Corrupción

Uno de los aspectos más oscuros de la política peruana son las donaciones electorales donde ni la propia ONPE, los financistas, los gremios empresariales y los partidos respetan el principio de transparencia. A partir de una investigación auspiciada por OXFAM en curso de Francisco Durand y Emilio Salcedo, se ha estudiado las bases de datos de todos los aportes del 2011 y 2016.

En las últimas tres semanas, cuando se hizo pública la “donación” de Dionisio Romero Paoletti, por 3.65 millones de dólares a la entonces candidata Keiko Fujimori en la campaña de 2011, la formidable influencia del gran capital en la política volvió a sonar de nuevo.

Vueltas de tuerca en la primera quincena del 2020. El panorama judicial se presenta con novedades en diversos casos relacionados a hechos de corrupción que están siendo investigados por el equipo especial Lava Jato y que quiérase o no marcan hitos en un proceso que lleva varios años y por el cual ya se esperan prontos resultados.

Nuevamente la justicia nos demostró, después de muchos años, que no existen personajes intocables. Esta semana, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, aquel que logró evadir a la justicia en reiteradas oportunidades fue finalmente tocado, al igual que su aliada Keiko Fujimori, por una decisión judicial promovida desde una acción fiscal.

Francisco Durand ha escrito un libro notable: “La captura del Estado en América Latina. Reflexiones teóricas” (Oxfam, PUCP. 2019). Su argumento es que el Estado en el mundo y particularmente en América Latina ha sido capturado por las grandes corporaciones, nacionales y multinacionales, poniéndolo a su servicio. Lo importante, además, es que no se trata de una reflexión puramente teórica, sino de la culminación, quizás todavía parcial, de un largo trabajo de investigación sobre el tema que abarca por lo menos media docena de libros.  

Hace cosa de una década las cumbres iberoamericanas daban oportunidad para departir al entonces jefe de Estado de España, Juan Carlos de Borbón, y al que era presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En un par de ocasiones coincidieron con el usurpador mexicano Felipe Calderón, y con el difunto Alan García, quien por segunda vez ejercía la presidencia peruana. En esos encuentros fastuosos hablaban de democracia, transparencia, paz, derechos humanos y esas cosas, y se presentaban como paladines bicontinentales de los más sagrados principios éticos.

¿Por qué no castigamos a quienes nos están robándolo todo? ¿Por qué no castigamos, en las urnas, a la corrupción, la traición, el cinismo, la mentira?  ¿Porque somos una sociedad que ha pactado con “el fin justifica los medios”’? Nos hemos creído la historia de que se puede pactar con las mafias y seguir.

En la crisis global del neoliberalismo parece que estuviéramos entrando a una de esas ficciones distópicas que llenan el cine y la televisión en estos días. La distopía, por opuesto a la utopía, nos dice de una realidad no deseada y más bien indeseable, a la que se llega por crisis extremas que no se han sabido o podido manejar. Estas distopías suelen plantearse como relatos posteriores a la derrota de proyectos utópicos que se supone eran la alternativa para salir de situaciones de crisis.

Estábamos impávidos viendo cómo se desarrollaba la opereta criolla de Keiko Fujimori y sus aliados por tumbarse las elecciones de segunda vuelta, cuando de pronto apareció en la trama Vladimiro Montesinos en toda su dimensión, mostrando todas sus malas artes de cómo se opera en el poder del Estado, cómo se tuercen voluntades para hacer ganar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

En la coyuntura electoral peruana del 2021, que ha encumbrado al profesor Pedro Castillo como presidente de la República y que asumirá el cargo el 28 de julio - aunque continua la pataleta perdedora de la Señora K y sus aliados a nivel nacional e internacional -, un personaje central en apoyo a estos sectores fascistas corruptos, ha sido el delincuente Vladimiro Montesinos Torres.