En el encarte de OtraMirada publicado en agosto, “Gas de Camisea: Regalo de Dios que nos quieren quitar”, resaltamos la necesidad de una política de Estado para el manejo sostenible de nuestros recursos energéticos.

En aquellos momentos crecía la indignación de la ciudadanía por la absurda situación en la que nos encontrábamos. Por un lado, empresas peruanas sin posibilidad de acceder al gas natural barato de los lotes 56 y 88.  Y, por el otro, un compromiso para abastecer este mismo gas a precios irrisorios al mercado mexicano.

Lamentablemente, los anuncios oficiales de los últimos meses sólo delatan improvisación y falta de voluntad política para atacar los temas de fondo que nos llevaron al borde del desabastecimiento de gas. Primero, se ha pretendido demostrar que nuestros problemas se solucionan anunciando descubrimientos de gas que incluso fueron distorsionados por el mismo Presidente de la República. Y, segundo, se ha pretendido mostrar que el gobierno puede tomar decisiones con respecto al gas natural que en realidad el marco legal vigente no le permite. Al mismo tiempo, en las “renegociaciones” con el Consorcio Camisea, cuando se pudo presionar para lograr una modificación sustantiva del contrato para la exportación de gas a México, no hubo voluntad política y se contentaron con reservar el Lote 88 por cinco años para el mercado nacional.

Al anunciar los recientes hallazgos de gas, el presidente olvidó mencionar, en primer lugar, que recursos como los de los lotes 57 y 58 serán vendidos a los peruanos a precios internacionales, es decir, alrededor del triple de lo que hoy pagamos por el gas barato de Camisea. Y que serán las empresas extranjeras a cargo de su explotación quienes decidirán a quién le venden este gas y cuándo.

Tan graves como estas omisiones han sido los anuncios sin fundamento técnico. Por ejemplo, el 5 de noviembre, el presidente anunció que el gas del lote 58 ascendería a unos 5 TCF y que su explotación constituía un gran paso para la seguridad energética hasta el año 2050. Sin embargo, en diciembre el presidente de Petrobras evitaba confirmar las reservas de dicho lote y mencionaba que todavía faltaban dos años de estudios técnicos. 

Junto a estas omisiones y distorsiones han llegado imprecisiones acerca de la verdadera autoridad del Estado en el tema del gas. En setiembre, el Premier Velásquez Quesquén se reunió con los presidentes regionales de Arequipa, Cusco y Apurímac y les garantizó que el gasoducto sur andino contará con 160 millones de pies cúbicos diarios. Y el 20 de octubre el gobierno pretendía obligar mediante Decreto Supremo al consorcio Camisea a reservar 3 TCF para abastecer esta zona.

Por otra parte, en setiembre el Presidente García anunciaba que para 2011 el Perú contaría con alguna planta petroquímica abastecida por el gas de los lotes 57 y 58. Pero el 15 de diciembre él mismo reclamaba amargamente que los actores privados no se ponían de acuerdo para empezar a avanzar en sus proyectos y permitir una industria petroquímica en 2012.

Estas supuestas garantías oficiales carecen de un marco legal adecuado que las respalde. Ni García ni Velásquez Quesquén pueden disponer del gas porque, según la Ley 26221 de 1993, cuando los hidrocarburos salen a la superficie son de propiedad del contratista, quien decidirá qué se hace con ellos. Por ello, nuestra seguridad energética en el largo plazo no se establecerá con anuncios triunfalistas ni con decretos sin fuerza, sino con voluntad política para modificar el marco legal para el manejo del gas, incluso a nivel constitucional si es necesario.