grupo que cada vez se ve más lejano para el país. En promedio, estas naciones invierten cerca de 8 mil dólares por alumno. 

Esto, sumado al déficit en infraestructura educativa, producto de -precisamente- escaso presupuesto o mal uso de éste, al destinarlo a iniciativas poco convincentes como la construcción de los Colegios Emblemáticos, o los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) propone que al menos el 6% del PBI sea utilizado para el sector educación. Cerca al bicentenario, esta política se muestra bastante lejana. 

3. Poner en práctica una efectiva descentralización de los programas sociales y de sus presupuestos, potenciando las capacidades de gobiernos regionales y municipales.  (…)

4. Reimpulsar la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales CIAS, incorporando a la sociedad civil y a los congresistas comprometidos con la infancia, para mejor articular y gestionar las políticas públicas en favor de la infancia. Designar a este nivel al representante del gobierno que se constituirá en la autoridad visible y responsable que articule y haga seguimiento a estas decisiones.

Estas dos propuestas van de la mano con la decisión informada la semana pasada por la flamante ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa Huertas, quien informó que se buscará reposicionar el Pacto Social por la Infancia, el cual no tuvo el debido seguimiento desde el año 2016. 

Para ello, este miércoles 18 de abril, se ha convocado a una reunión -reactivación- de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) para profundizar los esfuerzos de los 14 ministerios involucrados en este objetivo.

También destacó que a este pacto social se suma el Ministerio de Defensa con sus acciones de atención directa y traslado a las zonas más pobres y alejadas del país, a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, que empezarán a operar en breve.

5. Abordar en su complejidad el tema de violencia contra la infancia y crear un mecanismo con capacidad de pronta respuesta, para hacer frente a la creciente violencia infantil y la niñez, especialmente de nuestras niñas y adolescentes.

Aquí el trabajo debe ser más activo. Hay avances con la inclusión de acusados de violación de niños y niñas en la lista de “Los más buscados” del ministerio del Interior. 

Las cifras señalan que en 2017 se registraron 25,068 denuncias de abuso sexual, de los cuales el 76% de las víctimas eran niños, niñas y adolescentes. La información presentada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, revela que existió un incremento de 8.1% de casos respecto al año anterior.

Por estas razones, resulta indispensable que se unan esfuerzos para atender a la población más vulnerable del país. Un trabajo conjunto, como ya lo hemos dicho, puede generar que se logre el objetivo de mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes.