Tradicionalmente, el tema de los recursos naturales (RRNN) ha sido una cuestión de soberanía. Ese fue el eje del discurso en toda América Latina y, también en el Perú, lo que se expresó en la batalla contra la IPC y, finalmente, en su nacionalización en 1968.
 
La discusión de la soberanía se centró en dos cuestiones. Una, la propiedad, lo que quedó consignado en todas las Constituciones de la Región, que proclaman que los RRNN “in situ” (aún no explotados) le pertenecen como derecho inalienable eimprescriptible a toda la Nación. Ese derecho puede ser ejercido por una empresa pública y/o por empresas privadas o mixtas, de acuerdo a Ley.
 
La segunda es la propiedad de los RRNN una vez extraídos. En el caso de la minería y del petróleo, en el Perú la propiedad es del concesionario o licenciatario, previo pago de una regalía. Ergo, hacen lo que quieren con ellos, lo que llega al extremo de no tener ni siquiera la obligación de abastecer al mercado interno, como antes se requería. En este tema vamos muy mal, tanto en la exportación de gas del Lote 56, como en el abastecimiento del gasoducto del sur, el ducto de GLP de Pisco a Lima, el rol de Petroperú, etc., etc.
 
Otro tema clave ha sido la disputa por la magnitud de la renta de los RRNN extraídos. Ese fue el eje, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia, logrado con creces. Aquí fue la campaña de Ollanta Humala para gravar las sobreganancias mineras debido a los precios extraordinarios de los últimos 10 años (no tuvo los resultados esperados en el 2011, “gracias” al exministro Castilla).
 
La distribución y el uso de la renta de los RRNN involucra el canon para las regiones y gobiernos locales, que necesita reforma a gritos. A nivel gobierno central debería usarse para cubrir las necesidades de países pobres: educación, salud, todo tipo de infraestructura, aumento de la productividad y, sobre todo, inversión en la diversificación productiva. ¿Por qué? Porque los RRNN son, por definición, no renovables. Se van a agotar. ¿Y entonces qué hacemos?
 
 Ese no es un tema solo del largo plazo. La dependencia en exportaciones y tributos de los RRNN nos hace muy vulnerables a sus precios internacionales. Y estos son muy pero muy volátiles. A eso se debe la desaceleración económica de hoy.
 
En los últimos años hay nuevos temas. Uno es la maldición de los RRNN: quienes los explotan crecen menos que los que no los tienen. Depender de esas rentas, además, abarata el precio del dólar y vuelve a la industria local menos competitiva, provoca pereza fiscal (todos esperan bien sentados su cheque a fin de mes) y, ayayay, corrupción en todos los niveles. Pero ya está demostrado que no hay “maldición” per se: todo depende de la calidad de la gestión.
 
Otra  es la discusión sobre el “extractivismo”, que afirma, esquematizando, que en América Latina hemos pasado del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities. Los gobiernos, sin importar su signo, desde Maduro hasta Santos, pasando por Bachelet, Dilma, Cristina, Correa, Evo y claro, Ollanta, han continuado extrayendo más minerales y petróleo.
 
El “extractivismo” rechaza que se sigan explotando los RRNN, pues sus múltiples derrames negativos afectan el ambiente, el territorio, la economía, la justicia, la democracia (se incumplen leyes y derechos) y las relaciones económicas internacionales. Y, claro, contribuye al calentamiento global.
 
EL “extractivismo cero” dice: no debe haber actividades extractivas, por lo arriba señalado. Ni una gota más de petróleo explotado en la Amazonía; ni una sola mina más de tajo abierto en todo el territorio.
 
Pero también hay quienes afirman que debemos transitar a una sociedad “post extractivista”. En ese periodo se pueden seguir explotando los RRNN, siempre y cuando haya licencia fiscal, social y ambiental.
 
Por nuestra parte pensamos que lo central es que las políticas del Estado nos orienten a una economía no dependiente de los RRNN. Y que su uso actual y futuro debe servir para eso. El quid del asunto es una nueva relación Estado – mercado, de la mano con políticas de diversificación productiva como las del sudeste asiático y China. ¿Acaso el Premier Li Keqiang ha venido a plantear que el “libre mercado” se encargue del ferrocarril de Brasil al Perú para llevar y traer productos?
 
El Estado no se puede parcializar con la empresa privada para “mantener el modelo” (como quiere la derecha económica) pues debe, primero, garantizar la soberanía sobre los RRNN. Segundo, debe ser el árbitro sobre la base de un plan de desarrollo que nos diga hacia dónde vamos. No que vamos a hacer más de lo mismo: seguir dependiendo de los RRNN, con las consecuencias conocidas.
 
Es sobre esa base que, por ejemplo, en Tía María, se puede abordar el diálogo. Y eso comienza con reconocer que el EIA presentado por Southern y aprobado por el MINEM no constituye la base de ese diálogo. Se necesita un análisis independiente que otorgue confianza a la población, lo que ahora no existe. Hay que dejar fuera la consigna de “mina sí o sí”. Y también la consigna “fuera la mina, ya”, pues elimina el diálogo y no deja sitio a la discusión de propuestas. Es lo que menos le conviene a la población de Tambo, pues la deja sin juego en el debate nacional.
 
Sea lo que fuere, el tema no se puede barrer debajo de la alfombra. Nunca se arregló ahora ha vuelto al primer plano. Toca el tema de la voluntad de las poblaciones para decidir su modo de vida. También los temas de soberanía, renta, distribución y uso, así como la propiedad de la molécula y, sobre todo, el modelo de desarrollo. Es hora de enfrentarlo con nuevas políticas.

Publicado en El Diario La República, 25 Mayo 2015