La justicia que tarda, no es justicia. Así reza un refrán popular señalando a la justicia que camina con los pies de plomo.  El 23 de marzo hace ya más de un mes, la presidenta del Tribunal Constitucional María Elena Ledesma, invocó al Presidente de la República Martín Vizcarra hacer uso de sus facultades para no convertir las cárceles en centros de contagio del Covid19. Si bien es cierto se tendría listo el Decreto Supremo para los indultos humanitarios, recién sería en una semana en que saldrían un significativo número de indultados. Se estiman un total de 6,000, según los datos que ofrecerá el Poder Judicial y se irán descartando personas, en función de la calificación judicial. Ese número es a todas luces insuficiente.

El Ministro de Justicia declaró que no habrá comisión multisectorial, porque resultaría “impráctica” en situación de emergencia que requiere rapidez. Día 45 de la cuarentena: hay 36,976 con Covid-19 positivos, 1,051 fallecidos y 651 afectados en UCI.

El Sistema Penitenciario y las cárceles del Perú son otro rostro de carencias y debilidades que nos muestra con estupor el Coronavirus. Hay 140 % de hacinamiento en las 68 cárceles que hay en el Perú. Son 97,000 los ciudadanos que se encuentran en ellas, 5,893 presos cumplen penas menores a 4 años de prisión efectiva, 4,761 reclusos tienen más de 60 años; 2,777 ciudadanos están en reclusión por omisión a la asistencia familiar.   A ello se suma un significativo número de personas privadas de su libertad preventivamente sin condena ni acusación fiscal. Según el abogado Cesar Azabache serían 37,000 los encarcelados de manera preventiva.

Alertamos sobre la grave situación que se vive en los penales del Perú ante la veloz expansión del Coronavirus situación que se agrava por el hacinamiento y la precariedad de dichos centros. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, ya suman 645 internos y 224 agentes penitenciarios contagiados, así como 30 internos  fallecidos.  Además, como es sabido , el Coronavirus  resulta  más  perjudicial  para ciertas poblaciones  vulnerable, tales como las personas  de la tercera edad, las personas con enfermedades  crónicas, las mujeres embarazadas o con niños menores en los penales, personas  con discapacidad, población  LGTBI, entre otros

De ninguna manera serán liberados los sentenciados por : terrorismo, corrupción, lavado de activos, violencia contra la mujer ; si lo serían las mujeres con hijos en el penal y las embarazadas las que estarían en el primer grupo que recibe la gracia El Ejecutivo publicó un decreto que agiliza la excarcelación de los más vulnerables. El decreto señala que en el caso de los deudores de alimentos la propuesta es “cumplir con la pensión de alimentos”. Son cerca de 3,000, sólo saldrían los que paguen la deuda. Saldrían las mujeres de 60 años, enfermos terminales y aquellos a quienes les falta seis meses para cumplir su condena o purgan penas carcelarias menores a los 4 años, a quienes se le aplicaría la conmutación de la pena.

En el programa Ellas Hoy, titulado “Mujeres tras las rejas "la escritora Ángela Gómez afirma que: " las personas encarceladas son más vulnerables a la pandemia del Covid-19 y cuando hablamos de mujeres en prisión, ellas están bajo riesgo que es evitable" Por eso la organización WOLA se pregunta si la actual situación puede amenazar la supervivencia de las reclusas. Y frente a ello la interrogante   que   nos moviliza ¿es el Covid 19, una sentencia de muerte?

Más de 600 personas del ámbito cultural, intelectual, gremial y político, entre ellas yo, pedimos la excarcelación de Susana Villarán en tanto ella es parte de la población en riesgo de letalidad, ya que tiene 70 años y presenta una enfermedad autoinmune avanzada, como es el lupus, además de hipertensión arterial. El día de hoy 30 de abril, la Sala Penal anticorrupción sustituyo la prisión preventiva por arresto domiciliario, medida que saludamos porque es de justicia y trato igualitario.

Demandamos al INPE fortalecer las medidas sanitarias y de protección para las internas e internos, así como el personal que labora en dichos centros; y solicitamos al Poder Judicial la flexibilización de las medidas carcelarias para los grupos vulnerables antes mencionados. En suma solicitamo al INPE y al Poder Judicial  la atención de estos pedidos en salvaguardia de la  vida y la salud de todas  las personas procesadas y condenadas  en situación de alto riesgo y vulnerabilidad que se encuentran en los penales del país.

Nos preguntamos finalmente, si el reciente Grupo de Trabajo, anunciado públicamente por el Presidente Vizcarra, entre cuya finalidad está: " recomendar medidas para prevenir y reducir el impacto social del Covid 19, con prioridad en los grupos vulnerables" incluirá el abordaje de la grave situación en los penales del Perú.

(*) Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social