En abril del 2013, Edwin Chota afirmaba en un vídeo que su vida se encontraba en peligro. Un año y cinco meses después, su muerte anunciada se haría realidad. El 1 de setiembre, Chota fue asesinado. Junto con él fallecieron también Jorge Ríos, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo. Si habían sido víctimas de amenazas durante meses y las habían denunciado, ¿por qué no se pudo prever este trágico final?

La Fundación Nacional del Indio de Brasil y posteriormente la viceministra de  Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena, confirmaron este homicidio cuádruple hace unas semanas, pero con ello se ha dado inicio a un período de tensión y angustia por parte de los pobladores de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweta, de la cual Chota fue líder, y se caracterizó por luchar y denunciar la tala ilegal y la explotación forestal. Esta lucha incansable y las constantes denuncias que presentó a las autoridades forestales de Pucallpa le costaron la vida a inicios de este mes.

Chota afirmó, hace meses, que tanto él como su pueblo se encontraban en peligro por los madereros ilegales. Sin embargo, el Estado hizo oídos sordos a los reclamos. Los cuatro hombres asesinados, todos dirigentes de la comunidad, se dirigían a la aldea Apiwtxa con la intención de coordinar con líderes asháninkas brasileños estrategias para impedir las actividades de los narcotraficantes y madereros ilegales en esta zona que une a Perú con Brasil. Ahora, aún cuando los ojos se encuentran atentos a este espacio, no hay garantías para los pobladores de la comunidad que continúan recibiendo amenazas.

Se trata de comunidades abandonadas, en la práctica, por un Estado sordo que durante décadas no las ha provisto de servicios básicos, educación de calidad, y tampoco contribuye con la delimitación de sus territorios. Ahora, para colmo de males, se ven también amenazadas por querer defender sus espacios contra las actividades ilegales que le cuestan a todo el Perú 250 millones de dólares anuales según Interpol.

Por la memoria de Edwin Chota y el respeto de nuestros hermanos en la selva del país, resulta fundamental instar al Estado a que tome cartas en el asunto. ¿Cómo? Dejando atrás el abandono al que han sometido a estas comunidades y, comenzando por garantizar protección completa a los miembros de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto y otras que corren peligro. Asimismo, resulta fundamental pronunciarnos en rechazo de las declaraciones del expresidente Alan García, por ejemplo, que, con la sombra del Baguazo sobre el hombro, se ha permitido sugerir que los pueblos indígenas de no contactados son una “invención” de los “ambientalistas”. Este tipo de discursos no hace sino invisibilizar un problema concreto y eliminar en el discurso a un grupo de peruanos y peruanas.

Pero el Estado también debe comprometerse con los territorios de estas comunidades. En el año 2003 Saweto fue reconocida oficialmente e inscrita, sin embargo, ya varios años antes el Estado había otorgado a privados una concesión forestal por cuarenta años. El desorden genera caos y el caos, conflicto. Este no es el único caso. El Colectivo Territorios Seguros señala que unos 18 millones de hectáreas de comunidades en la Amazonía peruana no están tituladas. La tala ilegal, por ello, se hace presente. Las mafias crecen e irrumpen en otros poderes ilegales que se originan por la ausencia del Estado.

Así como Chota murió por defender sus tierras, hoy, otros líderes son víctimas de amenazas por las mafias de la ilegalidad. Este es el caso de Washington Bolívar Díaz, líder Kakataibo quien también ha realizado diversas denuncias a las autoridades por la mafia maderera y no recibe otra respuesta que el archivamiento de las mismas. ¿Esperaremos que otra muerte anunciada se concrete? Está ya en manos del Estado y de nosotros, como sociedad civil, pronunciarnos contundentemente y ejercer memoria.