Hoy día en el Congreso de la República se interpelará al Ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga. ¿Qué está en discusión? Al menos, tres acusaciones de lobismo, ejercicio de influencia indebida a favor de intereses privados, del ministro. Una en torno al Reglamento Ambiental de Hidrocarburos que habría sido motivo de agria disputa con el Ministro del Medio Ambiente tal como lo revelan los “cornejoleaks” y cuya versión final favorece a las empresas del sector, la segunda sobre la empresa petrolera Karoon, que habría elaborado el sustento técnico del reglamento de hidrocarburos y la tercera por un conflicto de intereses en el caso de la empresa Interoil, a la que Mayorga asesoró antes de ser ministro y ya en el cargo rubricó un contrato que la favorecía . 

Diversas personas que conocen al ministro Mayorga señalan que se trata de un profesional capaz y conocido en su sector. Además, también se dice que goza de la simpatía del Presidente de la República Ollanta Humala, por ser impulsor de dos proyectos de interés del primero: la repotenciación de la refinería de Talara y el Gaseoducto Sur andino, de alguna forma las últimas señales de identidad nacionalista que le quedarían al mandatario. Sin embargo, acusaciones y acusadores se han mantenido en las últimas semanas  sin que haya alguien que las desmonte y los refute con claridad.

Es difícil explicar esta situación si no la ponemos en el contexto mayor de las características que ha asumido el Estado peruano en los últimos años. Mayorga trabajaba antes de ser ministro para la consultora Laub y Quijandría y como tal hacía gestión de intereses a favor de empresas del sector, incluyendo algunas de las que se señalan en las acusaciones. En otras palabras es un protagonista de la “puerta giratoria” que ha existido con especial intensidad en el Estado en las últimas dos décadas, sobre todo del golpe del cinco de abril de 1992 en adelante.

La puerta giratoria significa que los funcionarios del sector privado pasan con gran facilidad al sector público y viceversa, sin que nadie entre ellos se sonroje y más bien lo consideren algo natural.  Esta puerta giratoria ha sido uno de los mecanismos privilegiados para la captura del Estado por el sector privado, llevando la lógica de los negocios y en especial la de la ganancia de corto plazo para el desarrollo de las políticas públicas. ¿Qué es lobismo –entendido como influencia indebida- y qué no en este contexto? Ciertamente algo difícil de determinar y que trasciende la conciencia –pero no la responsabilidad- de los protagonistas de esta puerta giratoria. Ellos, Mayorga incluido, pueden sentirse muy dignos caballeros porque han naturalizado su situación de lobistas privados y/o funcionarios públicos, sin embargo ello no los exime de responder sobre casos muy concretos, que funcionan a la vez como señales de alarma sobre la situación de captura en su conjunto.

Si se sostienen las acusaciones, tal como parece hasta el momento, Mayorga debe ser censurado. Sin embargo, su caso no es sino uno y quizás no el más grave en este tema de la influencia indebida a favor de intereses privados en el Estado. Alguien sobre quien pesan muchas más acusaciones similares sino peores es el titular del MEF Luis Miguel Castilla, el lobista por excelencia dentro del gabinete, que sigue pasando piola y desarrollando una correlación de fuerzas propia en el gobierno, al margen de la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Es hora que se inicie una verdadera campaña contra la privatización del Estado en las últimas décadas. Ese es el cáncer que hay que extirpar, junto con todos los lobistas que hacen uso de la puerta giratoria.