Todos y todas hemos quedado muy contentos y satisfechos con el rotundo éxito de la marcha contra la violencia de género el pasado sábado 13 de agosto, sin duda ha sido la más grande de las movilizaciones protagonizadas por la sociedad civil en nuestro país. Sin embargo, quisiéramos levantar algunas reflexiones respecto de lo que ella nos dejó o lo que de ella podemos aprender. 

La primera interrogante es ¿por qué la marcha fue tan masiva, diversa, emotiva y sobre todo tan consensual? nadie estaba ausente y nadie estaba en contra. La respuesta más obvia que nos deja la marcha es que la violencia de género no ha sido aun suficientemente entendida, no se trata de un problema aislado, ha trascendido largamente el ámbito de lo privado. Se trata del principal problema social, estructural (Jimena Ledgard) en nuestro país, tanto por su extensión como por su profundidad constituye una de las demandas más sentidas y no atendidas por el estado. 

Resultó muy sorprendente el impacto positivo de la marcha sobre las víctimas y su entorno familiar, respondieron masivamente a la convocatoria y el clima de respaldo, afecto, seguridad que la marcha y el proceso de su organización les ofrece, se sienten estimuladas a hablar, denunciar, casi como un vómito, lo que le paso y han callado por tanto tiempo. El riesgo ahora es que esta voluntad de no callar de denuncia se desboque o se cierre nuevamente.

Lamentablemente, la contundencia de la marcha también expresa la existencia de una brecha muy grande entre la dimensión y profundidad del problema y la voluntad política y capacidad de intervención del estado. Si bien podemos reconocer en las últimas décadas un avance importante en la visibilización, sensibilización y la indignación respecto de la problemática (Jannett Llaja), así como la definición de normas y políticas de trascendencia tales como el Plan de Igualdad de Oportunidades, la Ley contra el Feminicidio o el Plan Nacional contra la Violencia de Género; la acción del estado en la atención y prevención han resultado por lo menos insuficientes cuando no ineficientes. Realmente a pesar de su dimensión y profundidad ha sido un tema marginal en la agenda política y pública. En este punto debemos destacar el aporte central del movimiento feminista y las ONG especializadas. 

Algo que llamó especialmente la atención es el alto consenso de la marcha, a diferencia de las anteriores iniciativas de movilización de la sociedad civil, nadie se oponía a ella, ni se hacía responsable de la situación. Sin embargo, la marcha en su curso espontáneamente focaliza al Poder Judicial como el responsable del aspecto más doloroso de su tragedia: la falta de justicia y la impunidad. Así quedaron identificados e implicados los responsables de la situación y de su solución, no sólo este gobierno, varios gobiernos, los más democráticos de la historia republicana y todos los sectores del estado peruano.

La marcha, también ha evidenciado el fracaso de su rol de intermediación de los partidos políticos en la relación estado y sociedad. Los movimientos de ciudadanos se fortalecieron en los últimos tiempos como formas creativas e innovadoras de lucha, cubriendo también la ausencia y la crisis de los partidos políticos; en este escenario se generan recurrentes tensiones y tendencias a la exclusión y/o mimetización de los partidos políticos y una pretendida despolitización de las luchas. Si bien el problema existe, no estamos frente a una disyuntiva entre los partidos políticos o los movimientos de ciudadanos, todos estamos llamados a participar activamente en la solución de los problemas y cada quien lo hace desde sus roles, competencias e identidades específicas.  

Finalmente, la marcha también ha generado un sobredimensionamiento de las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto, situación que, de no ser adecuadamente manejada, pondrá en riesgo el conjunto del proceso. Incluso, solo horas después de la marcha asistimos a un nuevo caso de violencia de género grave en Tumbes, la forma como está siendo abordada pone en evidencia los límites de nuestras condiciones y capacidades de intervención y que las soluciones no serán inmediatas, este es un proceso de mediano y largo plazo, lo más importante es tener claro qué hacer para garantizar ese tránsito del antes al después de la marcha.