Mientras las denuncias contra Edgar Alarcón, Contralor General de la República, se van acumulando una tras otra en los medios de comunicación y el blindaje fujimorista es cada vez más evidente, cabe revisar cuál ha sido el accionar del funcionario que –en teoría- debe controlar el uso adecuado de los recursos del Estado y que a partir de su accionar en el caso del aeropuerto de Chinchero, se ha mostrado, más que contralor como un flamante guachimán que decide qué proyectos van o no van. 

Como ya señalamos, su accionar político en el caso Chinchero fue más que importante –para los intereses del fujimorismo- en el objetivo de sancionar a un ministro más de un régimen que, a estas alturas, no cuenta con los reflejos necesarios para resistir la embestida de una mayoría que aún no se recupera del efecto de la derrota electoral. 

Pero más allá de eso, Alarcón y sus reacciones mediáticas vienen deteniendo una acción importante para el norte del país. 

LOS BONOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA

El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), es una propuesta que tiene años en Petroperú. Para ello, la empresa estatal requiere emitir bonos hasta por 3 mil millones de dólares y asumir un crédito bancario por 1.250 millones de dólares. Para ambos procesos se requiere de la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y un informe de la mediática Contraloría General de la República.

Ya el MEF dio luz verde el 07 de mayo para iniciar dicho proceso. Sin embargo, y hasta la fecha, la Contraloría de Alarcón no se pronuncia, oficialmente, al respecto. 

Sin embargo, hace unas semanas el contralor ya se pronunció pero ante los medios de comunicación, cosa que se ha vuelto usual desde el primer día de sus funciones. Apareció haciendo fuertes cuestionamientos a los incrementos del costo del proyecto. Advirtió que “sin sustento técnico” se pasó de 1335 millones de dólares del año 2011 a 4155 millones en este año.

La revista Caretas, llamó la atención sobre esta actitud del contralor, y señaló que aparentemente “no lee sus propios informes”, toda vez que la Contraloría acompaña este proceso desde el año 2011. En el 2010, reseña la publicación, Petroperú suscribió el contrato con la empresa Técnicas Reunidas de España y en el 2013 la consultora Arthur D. Little cotizó el proyecto en US$ 2,730 millones. La propia Contraloría General de la República (CGR) avaló la nueva cotización en su momento. 

Recuerda Caretas que en “el 2014, el presupuesto total de Talara, escaló a US$ 3919 millones (…) En 2015, aumentó a US$ 4074 millones al incorporarse el gasto en supervisión de la refinería. A su vez, considerando los costos financieros del proyecto. El presupuesto asciende a US$ 4,782 millones. Por último, el costo se incrementó a US$ 5,400 millones debido al retraso generado por el fracaso del proceso de adjudicación de las unidades auxiliares a terceros, aumentando los costos fijos e intereses hasta el 2021.”
El ex presidente de Petroperú, Humberto Campodónico señalaba al diario La República, que si bien era aceptable la preocupación del contralor, no existía una “danza de millones” como dejó entrever el autodenominado “amante de los fierros” que preside la entidad de control. 

¿Es competencia de la Contraloría demorar un proceso que tiene años y que cuenta hasta con el respaldo político de la bancada que hoy intenta protegerlo?, ¿es función de la Contraloría convertirse en una especie de justiciero que define o no la permanencia de un ministro al frente de su cartera?. El accionar mediático de Edgar Alarcón deja mucho que desear, más cuando tiene en su haber serios cuestionamientos que van contra la integridad que un cargo como el suyo debe tener.