Muertos

De acuerdo al último reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, el total de fallecidos a causa de enfrentamientos por conflictos sociales durante el gobierno de Ollanta Humala asciende a 66. A esta cifra habría que sumar las tres últimas víctimas mortales producto del enfrentamiento entre civiles y la policía en el distrito de Challhuahuacho, por el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. Desde agosto del 2011 hasta la fecha, suman un total de 69 los fallecidos.

1).- Pocos son los que se dan cuenta que este ataque del islamismo terrorista y la disuasión militar como elemento básico en la confrontación violenta entre posiciones antagónicas, ha dejado de tener la fuerza que tenía en épocas anteriores. La disuasión pasiva, como un despliegue demostrativo de una correlación militar superior, o la disuasión activa, amenaza capaz de mostrar que en una eventual enfrentamiento los costos son menores y mayores las ventajas obtenidas por el adversario, empiezan a no tener sentido.

La tragedia de trece personas muertos en una discoteca que funcionaba en la ilegalidad porque no están autorizadas las fiestas por el temor al contagio y expansión del corona virus; que incumplía todas las normas de seguridad como espacio público; que, por lo demás, promocionaba sus fiestas por las redes sociales, lo que evidencia que no era clandestina; que no exigía los protocolos de seguridad como el uso de la mascarilla, la distancia social; que en el momento de la intervención la policía fue desbordada porque no fue debidamente preparada para una intervención a una multitud.

Veintiséis fallecidos, casi un millar de heridos, 761 detenidos, diecisiete casos de perdidas de los ojos, nueve denuncias de violación sexual, no menos de 56 desaparecidos son los datos aportados por una entidad de defensa de los derechos humanos en Colombia (Lanz, ONG Temblores). 

“¡Ocultamiento!” acusaron unos, “¡sinceramiento!” reclamaron otros, “¡falta de transparencia!” se apresuraron a añadir otros más. Finalmente, el “Grupo de trabajo de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de ministros, con el objeto de proponer los criterios para actualizar la cifra de fallecidos por la COVID-19”, creada el 11 de abril de este año, presentó su informe final. 

“Si se creía que la indiscriminada violencia y el uso antirreglamentario de armas de fuego eran condenables excesos de la fuerza pública habilitados por el estado de emergencia, luego del mensaje del sábado ha quedado claro que el gobierno las entiende como prácticas legítimas”.

El campanazo dado a la política peruana por estas veintiséis muertes causadas por el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte, tendrá un efecto duradero en el Perú. Estos gravísimos hechos nos llevan a la pregunta que da título a este artículo.

“En Perú, el aborto es una cuestión de vida o muerte. Urge regular el acceso al aborto como cualquier otro servicio de atención médica...”.

L.C. tenía 13 años cuando quedó embarazada producto de una violación. Desesperada intentó suicidarse y quedó parapléjica. El personal de salud le negó una intervención quirúrgica de urgencia de la columna para estabilizarla y recuperar algo de movilidad, bajo el argumento de que se pondría en riesgo el feto. Recién fue operada 4 meses después, cuando sufrió un aborto espontáneo.

El terrible terremoto sufrido en Marruecos evidencia una vez más cuánto mal hace Mohamed VI a su propio pueblo. El monarca tardó cerca de 19 horas en reaccionar. Mientras en su país 30 segundos fatídicos se llevaban por delante la vida de más de 2.000 personas, él disfrutaba de sus millonarias vacaciones en París. A estas horas y pese a la evidente incapacidad de los recursos marroquíes, el sátrapa continúa sin aceptar mayoritariamente la ayuda internacional ofrecida.

La actual crisis política no es sino una repetición de lo que viene sucediendo con este régimen autoritario desde su instalación en diciembre del 2022. Ahora es la exhibición de los lujos sin sustento de una presidenta despistada, pero ayer nomás eran las cuitas de un premier que intercambiaba favores por trabajo. Y anteayer el proceder de una fiscal de la nación que favorecía con descaro a la extrema derecha que controla el Congreso; para no hablar de las leyes y decretos con nombre propio que se han multiplicado en el Estado.