Más allá de la importancia de la transparencia de la gestión pública, fundamental en países como el nuestro, existen ciertas circunstancias a nivel internacional que no pudieran concretarse sin la reserva del caso. Justamente, los temas que implican asuntos de seguridad, no pueden ser manejados en la esfera pública, menos aún en los medios de comunicación, como lo demuestra la experiencia comparada. Esto no impide que el Perú no pueda hacer una protesta enérgica contra actos que afectan nuestros intereses (como puede tratarse de un espionaje recurrente en el tiempo) o que la relación pueda verse afectada; pero de ahí a hacer público este problema, más aun tratándose de dos países que siendo socios tienen una historia difícil con imaginarios que todavía constituyen barreras que imposibilitan una mayor cooperación, resulta una completa equivocación.

No es imposible de creer que Chile, en aras de no dañar su relación con el Perú, haya brindado las satisfacciones requeridas. Sin embargo, si bien una satisfacción implica como concepto la reparación de un daño, y por ende el reconocimiento del espionaje, las expectativas creadas por parte del gobierno, además de la información que se filtró “misteriosamente” a los medios de comunicación, no permiten que la opinión pública perciba como solucionado el impasse.
 
A pesar del manejo responsable por parte de nuestra diplomacia de este tema, otros actores internos, desde el Presidente, el Ministerio de Defensa y algunos congresistas, no parecen haber colaborado con el principal objetivo del Estado peruano en este tema: buscar las disculpas del caso por parte de Chile y el compromiso de que no puede volver a ocurrir, todo dentro de los canales diplomáticos existentes. Algunas veces terminan participando otros intereses, ya sea aquellos propios de una agenda nacionalista u otros productos de la coyuntura política, que llevan a utilizar cualquier problema con Chile irresponsablemente.
 
Pero, ¿por qué resulta irresponsable? El Perú cuenta con importantes intereses en materia bilateral con el vecino del sur que no pueden verse paralizados por contextos como el vivido. El más importante, concluir con los temas pendientes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación al diferendo marítimo. Considerando el alto nivel de responsabilidad mostrado por ambos países, habiéndose avanzado bastante en la ejecución del fallo, tanto el Perú y Chile deben adecuar parte de su normativa interna de conformidad con la sentencia, con el objetivo final de que pueden registrar en forma conjunta ante las Naciones Unidas lo actuado como digna representación de dos países respetuosos del Derecho internacional. Por nuestra parte, queda pendiente la promulgación de la Ley de Comunicación Internacional, norma que constituye el desarrollo de un aspecto establecido en nuestra Constitución y en la normativa internacional.
 
Resulta curioso que, al igual que en el tema del espionaje, las contradicciones frente a la importancia de dicha norma se encuentren dentro del propio gobierno, de ahí que el trabajo de Cancillería se presenta fundamental a fin de poder demostrar lo trascendental de este paso, para que no se dilate más la implementación del fallo. Además, porque tenemos una agenda bilateral concebida durante el proceso ante La Haya que debemos desarrollar, así como asuntos pendientes, como el caso del triángulo terrestre, que serán parte del debate en el futuro cercano.
 
En un mundo cada vez más interdependiente los Estados, más aun si son vecinos, tienen la obligación de satisfacer los intereses de sus ciudadanos mediante la cooperación, pero esta agenda, no se encontrará exenta de problemas, que también deberán ser resueltos, sobre todo tratándose de dos países con las dificultades de Perú y Chile. Habiendo superado el espionaje, el Perú debe cerrar el tema relativo al fallo de La Haya y aprovechar el contexto para implementar una política que busque satisfacer nuestros intereses derivados del Tratado de Lima de 1929 y del Acta de Ejecución de dicho acuerdo de 1999. El mal momento que atraviesa la relación chileno-boliviana puede ser aprovechado por nuestro país, a fin de tender puentes con Chile en aras de lograr mayor cooperación, pero también para solucionar disputas pendientes y cerrar cualquier rezago conflictivo en materia limítrofe.