La votación del parlamento regional catalán, el pasado 9 de noviembre, para iniciar un proceso hacia la creación de un Estado propio, ha abierto un nuevo frente de crisis en España, uno de los países europeos más golpeados por los efectos de la crisis económica iniciada en el 2008. La resolución aprobada prevé que en un plazo corto se preparen las bases para una futura constitución catalana, y, además, se afirma que este proceso de desconexión democrática y soberana desconocerá las decisiones del Estado español. Este acto de desobediencia independentista por parte del parlamento catalán ha sido acogido en la prensa local con estupefacción pero, sobre todo, con un desconocimiento de la historia del separatismo catalán, presentando la decisión de autodeterminación de Cataluña como un acto de puro egoísmo económico provinciano. Precisamente, para cuestionar este tipo de lecturas de los problemas históricos subyacentes a la construcción del Estado nacional español, el filósofo Ortega y Gasset escribió en 1922 un famoso ensayo, España Invertebrada, en donde busca explicar las causas de la escasa cohesión nacional y la inexistencia de una verdadera unidad política en España. A diferencia del Reino Unido, en donde la integración en una monarquía unitaria se realiza mediante un acuerdo entre los parlamentos regionales de Inglaterra y Escocia, la reintegración de Cataluña a la Monarquía española en 1714 se produce de mano militar y en términos de supresión de su sistema político y la represión a sus particularidades culturales.

“Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho”

Es este carácter autoritario y vertical del nacionalismo castellano en sus intentos de forjar la unidad nacional española que se afirma con la sublevación franquista de julio de 1936. Luego de su triunfo en 1939 suprime la autonomía catalana, prohibiendo la señera de Cataluña y el uso del idioma catalán en público. La aprobación de los estatutos de autonomía surgidos durante la transición democrática en los años 80 dio inicio a un proceso de descentralización de competencias  hacia las Comunidades Autónomas creadas, pero fueron siempre entendidas por el centralismo castellano como un acto de generosidad, más que como un derecho y un reconocimiento a la pluralidad nacional de España. Estos no satisficieron a los catalanes que siguieron reivindicando su condición nacional y mayores competencias. Más allá de simpatizar o no con el independentismo catalán, no se puede ningunear el principio básico al derecho a la autodeterminación de los pueblos con simples afirmaciones a “la indisoluble unidad de la Nación española” resucitando reflejos unitarios franquistas como lo vienen haciendo personalidades del Partido Popular.

La respuesta del gobierno de Mariano Rajoy ha sido de judicializar la decisión soberanista catalana  en vez de buscar una negociación política. Buscando polarizar,  y eventualmente sacar provecho electoral en vistas a las elecciones de las Cortes el próximo 20 de diciembre, el Gobierno de Madrid ha  pedido que el Tribunal Constitucional bloquee la decisión del Parlamento catalán y que notifique a 21 altos cargos catalanes - entre ellos al presidente en funciones, Artur Mas - del riesgo de destitución en sus cargos y de responsabilidades penales en caso de continuar con sus acciones independentistas. Con esta respuesta autoritaria se confirma lo que afirmaba Ortega y Gasset en su polémico y premonitorio ensayo: “Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho”.

Una crisis demás para la abrumada Unión Europea

El reclamo independentista catalán encuentra a Europa enfrascada en una crisis identitaria sin precedentes, agravada por la llegada masiva de refugiados del Medio Oriente, con un cuestionamiento creciente (Grecia, Portugal) a las draconianas medidas de austeridad con las que ha buscado responder a la crisis económica del 2008. La Unión Europea se ha pronunciado en contra del independentismo catalán mostrando así como aplica el principio de autodeterminación de los pueblos de manera variable según sus intereses geopolíticos. Los apoyó en la antigua Yugoslavia y lo niega en España, temerosa, no sólo de que se radicalicen las demandas autonómicas en otros países de la Unión, como en la Padania Italiana o en Flandes en Bélgica, sino sobre todo por su impacto negativo en su ya debilitada economía. La oposición viene en particular de Alemania, ya que a una España sin Cataluña le sería mucho más difícil honrar sus compromisos de deuda externa con sus acreedores de los cuales Berlín es el más importante. La independencia de Cataluña asestaría un golpe demoledor a la economía española con efectos desestabilizadores que se harían sentir en las demás economías de la Unión Europea.

En cualquier caso, la negativa de la Unión Europea a reconocer de forma automática a una Cataluña independiente no garantiza que esta crisis soberanista se vaya a desinflar en los meses que vienen. Cualquier solución pasa por la negociación entre Madrid y Barcelona para poder encontrar una salida viable y justa a una Cataluña dentro de una España plurinacional. Lo que se puede apreciar es que esta voluntad de compromiso no existe por ahora en ninguna de las partes y, sea cual sea el resultado de las elecciones del 20 de diciembre, España ha ingresado de lleno en un remolino de crisis institucional que esperemos no culmine en el futuro en los trágicos enfrentamientos sangrientos del siglo pasado.

Colaboración de José F. Cornejo para Otramirada. 14 de noviembre 2015