productividad

Nuevamente el Instituto Peruano de Economía (IPE) nos quiere vender una mentira respecto a la minería y sus efectos en la economía peruana. Hace ya algún tiempo y por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) nos dijo la barbaridad de que ese sector económico generaba algo así de dos millones de empleos entre directos e indirectos.

En nuestra entrega de la semana pasada analizamos la productividad del sector agropecuario y concluimos que la productividad laboral de este sector es la más baja de todos los sectores económicos. Por lo tanto, para maximizar su efectividad, la política nacional de productividad debe priorizar soluciones para elevar la baja productividad del agro. Es en este sector donde la inversión pública y privada tendrá mayor rentabilidad en términos de mejorar la productividad.

Llama la atención la actitud de complacencia de las autoridades con el ritmo de crecimiento de la economía peruana. Se celebra que hayamos podido crecer entre 3.8 y 4 % el año pasado y que creceremos al ritmo de 4 % en los próximos 3 años. El objetivo de crecimiento de 5 % o más por año, que fue parte de la promesa electoral de la dupla PPK y Vizcarra y una de las condiciones claves para romper la trampa del ingreso medio, ha sido convenientemente olvidado.

El 31 de diciembre de 2018, el Gobierno peruano aprobó oficialmente, mediante el Decreto Supremo No. 345, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), conducirá esta política que será de cumplimiento obligatorio hasta el 2030 para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno.

Es positivo que la Confiep, presente lo que considera alternativas para el país. El gobierno los ha recibido en Palacio, con Premier, Ministro de economía, por todo lo alto. Este anuncia que hay gran coincidencia, y promete que varias de esas medidas están incluidas en el plan de competitividad que pronto se hará público. Ha dicho incluso que el gobierno irá más allá, en temas como en el institucional. No sorprende, ya que las políticas de competitividad y productividad eran similares, donde la gran empresa marca la pauta a seguir.

El gobierno está por aprobar el “Plan Nacional de Competitividad y Productividad”, con el cual pretende reavivar una economía en desaceleración por falta de reformas y muchos años de ‘piloto automático’.

Este plan contempla 80 medidas que apuntan a lograr 9 objetivos prioritarios en los frentes de: Infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad ambiental.

Los temas laborales seguramente estarán presentes en el Mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra. Como se sabe, en diciembre pasado se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (1), que debe convertirse en Plan dentro de poco. Hubo mucha controversia sobre el tema laboral, pues no se dio el diálogo prometido con las organizaciones sindicales. 

La magnitud de la reducción de los puestos de trabajo como resultado de la pandemia ha sido dramática. En Lima Metropolitana se han perdido en el trimestre de abril a junio de 2020 respecto del mismo periodo del año anterior 2.7 millones de empleos y autoempleos, y a los cuales hay que sumar más de cien desempleados adicionales; en total el 36% de la población en edad de trabajar. A nivel nacional se acaba de reportar para el mismo periodo una reducción de 6.7 millones de trabajadores de la población ocupada para el mismo periodo: 39.6% menos. 

La revisión sumaria de los planes de gobierno publicados por los organismos electorales revela una clara coincidencia de las fuerzas políticas-aun de las más alejadas- sobre la naturaleza del   proyecto compartido de Nación. Muchos aspiran a una nueva normalidad que haga prevalecer la igualdad social, un reparto sensato de los frutos de la economía y la estabilidad política e institucional necesaria para una sensata toma de decisiones.

Las enormes brechas sociales, la informalidad, la falta de oportunidades de empleo de calidad y la estructura productiva sesgada a los servicios de baja productividad —puestos al desnudo por la pandemia— fueron el resultado de la orientación que tomaron las inversiones en el marco legal neoliberal de los últimos 30 años. Estas inversiones configuraron un estilo extractivista de crecer y acumular capital.