En mi artículo anterior, a propósito del proyecto de Ley de Medicamentos, di cuenta de las acciones de la industria nacional para lograr ventajas que afectarán a los más pobres. Ahora, abordo la otra cara; la industria farmacéutica internacional y las ventajas que les dan los Tratados de Libre Comercio (TLC), en desmedro al derecho a la salud. El tema cobra relevancia con el reciente anuncio del gobierno de cubrir con el SIS la atención de todos cánceres, incrementando el presupuesto asignado en más del 250%.

En un reciente informe de la Comisión Global sobre VIH y el Derecho (PNUD), el tema de los medicamentos fueron analizado, señalándose que las políticas de propiedad intelectual (PI), incluidas en los TLC, impiden a los países producir y distribuir medicamentos, afectando de manera grave, el derecho a la salud. 

En el informe se señala también, que sin renunciar a las ventajas de los TLC, hay países que han logrado prevalecer el beneficio para la población y han doblado la mano a los laboratorios, aplicando las “licencias obligatorias”, logrando así que medicamentos de marca, se conviertan en genéricos. Esto ha permitido a la India reducir el costo del tosilato de sorfenib usado para el cáncer de hígado y riñón en 97%. Latinoamérica no es ajena a estas medidas; Ecuador, lo ha logrado que el Ritanovir, reduciendo su costo en 70% y Brasil, con el efavirenz, reduciéndolo al 71%.

En el Perú estamos lejos de ello, pues al culto de la PI, se le han añadido las exoneraciones tributarias, que debieron bajar los costos de los medicamentos para cáncer. Lejos de ello, los laboratorios no solo venden más caro, sino también se embolsican el 18% del IGV. Mejor imposible, ¿quién podría pedir más?

Es por ello que el anuncio del Gobierno de atender todos los cánceres, más que alegrarnos, preocupa, pues los servicios no cuentan con condiciones para diagnosticar cáncer y cuando la gente llega a los servicios, suele ser tarde y con procesos avanzados. Por lo tanto, los que más van a ganar son los que venden los medicamentos.

Hubiese sido bueno que lejos de la demagogia, el Ministro de Salud haga prevalecer la propuesta de atender los 5 cánceres previstos o un máximo de los 10 más frecuentes y asegurar la capacidad de los servicios para diagnosticar y tratar más tempranamente, lo que haría el tratamiento menos costoso y también menos dependiente de medicamentos. Esto no elude el tema central que es poner el derecho a la salud por encima de los intereses comerciales y sobre eso, no hay que reinventar la penicilina.