Un año después del primer caso de la COVID19, a todos nos queda claro que las capacidades de nuestro sistema de salud para atender la enorme demanda eran insuficientes y, a pesar de los esfuerzos, continúan siéndolo. Décadas de abandono financiero y político nos dejaron con un sistema cuyas principales características se resumen en la precariedad de recursos, la fragmentación, la inadecuada descentralización, débil gestión y los altos niveles de corrupción. 

Desde que el 26 de febrero del 2020, Brasil anunciara la llegada del primer caso de Covid19 a América Latina y el Caribe, han fallecido 1,6 millones de personas en esta parte del mundo, convirtiéndola en su momento en el epicentro global de la pandemia. De los casi 6 millones de víctimas mortales del COVID19, 26,9 por ciento son latinoamericanos; vale decir, 1 de cada 4. 

Salud pública, institucionalidad y legado histórico en peligro.

El sábado último, el Ministerio de Salud tuvo que desechar al menos 300.000 dosis de vacuna pediátrica contra la COVID19. Un evento doloroso para la salud pública peruana.

No importa ya si el viceministro nos dice que la cuarta ola será en julio, lo cierto es que, al menos los que leen este artículo en Lima, Ancash, Junín o Arequipa, tienen un familiar, amigo, colega o vecina que en los últimos días ha dado positivo (nuevamente) a COVID19. 

Al final del 2022, se habrán diagnosticado 75 mil nuevos casos de cáncer y 35 mil compatriotas habrán fallecido por esta enfermedad. 

El 26 de setiembre se dio inicio a las 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana organizada y liderada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y las noticias para nuestro país no son buenas. 

1191 DC o “días después del COVID”. Mil ciento noventa y un días han pasado desde aquel 30 de enero del 2020, fecha en que la OMS declarase a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) una emergencia de salud pública de importancia internacional, y cuyo fin fue decretado el último 5 de mayo.

Durante la pandemia de COVID-19, nos encontramos inundados de propuestas de diferente calibre para abordar esta amenaza. Si bien algunas de ellas provenían de expertos en salud pública y gestión gubernamental, también surgieron ideas fuera de contexto y, en muchos casos, absurdas, propuestas por personas sin formación ni experiencia en el tema. Es importante destacar que, aunque algunos actuaban con buenas intenciones, muchos otros ocultaban intereses económicos o políticos subyacentes.

Como era previsible, la promesa de controlar la epidemia del dengue en tan solo 15 días resultó imposible de cumplir. Los contagios continúan en aumento y la magnitud real del problema sigue siendo desconocida debido a las limitaciones de nuestros laboratorios. Desde que se lanzó el compromiso, los casos reportados de infectados y fallecidos se han duplicado, lo que indica que el problema persistirá durante algunas semanas más.

Definir prioridades nunca ha sido una tarea sencilla, y mucho menos cuando se trata de cuestiones relacionadas con la salud. Sin embargo, la cruda realidad se impone y nos obliga, tarde o temprano, a establecer prioridades, ya sea de forma explícita o implícita.

Con el objetivo de asegurar el máximo de los derechos a la salud posibles, mejorar el bienestar y protegernos contra el riesgo de enfermar y la muerte prematura, las sociedades hemos desarrollado sistemas especializados conocidos como sistemas nacionales de salud.