Por enésima vez está en cuestión el sistema privado de pensiones. Esta vez han sido las tablas de sobrevivencia, cuya actualización rebajaría las pensiones de los afiliados. Los jubilados presentes y futuros vuelven a indignarse, pero ahora el entredicho aparece como una oportunidad porque estamos a las puertas de una campaña electoral nacional en la que, se supone, las diversas alternativas deben plantear sus propuestas para solucionar los problemas del país, entre ellos en acuciante problema de las pensiones.

A veinte años de instauración del sistema privado de pensiones este demuestra su fracaso. Las cifras son contundentes. El principal problema que es de cobertura está por los suelos. El 78% de la PEA no aportan a ningún sistema de jubilación, el 13% son cotizantes efectivos al sistema privado y el 8% al sistema público, administrado por la Oficina Nacional Previsional (ONP). Por otra parte, de los mayores de 65 años el 67% no recibe una pensión contributiva (producto de haber aportado durante su vida laboral), el 27% recibe una pensión del sistema público y el 6% una del sistema privado. Entre los primeros hay un pequeño sector, por el carácter focalizado del programa, que recibe Pensión 65, una forma de pensión no contributiva que alcanza la diminuta suma de 125 soles. Esta última, que se pensó originalmente con carácter universal y por la suma de 250 soles, ha terminado siendo una pensión para pobres extremos.

Frente a esta situación la estrategia de los últimos cuatro gobiernos neoliberales: Fujimori, Toledo, García y Humala; por la vía de los burócratas del MEF, ha sido liquidar el sistema público, potenciar infructuosamente el sistema privado y administrar al menor costo posible la llamada Pensión 65. El asunto alcanza ribetes de escándalo en el caso de las llamadas AFP, ya que estas son instituciones en las que colisionan dos principios opuestos: la ganancia empresarial y el derecho social a una pensión digna.

Esto se demuestra en la corta historia del sistema privado en dos hechos contundentes: la extraordinaria ganancia de estas empresas, siempre largamente por encima de la rentabilidad de los afiliados y la mantención de esta ganancia, incluso en los momentos en que los afiliados tienen pérdidas. Además, el cobro de una comisión por administrar los fondos que está entre las más caras del planeta, en cualquier rubro de administración financiera y que no ha bajado sustantivamente por más promesas que se han hecho. Pero existe también el ejemplo de los últimos cinco meses en que las AFP peruanas han perdido 6,000 millones de soles de su fondo global, de 121,000 a 115,000 millones, aproximadamente el 5% del mismo. Lo que nos hace ver el peligro de que un fondo de pensiones se entregue a los vaivenes de la bolsa.

Ha llegado el momento de decir basta a esta situación de sobre explotación de los trabajadores y los jubilados por un puñado de empresas principalmente extranjeras. El escándalo que representa la sola existencia de las AFP no se cambia con reformas ni afeites, hay que cambiar el sistema. En el Programa de la Gran Transformación existe una propuesta que es preciso poner sobre la mesa. Se trata de ir a un nuevo sistema con dos pisos. Uno público obligatorio y otro privado voluntario. El público a su vez con dos componentes: uno contributivo y otro no contributivo. El primer componente es para los que han trabajado y contribuido con su aporte a lo largo de la vida laboral y se financia con los aportes de los trabajadores activos y los impuestos generales que van a un fondo único para luego repartirse. El segundo componente tiene carácter universal y es para aquellos mayores de 65 años que no aportaron a ningún sistema durante su vida laboral. Este último se financia con el tesoro público.

A este sistema público se agrega un sistema privado como complemento, que es voluntario y se basa en cuentas individuales, para aquellos trabajadores privados e independientes que tienen mayores ingresos y quieren tener mayor pensión. Este nuevo sistema de dos pisos permite cubrir el derecho social a una pensión para la inmensa mayoría de los peruanos que tiene nada o muy poco y al mismo tiempo da la posibilidad a los que tienen más que reciban una mayor pensión sin perjudicar a los primeros. Es el sistema que recomiendan la mayor parte de organizaciones internacionales y que tiene, entre otros muchos países, los Estados Unidos.

El problema es que aquí existe una trama político-financiera en la que los partidos de derecha (Fujimorismo, Apra, PPK, Perú Posible, Ollanta-Nadine) priorizan la defensa de la ganancia empresarial de las AFP por encima del derecho social de los peruanos a una pensión. Esto sucede no sólo por un lobby eficaz de estas últimas sobre el Estado y especialmente los reguladores, sino porque, como lo hemos dicho más de una vez, las grandes empresas y entre ellas las AFP tienen capturados a quienes deben velar por pensiones dignas para los ciudadanos.

La única forma de desnudar esta trama es con la fuerza de un planteamiento alternativo. Este le podrá hacer ver a los peruanos que existe la posibilidad inmediata de un nuevo sistema de pensiones que no esté asociado a la expoliación de nuestros ingresos, sino a principios mínimos de justicia social. Es un deber de los candidatos que se consideren progresistas en las próximas elecciones levantar esta bandera.